El Gobierno apeló en las últimas horas el fallo juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, que el jueves pasado habilitó la feria judicial para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad de todo el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 que dictó el gobierno de Javier Milei. En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, los abogados del Estado plantearon que el magistrado se “extralimitó en sus facultades” y que “incurrió con su accionar en un exceso de jurisdicción”.
“El juez de feria en lo Contencioso Administrativo ha resuelto, por fuera de los límites de su jurisdicción, en contraposición a las normas procesales y al procedimiento reglado en la Acordada 12/2016, generando un estado de inseguridad jurídica. Así afectó el derecho de defensa de esta parte y el debido proceso”, dice el recurso firmado por dos abogados de la Procuración del Tesoro. Dicho de otra manera, el juez de feria “no puede contradecir la postura que hubiera adoptado al respecto el propio “juez natural”, que en este caso sería Esteban Furnari, del mismo fuero Contencioso.
En su fallo, Lavié Pico había desarmado el amparo colectivo que impulsó el Observatorio del Derecho a la Ciudad y en el que se sumaban las distintas demandas contra el decreto. De esa manera, entendió que cada expediente debía tramitarse por separado.
En la apelación, el Gobierno cuestiona esa decisión y recuerda cada uno de los pasos procesales que se habían tomado hasta ese momento en el juzgado de Furnari y en el fuero laboral. “Las partes y los jueces, deben sujetarse al procedimiento procesal y ello marca un orden y brinda certidumbre a las posiciones adoptadas”, dice el recurso. Y agrega: “Al trastocar todas las actuaciones que se desenvolvieron en razón del proceso colectivo inscripto, la resolución aquí atacada por exceso jurisdiccional, ha devenido a foja 0, convirtiéndose la resolución atacada en un improcedente “virtual rechazo de inhibitoria”, cuando su colega, Juez a cargo de Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 ya había sentenciado admitir la inhibitoria”.
Además, el recurso sostiene que el fallo del juez de primera instancia “produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, en tanto produce la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias; precisamente lo que la CSJN procuró evitar”. Efectivamente, el Gobierno venía planteando la necesidad de acumular todo en un amparo colectivo.
Con la apelación, el Gobierno busca que el fallo de Lavié Pico sea revisado por Sala de Feria de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por Sergio Fernández -el más influyente dentro de ese fuero- y Carlos Grecco.
El recurso, de 57 carillas, reitera un pedido de inhibitoria y la incompetencia del fuero laboral. “No puede convalidarse la manipulación de las normas procesales para elegir el fuero más favorable, en menosprecio de la garantía del Juez natural, pues ello, constituye un abuso del derecho a peticionar y de la buena fe, que no puede ser aceptado a la luz de las normas que rigen el debido proceso”, sostuvieron los abogados del Estado.
La estrategia jurídica del Gobierno, tal como había anticipado este medio, se definió el viernes a la tarde, en las oficinas de la Procuración de Tesoro, en el barrio de Recoleta, donde el procurador Rodolfo Barra y sus asesores recibieron al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, que también fue acompañado por varios abogados. “La primera batalla se perdió pero la pelea es larga y va a tener idas y vueltas, hay que ser pacientes”, se escuchó en esa reunión.
La estrategia incluye la presentación de un recurso extraordinario contra los fallos de la Cámara del Trabajo que frenaron el capítulo laboral del DNU. El primer fue el miércoles pasado. Dos de los jueces de la Sala de Feria, Andrea García Vior y Alejandro Sudera, hicieron lugar a la medida cautelar que habían pedido los abogados de la CGT. El fallo hasta incluyó citas a Juan Bautista Alberdi, el jurista admirado por el presidente Javier Milei. Al día siguiente, los mismos camaristas hicieron lugar a otra cautelar presentada por la CTA.
En la Casa Rosada saben que la batalla final se librará en la Corte Suprema. Por ese motivo, los abogados del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro se dedicaron en los últimos días a estudiar la jurisprudencia del Máximo Tribunal sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia.
La Corte ya tiene un planteo presentado por el gobernador de La Rioja, Rodolfo Quintela. Esas actuaciones pasaron a la Procuración General y se activarán recién en febrero. “Se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”, respondió el Máximo Tribunal el 29 de diciembre.