El próximo gobierno de Honduras, encabezado por el presidente electo, Nasry Asfura, asumirá el poder con una deuda flotante millonaria y una serie de obligaciones financieras que el actual mandato dejará pendientes al finalizar el período fiscal.
Esta situación, confirmada por la Secretaría de Finanzas (Sefin) y su titular Cristhian Duarte, delineará el arranque de la nueva gestión, en un escenario fiscal condicionado por la capacidad recaudatoria estatal y el acceso a financiamiento externo durante los próximos meses.
En los días previos a la transición gubernamental, Sefin anunció la inminente realización de un desembolso de alrededor de 1,000 millones de lempiras, que estará dirigido principalmente a empresas del sector construcción. De acuerdo con Duarte, la operación se concretará a más tardar el viernes 23, si el flujo de ingresos estatales lo permite.
Estos recursos cubrirán parcialmente los compromisos con compañías constructoras y otros proveedores que ejecutan proyectos de infraestructura actualmente financiados por el Estado.
Este pago busca mitigar los prolongados retrasos de los últimos meses, una problemática que el sector construcción viene denunciando. El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín, expuso que la falta de desembolsos no es atribuible a un único funcionario o dependencia, sino al accionar conjunto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Transporte y la Presidencia de la República. Boquín advirtió que esta cadena de decisiones ha provocado demoras significativas en los pagos por obras ya ejecutadas, comprometiendo la operatividad de las empresas.
Según explicó Duarte a medios locales, la deuda flotante que quedará pendiente al cierre de la administración actual oscila entre 8,000 y 15,000 millones de lempiras. Este tipo de obligación surge en cada ejercicio fiscal por contratos asumidos que no logran saldarse antes del relevo en el gobierno. “La administración actual también heredó una deuda flotante cercana a los 13,000 millones de lempiras al inicio de su gestión”, recordó el funcionario, quien destacó que este fenómeno responde a un patrón recurrente vinculado a la dinámica de los ingresos y la ejecución del presupuesto público
En paralelo a los compromisos con empresas privadas, la Secretaría de Finanzas reconoció un atraso importante en transferencias a las municipalidades, con montos pendientes que superan los 2,000 millones de lempiras. Duarte explicó que estos fondos no se han podido entregar en tiempo y forma porque el Congreso Nacional aún no autoriza créditos externos calculados en 8,200 millones de lempiras. Sin esa autorización, el Estado carece de margen para cumplir cabalmente con los gobiernos locales, lo que ya ha resultado en demoras en el pago de salarios y la ejecución de proyectos municipales en distintas alcaldías.
La falta de estos fondos ha generado dificultades en varios niveles de la administración pública, principalmente en los gobiernos municipales, que dependen de las transferencias centrales para cubrir gastos operativos, inversión social y el cumplimiento de planillas. Algunas alcaldías reportan problemas para atender obligaciones básicas y denuncian que la disminución del flujo de recursos afecta su funcionamiento cotidiano.
El ciclo de compromisos y deudas pendientes se profundiza en contextos de baja recaudación o retrasos en la obtención de financiamiento internacional. Duarte recalcó que el Estado debe cumplir con todos sus contratos, independientemente de los cambios de gobierno. Insistió en que las obligaciones son con el Estado y no con actores partidarios, y deben ser respetadas según lo estipulado en las leyes vigentes.
La Secretaría de Finanzas subrayó que el manejo de la deuda flotante constituye un proceso habitual en la transición entre gobiernos, pero su impacto se intensifica al acercarse los cambios de administración. El inicio del mandato de Nasry Asfura ocurrirá en medio de tensiones acumuladas, con el desafío de garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura y restablecer el flujo de pagos a sectores estratégicos.
La magnitud de la deuda heredada, la necesidad de sanear los compromisos con proveedores y municipalidades y la dependencia de las decisiones legislativas respecto de los créditos marcarán el escenario fiscal para el gobierno entrante desde los primeros meses de 2026.