La violencia contra abogados en Honduras dejó al menos 296 denuncias entre 2016 y 2025 por amenazas, atentados y desplazamiento forzado, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El organismo advirtió que el riesgo aumentó desde 2022 y que en 2025 ya atendió 24 quejas, varias vinculadas a peligro inminente de abandonar el hogar.
Las denuncias fueron registradas por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno y equivalen al 3% de los 10.077 casos de desplazamiento forzado atendidos por la institución en ese período.
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Así mismo el año 2023 se ubicó con más reportes: 64 denuncias relacionadas con desplazamiento forzado, un promedio de unos cinco casos al mes.
Tipos de agresión
El CONADEH informó que la violencia contra profesionales del derecho se concentró en los últimos cuatro años del período analizado. Entre 2022 y 2025 se contabilizaron 176 denuncias, el 59% del total registrado entre 2016 y 2025.
Según el organismo, en lo que va de 2025 atendió 24 quejas presentadas por abogados: el 71% correspondió a personas en riesgo inminente de desplazamiento y el 29% ya había abandonado su hogar por amenazas o hechos de violencia.
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Las amenazas fueron el factor de riesgo principal. El CONADEH señaló que, solo en 2025, el 58% de quienes acudieron a la institución denunció amenazas directas.
El registro también incluyó tentativa de homicidio (13%), además de extorsión, despojo de bienes, lesiones y violencia intrafamiliar, de acuerdo con el desglose divulgado por la organización.
“El ejercicio del derecho implica, en muchos casos, enfrentar directamente a estructuras criminales, actores políticos y hasta a funcionarios del Estado. Defender a una víctima o litigar contra el poder puede costar el desplazamiento o la vida”, advirtió el organismo.
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Conocen a sus víctimas
Uno de los puntos subrayados por el CONADEH fue el perfil de los presuntos responsables. En las denuncias, el 29% de los agresores señalados eran personas conocidas por las víctimas, un dato que el organismo presentó como un patrón relevante en los casos atendidos.
En los expedientes también figuran miembros de la Policía Nacional, integrantes de partidos políticos, estructuras de maras y pandillas, además de exparejas y familiares, según el mismo reporte.
El CONADEH indicó que la violencia contra abogados se extendió a varias zonas del país. En 2025, la institución recibió denuncias de once municipios ubicados en siete departamentos.
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Francisco Morazán y Cortés concentraron el 58% de los casos reportados ese año, de acuerdo con las cifras oficiales. También se registraron quejas en Choluteca, Yoro, Colón, Copán y Valle.
Llamado al Estado
El CONADEH advirtió que el desplazamiento forzado de abogados afecta a familias y también al funcionamiento del sistema judicial. Según el organismo, varios profesionales se ven obligados a abandonar oficinas, suspender procesos, cambiar de residencia o salir del país para protegerse, lo que impacta en el acceso a la justicia.
“La defensa de derechos no debería costar la vida ni la seguridad personal”, sostuvo la institución al pedir al Estado hondureño medidas de protección oportunas y efectivas.
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El comisionado recordó que Honduras tiene la obligación de garantizar que los abogados ejerzan sus funciones sin intimidaciones, amenazas o represalias, según los estándares de derechos humanos citados en el informe.
La preocupación por la violencia contra el gremio jurídico se arrastra desde hace años. Desde 2004, alrededor de 220 profesionales del derecho fueron asesinados en Honduras, en un contexto de impunidad que organizaciones defensoras de derechos humanos estiman cercana al 90%.
El informe describió modalidades reiteradas en esos homicidios: ataques dentro de vehículos, en viviendas, en bufetes y en la vía pública.
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En 2026, al menos tres profesionales del derecho fueron asesinados en distintas regiones del país: uno en Comayagua, otro en San Pedro Sula, Cortés, y una abogada en Tocoa, Colón.
Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la falta de investigación y judicialización de estos crímenes refuerza la impunidad y aumenta el riesgo para quienes trabajan en la defensa legal y de derechos humanos.