En el marco de las evaluaciones correspondientes a la cuarta y quinta revisión del acuerdo económico vigente, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la misión del Fondo Monetario Internacional dialogaron sobre los principales desafíos que enfrenta Honduras ante un escenario internacional cada vez más complejo e incierto.
El encuentro, desarrollado como parte de la agenda técnica del organismo financiero internacional en el país, permitió el intercambio de perspectivas entre el sector privado y los expertos del FMI, con el objetivo de identificar mecanismos que contribuyan a fortalecer la resiliencia económica nacional.
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De acuerdo con el analista económico del Cohep, Alejandro Kaffati, la reunión se centró en la búsqueda de estrategias orientadas a reducir el impacto de factores externos sobre la economía hondureña.
“El diálogo se centró en identificar estrategias que mitiguen riesgos externos y promuevan un entorno financiero resiliente para todos los sectores productivos”, explicó Kaffati, al destacar la importancia de este tipo de acercamientos en un momento en el que la economía global atraviesa múltiples tensiones.
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Uno de los puntos centrales de la discusión fue el impacto de la crisis en Medio Oriente, que ha generado efectos en cadena sobre los mercados internacionales, particularmente en el encarecimiento de los combustibles y el aumento de la inflación.
Según Kaffati, diversos sectores productivos en Honduras ya resienten las consecuencias de este contexto adverso.
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“Hemos visto cómo diferentes sectores están sufriendo el rezago económico, el incremento de los combustibles y queremos ver de qué manera se mitigan”, señaló el analista, subrayando la necesidad de adoptar medidas concretas que amortigüen estos efectos en la economía nacional.
Durante la reunión, también se abordó la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), considerada un elemento clave dentro del acuerdo suscrito con el FMI.
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La estatal eléctrica continúa siendo uno de los principales retos estructurales para el país, no solo por su impacto en las finanzas públicas, sino también por su incidencia en la competitividad y atracción de inversiones.
En ese sentido, los representantes del sector privado coincidieron en que avanzar en la sostenibilidad financiera de la ENEE es fundamental para generar confianza en los inversionistas y garantizar un entorno económico más estable.
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La mejora en la gestión de esta empresa estatal forma parte de los compromisos adquiridos por Honduras en el marco del acuerdo con el organismo internacional.
Otro tema relevante en la agenda fue el mecanismo de disponibilidad de divisas, particularmente el acceso a dólares en el sistema financiero nacional.
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Los empresarios plantearon la necesidad de evaluar si el esquema actual se mantendrá o si se prevén ajustes graduales en los próximos años, considerando las presiones que podrían surgir sobre las reservas internacionales.
Más allá de los indicadores macroeconómicos presentados recientemente por el Banco Central de Honduras, especialmente en el Programa Monetario 2026-2027, el enfoque del sector privado se centra en los riesgos que podrían materializarse en el corto y mediano plazo.
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Kaffati advirtió que las proyecciones del Banco Central apuntan a una inflación que podría superar el 6% en 2026, una cifra que calificó como elevada en comparación con el comportamiento reciente de los precios.
Este escenario plantea desafíos importantes para la política económica, particularmente en lo relacionado con el control de la inflación y el impulso al crecimiento.
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“Dentro de esos riesgos, es necesario explorar con el Fondo Monetario y el mismo gobierno cuáles son esos mecanismos para amortiguar los impactos negativos sobre la inflación y sobre el crecimiento económico”, enfatizó el analista.
La misión del FMI se encuentra en Honduras desde hace aproximadamente una semana y permanecerá en el país por un período de 15 días, como parte del proceso de revisión del acuerdo firmado el 11 de agosto de 2023 bajo las modalidades de Acuerdo Stand-By (SBA) y Servicio de Crédito Ampliado (SCA).
Este programa tiene una vigencia de tres años, comprendidos entre 2023 y 2026, y constituye uno de los pilares de la política económica del país.
En caso de que se aprueben la cuarta y quinta revisión del acuerdo, Honduras podría acceder a un desembolso de aproximadamente 240 millones de dólares.
Estos recursos están destinados a fortalecer las finanzas públicas y las reservas internacionales, además de contribuir a reducir el déficit fiscal mediante su incorporación a la caja única del Estado.