Belkis Molina y Angie Peña: dos desapariciones, procesos judiciales abiertos y una misma pregunta cuatro años después en Honduras

Honduras tiene dos investigaciones de alto impacto que han avanzado por caminos completamente distintos, pero que terminan en el mismo punto.

Belkis Suyapa Molina desapareció el 21 de julio de 2022 en La Esperanza, Intibucá.

Angie Samantha Peña desapareció el 1 de enero del mismo año después de salir en una moto acuática desde West Bay, Roatán.

Han pasado más de cuatro años. Hubo allanamientos, capturas, condenas, testigos y estructuras criminales investigadas. Pero ninguno de esos avances ha permitido encontrar a las dos jóvenes.

Belkis: existe un condenado, pero ella sigue desaparecida

El caso de Belkis Molina representa una de las contradicciones más difíciles de explicar a una familia.

Alexi Noé Lemus Parada fue declarado culpable en 2023 por privación ilegal de la libertad agravada y condenado a ocho años de prisión. Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía estaba el carnet laboral de Belkis, localizado durante un allanamiento en la vivienda del procesado.

La investigación también permitió recuperar el vehículo de la joven en Santa Cruz de Yojoa y dejó abierto un expediente para identificar a otros posibles involucrados.

Sin embargo, el paradero de Belkis nunca fue esclarecido.

Esta semana el caso volvió al centro de la atención después de que Lemus recibiera libertad condicional tras cumplir la mitad de su pena. Entre las restricciones impuestas figuran presentarse ante el juzgado, no acercarse a familiares de la víctima y no portar armas.

Para su familia, el problema es evidente: la Justicia logró condenar a una persona por privarla de libertad, pero cuatro años después todavía no puede decir dónde está Belkis.

Angie: una investigación que terminó descubriendo algo mucho más grande

La desaparición de Angie comenzó como una búsqueda marítima.

Con el paso del tiempo, las diligencias condujeron a investigaciones relacionadas con trata de personas, explotación sexual y una estructura conocida como “Delta Teams”.

El caso volvió a sacudirse en agosto de 2026 tras el asesinato en Roatán de Dereck Isaac McNeil James, identificado públicamente como testigo protegido relacionado con la investigación.

Después de su muerte circuló un audio atribuido a McNeil en el que aseguraba haber visto a Angie y afirmaba conocer a integrantes de “Los Delta”. La grabación todavía requiere determinar su autenticidad, contexto y valor procesal.

Las autoridades tampoco han establecido públicamente que su asesinato estuviera motivado por la información que manejaba sobre Angie.

Ese límite es importante: una conexión temporal o investigativa no equivale a una prueba del móvil.

Dos casos donde avanzar no ha significado resolver

La diferencia entre ambos expedientes es considerable. En el caso Belkis existe una sentencia firme por privación ilegal de libertad.

En el caso Angie, las investigaciones derivaron hacia estructuras más complejas y procesos por delitos como trata de personas y asociación para delinquir.

Pero judicializar partes de una historia no necesariamente resuelve la desaparición que originó todo.

Ese es precisamente el punto que une a ambas familias. Los tribunales pueden establecer responsabilidades por delitos específicos, la Fiscalía puede abrir nuevas líneas y procesar sospechosos.

Pero para quienes buscan a una persona desaparecida, la medida más básica del resultado sigue siendo otra: encontrarla o establecer con certeza qué ocurrió con ella.

El tiempo también destruye evidencia

Cada año que pasa dificulta una investigación.

Testigos pueden morir, olvidar detalles o dejar de colaborar. Evidencia física puede perderse. Escenarios cambian y reconstruir movimientos se vuelve más complicado.

El asesinato de un testigo en el expediente relacionado con Angie y la libertad condicional de un condenado en el caso Belkis muestran además cómo los procesos judiciales siguen avanzando aunque la pregunta original permanezca intacta.

Belkis y Angie desaparecieron con seis meses de diferencia.

Más de cuatro años después, sus casos contienen cientos de diligencias y capítulos judiciales.

Pero para sus familias, todo continúa reducido a dos preguntas que el Estado todavía no ha podido contestar: dónde están y qué les ocurrió.