Las personas que mantienen demandas activas contra el Estado hondureño por pagos relacionados con servicios prestados en determinados programas públicos tendrán una nueva alternativa para resolver sus reclamos sin esperar necesariamente hasta el final del proceso judicial.
El Congreso Nacional aprobó este jueves una reforma a la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano que crea un régimen especial, extraordinario y temporal para facilitar conciliaciones y establecer acuerdos de pago con recursos públicos.
La medida no significa que todas las personas que hayan demandado al Estado recibirán automáticamente dinero. La reforma establece condiciones específicas y obliga a comprobar previamente la existencia de la obligación.
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¿Quiénes pueden acogerse?
El mecanismo está dirigido a personas que prestaron servicios dentro de los programas contemplados por la normativa y que actualmente mantienen un proceso judicial abierto contra el Estado.
Para solicitar una conciliación deberán demostrar tres elementos: que efectivamente prestaron los servicios, que no han recibido previamente el pago reclamado y que la demanda continúa activa sin una sentencia firme.
Esto último es importante porque la reforma busca atender litigios todavía pendientes y no modificar fallos judiciales que ya hayan quedado firmes.
Una vez presentada la documentación y verificados los requisitos, la institución correspondiente podrá negociar un acuerdo con el demandante.
Hasta 45 días para formalizar el acuerdo
La reforma establece que, si existe disponibilidad presupuestaria y la solicitud cumple con todos los requisitos, el acuerdo deberá formalizarse en un plazo máximo de 45 días hábiles.
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El documento deberá especificar cuánto dinero reconoce el Estado, cómo será pagado, con qué periodicidad y en qué plazo.El límite máximo establecido para completar los pagos será de 18 meses.
Esto convierte la conciliación en una alternativa potencialmente más rápida que mantener un proceso judicial durante años, aunque su efectividad dependerá de que existan recursos disponibles y de que las instituciones logren tramitar los expedientes dentro de los tiempos previstos.
La Secretaría de Finanzas (Sefin) podrá identificar y habilitar recursos destinados exclusivamente al cumplimiento de estas obligaciones.
La institución ya exige a las dependencias estatales reportar periódicamente las demandas judiciales activas y aquellas que cuentan con sentencia firme, como parte del seguimiento de las contingencias fiscales del Gobierno.
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Por ello, la reforma no solo busca resolver reclamos individuales. También forma parte de un problema mayor: cómo ordenar y programar obligaciones judiciales que pueden representar presiones sobre el presupuesto público.
¿Por qué al Estado también le conviene conciliar?
La propia Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, aprobada inicialmente mediante el Decreto 17-2026, fue diseñada en un contexto de restricciones de liquidez y con el objetivo de racionalizar el gasto y ordenar compromisos del Estado.
Un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras destacó que una mejor organización de las obligaciones judiciales puede ayudar a reducir tensiones de liquidez, mejorar la programación financiera y disminuir la incertidumbre fiscal.
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Desde esa perspectiva, conciliar puede permitir al Gobierno conocer con mayor precisión cuánto debe pagar y distribuir esos desembolsos en el tiempo, en lugar de enfrentar obligaciones inesperadas después de una sentencia.
Lo que la reforma no garantiza
La aprobación tampoco significa que todas las conciliaciones serán aceptadas. La existencia de disponibilidad presupuestaria será determinante, y cada solicitante deberá demostrar la validez de su reclamación.
Además, aceptar una conciliación implica llegar a un acuerdo sobre el monto y la forma de pago, por lo que las condiciones pueden diferir de lo reclamado originalmente en tribunales.
El efecto real de la reforma dependerá ahora de cuántas personas soliciten acogerse, cuánto dinero pueda habilitar Finanzas y qué tan rápido procesen las instituciones los expedientes.
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La nueva vía pretende resolver dos problemas al mismo tiempo: reducir litigios prolongados para quienes reclaman pagos y evitar que esas obligaciones se conviertan en una carga imprevisible para las finanzas del Estado.
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