
Il gruppo di avvocati che rappresentano Jaime Rodríguez Calderón ha pubblicato una lettera che elenca una serie di irregolarità nel procedimento penale dell'ex governatore di Nuevo León e ha assicurato che le autorità giudiziarie di quell'entità hanno «agito in malafede» per tenerlo illegalmente in prigione.
Attraverso otto punti, la difesa legale del «Bronco» ha sottolineato che, in primo luogo, l'Ufficio del Procuratore specializzato in crimini elettorali non ha notificato a Rodríguez Calderón che c'era un'indagine penale contro di lui sulla base del fatto che non era localizzato a tale scopo.
Tuttavia, hanno indicato che l'ex governatore è facilmente localizzato e in quel momento aveva scorte dallo stesso Stato di Nuevo León, quindi non c'erano problemi a trovare la sua posizione e citarlo.
Informazioni in fase di sviluppo...
Más Noticias
Guatemala: Semilla partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia, se divide en dos y sus diputados llegan al año electoral con proyectos distintos
Un proceso de cancelación jurídica impulsó la migración de militantes hacia Raíces, aunque una facción persiste en la vía judicial con el propósito de mantener el registro partidario y renovar la dirigencia nacional

Miguel Uribe Londoño rechazó la no invitación a los debates presidenciales: “¿Donde está la igualdad de condiciones?"
El candidato destacó que, pese a los obstáculos, mantiene su compromiso con las propuestas que representan su proyecto político

Sindicatos de trabajadores piden unidad con Sheinbaum, pero exigen reforma fiscal para salarios y más prestaciones
Pidieron que la reforma por as 40 horas venga acompañada de una mejora a los sueldos de los trabajadores mexicanos

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 1 de mayo
Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Fiscalía envió a la Corte Suprema el proceso contra Álvaro Uribe por presunta implicación en masacre El Aro: la defensa busca desvirtuar señalamientos
La estrategia del equipo jurídico del expresidente de la República incluye solicitar a la Policía Nacional los datos y antecedentes de todos los agentes que formaron parte del esquema de seguridad durante su gestión como gobernador de Antioquia
