El general retirado Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, continuará en libertad el proceso penal que enfrenta por presuntas acciones contra periodistas y medios de comunicación del país.
La decisión fue adoptada por los tribunales de Tegucigalpa al finalizar la audiencia inicial. El juzgado dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión, por lo que Hernández seguirá el proceso sujeto a restricciones cautelares.
PUBLICIDAD
Entre las medidas figuran la prohibición de abandonar Honduras y la obligación de presentarse periódicamente para firmar un libro de registro.
La siguiente etapa quedó prevista para el lunes 14 de septiembre de 2026, a las 9:30 de la mañana, cuando está programada la audiencia preliminar. Esa fecha podría modificarse si alguna de las partes decide presentar un recurso de apelación contra la resolución del juzgado.
La información fue confirmada por Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, quien explicó que el proceso continuará conforme al calendario establecido por los tribunales, siempre que no exista una impugnación que altere los tiempos procesales.
PUBLICIDAD
Señalamientos de la prensa
El expediente se originó a partir de una acusación presentada por representantes del sector de las comunicaciones: Rodrigo Wong Arévalo, Dagoberto Rodríguez, el periodista Adán López y Juan Carlos Sierra, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).
Los denunciantes sostienen que determinadas actuaciones atribuidas al entonces jefe militar afectaron derechos relacionados con el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
Después de analizar los hechos denunciados, el Ministerio Público, mediante una de sus fiscalías especiales, presentó el requerimiento fiscal contra Hernández. La acusación contempla los delitos de incitación a la discriminación y limitación de determinados derechos fundamentales.
PUBLICIDAD
Uno de los episodios centrales incluidos en el caso está relacionado con una publicación difundida por el periódico digital de las Fuerzas Armadas, que llevó en su portada el título “Sicarios de la Verdad”.
La publicación estuvo dirigida contra periodistas que habían cuestionado el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral primario del 9 de marzo de 2026.
Los denunciantes también atribuyen a Hernández haber solicitado a medios de comunicación que revelaran sus fuentes periodísticas y haber promovido acciones contra al menos 13 medios hondureños.
PUBLICIDAD
La reacción del Colegio de Periodistas
Para el Colegio de Periodistas de Honduras, el expediente judicial supera las diferencias particulares entre los denunciantes y el exjefe militar y tiene implicaciones más amplias para el ejercicio de la profesión en el país.
Juan Carlos Sierra, presidente del CPH y uno de los denunciantes, sostuvo después de la audiencia que el proceso debe ser observado por todo el gremio periodístico y por la sociedad hondureña.
“Esto no es un tema de tres o cuatro periodistas. Este es un tema de todos los periodistas. Este es un tema de toda la sociedad”, afirmó Sierra.
PUBLICIDAD
El dirigente gremial considera que el resultado del proceso puede sentar un precedente sobre los límites de las actuaciones de funcionarios y altos mandos institucionales cuando sus acciones terminan involucrando a periodistas o medios de comunicación.
El caso también adquiere relevancia debido al perfil del acusado. Hernández ocupó la jefatura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, una de las posiciones de mayor responsabilidad dentro de la estructura militar hondureña.
Su comparecencia ante los tribunales por hechos vinculados con presuntas acciones contra periodistas constituye un episodio poco habitual en la historia reciente de Honduras.
La respuesta de Hernández
Tras abandonar los tribunales, Hernández reaccionó molesto por la resolución y volvió a cuestionar a sectores de la prensa.
El exjefe militar sostuvo que durante el proceso electoral de 2025 fue blanco de una campaña de señalamientos que, según su versión, no pretendía únicamente afectar su reputación personal, sino también deteriorar la imagen de las Fuerzas Armadas.
PUBLICIDAD
“Lo que están aplicando acá algunas personas es la doctrina Mueller: atacan y tratan de deteriorar la imagen de la persona y, en este caso, al titular de las Fuerzas Armadas”, manifestó.
Hernández insistió en cuestionar la cobertura de los medios durante el período electoral y afirmó que los señalamientos en su contra respondían a una estrategia destinada a generar determinadas condiciones de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Sus declaraciones se produjeron después de que el tribunal determinara que existen elementos suficientes para que el expediente continúe mediante un auto de formal procesamiento.
PUBLICIDAD
Más allá de la situación procesal de Hernández, el caso volvió a poner en discusión el vínculo entre las instituciones armadas y los medios de comunicación en Honduras.
Los periodistas que impulsaron la acusación sostienen que recurrieron a los tribunales porque consideraron que sus derechos fueron vulnerados y que determinadas actuaciones pusieron en riesgo el desarrollo de su trabajo profesional y su seguridad.
Por ahora, Hernández enfrentará el proceso fuera de prisión, bajo las medidas cautelares impuestas por el juzgado. Al mismo tiempo, los periodistas denunciantes y el gremio que los respalda esperan que el proceso judicial determine si las actuaciones atribuidas al exjerarca militar constituyeron una vulneración de derechos.
PUBLICIDAD