Un tribunal federal de la provincia de Corrientes condenó a una organización dedicada al tráfico y venta de marihuana a penas de prisión de entre 3 y 6 años. Según se comprobó en la causa que culminó con acuerdos de juicio abreviado, la droga era ingresada desde Paraguay con la finalidad de comercializarla en las provincias de Santa Fe, Chaco y Corrientes. Las condenas dispuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, en cabeza del juez unipersonal Victor Alonso González, recayeron sobre siete hombres y una mujer acusados de haber conformado una banda cuya finalidad era el “tráfico ilícito de estupefacientes en sus diferentes etapas, desde su obtención, almacenamiento y traslado, hasta su comercialización a terceros”.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado, la pesquisa inició en octubre de 2018, cuando el Juzgado Federal 2 de Corrientes “encomendó a personal de la Delegación Inteligencia Criminal de Zona Paraná Superior y Paraguay de la Prefectura Naval una serie de medidas de investigación” impulsadas por el fiscal Flavio Ferrini y la Procuraduría de Narcocriminalidad. En ese marco, y a través de una serie de escuchas telefónicas, se pudo corroborar que “el 7 de marzo de 2019 la organización trasladaría un cargamento desde la República del Paraguay”, comunicó el MPF.
“En virtud de ello se montó un operativo que culminó con el secuestro de 177,277 kilogramos de marihuana cuando eran descargados desde una embarcación y subidos a una camioneta Fiat Strada en un puerto natural ubicado a la altura del kilómetro 1211 del margen izquierdo del Río Paraná, cerca del barrio Itatí”, añadió.
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De acuerdo a las constancias de la causa, cinco meses después de ese hecho la Prefectura Naval logró secuestrar en el mismo sitio “31 paquetes de marihuana con un pesaje total de 19.925 kilogramos y, horas después, también allí hallaron otros 57 paquetes que pesaron 34.930 kilogramos”. En ese contexto, y en función de las tareas de campo y las escuchas recabadas, el juzgado a cargo ordenó en octubre de 2019 el allanamiento de catorce domicilios “en los que se detuvo a parte de los implicados”, señaló el sitio oficial del MPF.
En razón de ello se dictó la prisión preventiva de Mario Eduardo Zalazar, Fabián Andrés Ramírez, Ariel Estanislao Ramírez, Julio Ramón Martínez, Omar Aquino, Juan Pedro Brítez y María Alejandra Padilla. Por su parte, se comprobó que otro integrante de la banda, Francisco Antonio Noguera, operaba desde prisión. Todos fueron acusados por constituir -con división de roles y permanencia en el tiempo- una organización dedicada al tráfico ilícito de estupefacientes.
Llegado el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal Ferrini distinguió las diferentes funciones de cada miembro de la banda, para lo cual expresó que Mario Zalazar “desplegó un rol de liderazgo a los fines de estructurar la actividad de la organización y disponer los recursos para llevar a cabo las actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, planificando y coordinando el ingreso, traslado y guarda de la droga, como así también la percepción del producido de la actividad criminal para mantener vigente la estructura”.
A su turno, indicó que Francisco Noguera -ya condenado por otro delito de tráfico de estupefacientes traídos desde Paraguay- “era el encargado, desde la Unidad 7 de Resistencia del Servicio Penitenciario Federal (...) de negociar con los proveedores de la droga y de conseguir los recursos humanos y materiales para trasladar los cargamentos, mientras que Fabián Andrés Ramírez contribuyó como timonel de las embarcaciones -o asistiendo desde la costa a otros navegantes-, coordinó la búsqueda de ocasionales participantes y se encargaba de “barrer” las costas del río, previo al traslado de los cargamentos. Asimismo, la pareja de Ramírez, María Alejandra Padilla, se ocupaba de la logística y participaba en la colocación y venta de la droga”, según desarrolló el MPF.
“Ariel Estanislao Ramírez asistía a Zalazar para ubicar y guardar la droga o los vehículos usados para su traslado, participaba en la venta de la marihuana y participaba de la adquisición de divisas para la compra de drogas. Por su parte, Omar Aquino facilitaba el ingreso de la droga, para lo cual colaboraba con el cruce desde Paraguay y su recepción en nuestro país, al tiempo que Martínez asistía en la estiba, ocultamiento, traslado y comercialización de los cargamentos. Finalmente, -Juan Pedro- Brítez se ocupaba de la guarda de los vehículos de la organización y la colocación de los estupefacientes traficados”, añadió el comunicado.
Por su parte, ya elevada la causa a debate oral, los acusados arribaron a un acuerdo por juicio abreviado con el fiscal general Carlos Schaefer, en base al cual el Tribunal Oral -luego de su homologación- condenó a Zalazar, Fabián y Ariel Ramírez y a Noguera a la pena de seis años de prisión como “coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlos”.
A su vez ordenó cuatro años de prisión a Martínez, Padilla y Aquino por perpetrar el mismo delito en calidad de partícipes secundarios. Además Brítez fue condenado a una pena de “tres años de prisión de cumplimiento en suspenso como autor del delito de confabulación”, con lo cual quedó obligado a “fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Asistencia y Control de Ejecución Penal”. Por último, el juez Alonso González resolvió el decomiso de los bienes que utilizó la organización para llevar a cabo el delito desplegado en el tiempo, entre los cuales se encuentran un Volkswagen Gol, una moto Honda Tornado, dos camionetas Ford Ranger y una Toyota Hilux.
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