La aprobación de una moción para la realización voluntaria de pruebas antidoping a los diputados por parte del Congreso Nacional expone un debate de fondo sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la función pública. El episodio, protagonizado por el congresista liberal Mario Segura y el diputado libre Sergio Castellanos, terminó de manera inesperada cuando ambos legisladores, tras un cruce de acusaciones, salieron juntos del recinto y se sometieron a los análisis en un laboratorio.
El ambiente se intensificó cuando Segura se refirió sobre el comportamiento de su colega del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresó: “Muchos dicen que Sergio camina cruzado porque siempre está alegre”, aludiendo en tono mordaz a Castellanos, quien manifestó su descontento y replicó señalando que, en su departamento de El Paraíso, circulaban rumores persistentes sobre supuestos consumos indebidos de Segura: “Solo repito lo que es un secreto a voces”, aclaró Castellanos, aunque reconoció que no tenía pruebas personales.
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En medio del intercambio de palabras, Castellanos desafió a su compañero y propuso iniciar la aplicación de las pruebas en ese mismo momento, comenzando por los miembros de la junta directiva. Segura aceptó el reto: “Sáqueme el número de diputados de Libre que yo les pago la prueba a todos”, aseveró.
Ambos diputados abandonaron el pleno y, escoltados por periodistas, acudieron a un laboratorio privado, donde formalizaron la documentación y se sometieron a la prueba antidoping. Castellanos insistió durante el trámite en que la iniciativa debía extenderse a los “254 clientes más”, aludiendo a la suma de los 128 diputados propietarios y los suplentes. Segura, quien cubrió el costo de 750 lempiras por examen, remarcó la accesibilidad de la prueba y se comprometió a pagar por sus colegas del partido opositor.
Al salir del laboratorio, los dos legisladores anunciaron que harían públicos sus resultados y Castellanos agregó que solicitaría la aplicación de un panel ampliado de 12 sustancias. Solicitó también a la Junta Directiva y a las distintas bancadas, incluida la nacionalista, que se sumaran al procedimiento: “A partir del martes con la prueba en mano veremos quién se atreve”.
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La iniciativa de Segura fue aprobada por mayoría, aunque se estableció como un mecanismo estrictamente voluntario. La moción, que plantea que los diputados, tanto propietarios como suplentes, puedan someterse a exámenes de laboratorio, busca, en palabras del propio legislador, que los representantes “actúen con integridad, ética y sobriedad” en momentos de deterioro de la confianza social en las instituciones. La parte esencial de la moción señala: “Se propone la presente iniciativa para que, de manera voluntaria y ejemplar, los honorables diputados, se sometan a pruebas de laboratorio (anti-doping)”.
Castellanos subrayó su disposición a “someterse a un panel ampliado de 12 drogas” y prometió “invitar formalmente a la Junta Directiva del Congreso y a las diferentes bancadas, incluida la nacionalista, a practicarse la prueba”. Explicó además: “la prueba tiene un valor de 750 lempiras, por lo que todos pueden hacérsela sin ningún problema”.
De acuerdo a los términos aprobados, la moción queda activa desde ahora, pero será el comportamiento concreto de los legisladores y la publicación efectiva de los resultados, lo que determine si esta experiencia inaugura un proceso de transparencia o se limita a un gesto simbólico en medio de un debate.
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