La Policía Nacional Civil de Guatemala incautó 202 paquetes de cocaína ocultos en un pick up en el kilómetro 297 de la RN-1, en la aldea San Isidro de Malacatán, San Marcos, un operativo que se inscribe en la expansión del narcotráfico que las autoridades ya describen no solo como tránsito de droga, sino también como almacenamiento, procesamiento y distribución dentro del país.
En el procedimiento, realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica con apoyo de la comisaría 42, también fueron decomisadas dos armas de fuego y cuatro celulares.
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El vehículo tenía una caleta escondida en su estructura, detectada durante una inspección coordinada con fiscales del Ministerio Público y un binomio K-9.
El detenido fue identificado como Héctor “N”, de 52 años, quien conducía el pick up inspeccionado por los agentes. Otra versión oficial incluida en el material difundido sobre el caso señaló la captura de tres ocupantes del vehículo: Kevin Vinicio “N”, Thelma Isabel “N” y Héctor Antonio “N”.
San Marcos vuelve a aparecer en una zona bajo presión de las rutas hacia México
El hallazgo ocurrió durante un puesto de control instalado en San Isidro, Malacatán, en el departamento de San Marcos, una franja que ya había sido escenario de otro golpe de alto impacto contra estructuras de narcotráfico. En mayo, en otra localidad del mismo departamento, el Ejército localizó un laboratorio de presunta cocaína cerca de la frontera con México.
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Según la exposición del quinto viceministro de Gobernación Víctor Hugo Cruz Reynoso recogida por Infobae, Guatemala enfrenta una diversificación del narcotráfico que ya no se limita al traslado de cargamentos.
El funcionario sostuvo que las redes también aprovechan el territorio para resguardar, transformar y distribuir estupefacientes.
Cruz Reynoso afirmó que ese cambio ya dejó señales concretas en el terreno: “Hemos encontrado laboratorios de procesamiento y se han registrado erradicaciones masivas de cultivos ilícitos”. También advirtió que las rutas criminales sirven para otras actividades ilegales, como el tráfico de migrantes, armas y municiones.
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La evaluación oficial agrega que el acceso a la tecnología modificó los métodos de distribución. De acuerdo con la publicación, hoy existen ventas de droga mediante entregas a domicilio y plataformas digitales, mientras las estructuras criminales combinan escalas locales con redes transnacionales.
El Gobierno vincula el avance criminal con control territorial, extorsión y dinero ilícito
El viceministro presentó ese diagnóstico en una conferencia organizada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Allí describió un fenómeno que, según dijo, ya permea las fronteras y también alcanza ciudades y áreas rurales del país.
Las zonas fronterizas concentran parte del problema, pero no lo agotan. La dificultad de control, explicó, aumenta por la existencia de propiedades privadas colindantes con los límites del país, una condición que facilita maniobras para eludir la fiscalización y debilita la presencia estatal.
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Según Cruz Reynoso, las pandillas también forman parte de ese entramado por medio de la extorsión y el narcomenudeo. “Las estructuras criminales son poderosas porque manejan grandes sumas de dinero”, sostuvo.
La respuesta oficial combina inteligencia, análisis de riesgos, seguridad fronteriza y coordinación entre instituciones. El funcionario pidió además a la población no prestar cuentas bancarias ni facilitar recursos para operaciones ilícitas, y llamó a denunciar anomalías a través de los canales oficiales.
En el antecedente de mayo en Ayutla, siempre en San Marcos, el ministro de la Defensa Nacional Henry Sáenz describió en una conferencia oficial el hallazgo de un laboratorio como el mayor localizado en 15 años. En ese operativo se contabilizaron Q 74.461,50, USD 26.787, 118 pesos mexicanos, 14 fusiles de asalto, tres pistolas de 9 milímetros, 1.306 cartuchos de distintos calibres, 16 celulares, nueve radios, siete cargadores, 45 bolsas para fusiles, ocho bolsas para pistolas, cuatro memorias USB, un pasaporte guatemalteco y dos identificaciones de ciudadanos mexicanos.
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Sáenz precisó entonces que el procedimiento abarcaba tres inmuebles interconectados y que había ocho detenidos: siete capturados al ingresar a la primera instalación y uno más en registros posteriores. La Agencia Guatemalteca de Noticias situó aquel hallazgo en una región occidental que las fuerzas de seguridad identifican entre las de mayor actividad por su cercanía con las rutas de trasiego hacia México.
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