La Asociación de Magistrados volvió a rechazar el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires

“Esta grave situación nos pone nuevamente en alerta”, dice un comunicado de la entidad, tras la iniciativa del gobierno de Javier Milei

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Juez Basso, a cargo de la Asociación de Magistrados (Ariel Torres)
Juez Basso, a cargo de la Asociación de Magistrados (Ariel Torres)

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó en un comunicado este jueves su rechazo al proyecto de traspasar el fuero nacional a la órbita porteña, tal como lo expresa el proyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso. La entidad se manifestó “en alerta” y denunció una violación a la Constitución Nacional si se pretende llevar adelante la jugada. La postura no es una novedad, pero viene a ratificar que el mundo judicial planteará una pelea a la hora de que se cumpla esa decisión.

“Una vez más observamos proyectos y acciones donde se exhiben intentos de instrumentar el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta grave situación nos pone nuevamente en alerta y nos convoca a ratificar la posición histórica que esta Asociación ha mantenido desde el primer intento de traspaso, hace ya varios años. La AMFJN, con la decisión unánime de todos los espacios que la conforman, ha dado constante muestra del respeto de las instituciones en un Estado de Derecho”, sostuvo la misiva que lleva la firma del juez Andrés Basso, flamante presidente de la entidad.

“Justamente, con base en ese respeto a las instituciones, es que la Justicia Nacional no puede pasar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que ello implicaría una clara violación de la Constitución Nacional, hecho que orgánicamente no podemos permitir y al que nos oponemos férreamente”, señaló.

Según destacó, “nuestra posición ha sido sostenida siempre con tenacidad e ímpetu, y así lo seguiremos plasmando, como en este caso, mediante acciones tendientes a que esos intentos de avasallamiento no lleguen a concretarse”.

“Sepan nuestros asociados y asociadas que estamos en permanente alerta frente a esta situación ya que, además de las innumerables razones normativas y constitucionales que lo impiden, el traspaso intentado sólo redundaría en perjuicio del justiciable y de la sociedad en su conjunto, a la vez que afectaría gravemente principios básicos de la independencia judicial”.

E l megaproyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso dice textualmente: “CAPÍTULO X – TRASPASO DE LA JUSTICIA NACIONAL. ARTÍCULO 439.- Instrúyese al PODER EJECUTIVO NACIONAL a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la JUSTICIA NACIONAL a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en un plazo máximo de TRES (3) años”.

La decisión del Ejecutivo ya despierta resistencia en el mundo judicial. “Vamos a seguir defendiendo nuestra postura: más allá de cualquier coyuntura de los distintos gobiernos de turno y de los intentos de recurrentes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios tiene una inalterable decisión de rechazar el traspaso de la justicia nacional y lo va a seguir haciendo”, dijo a Infobae el flamante titular de asociación, el juez Andrés Basso. Y aclaró: “en esto estamos todas los sectores internos juntos, acá no hay grieta”.

En las causas “Corrales”, “Nisman” y “José Mármol”, los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti pusieron particular énfasis en el reconocimiento constitucional de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y, a la luz de la doctrina sentada en tales precedentes, reiteraron que no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los tribunales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este criterio se enlaza argumentalmente con lo resuelto por el máximo tribunal en el caso “Corrales” y lo dispuesto en la Acordada 4/2018, por la que los jueces firmantes del fallo “José Mármol” recordaron la necesidad de que la designación de los magistrados federales cumpla con los requisitos previstos por la Constitución Nacional.