Luego de las críticas por parte del Ejecutivo, tres diputados retiraron las solicitudes de interpelación contra tres de los 12 ministros del gobierno de BernardoArévalo, que esperan su turno para un juicio político en el Congreso de Guatemala.
La decisión se tomó en medio de una interpelación al titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Abelardo Pinto, la cual lleva ya nueve meses sin lograr ningún avance, por lo que el Ejecutivo ha calificado, incluso, estas citaciones legales como una “extorsión”.
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La decisión de retirar las peticiones de antejuicio fue conocida este día en el plano del Legislativo, cuando los diputados fue notificado de que Pablo Cifuentes desistió de interpelar al ministro de Salud, Joaquín Barnoya; Carlos Calderón hizo lo propio con la ministra de Economía,Gabriela García; y José Chic retiró el proceso contra la ministra de Trabajo,Miriam Roquel.
El cambio ocurre dentro de un calendario más amplio: el Congreso había programado 28 procesos contra 12 de los 14 ministros, con audiencias previstas entre el 27 de agosto y el 22 de octubre. La retirada de tres expedientes modifica ese cronograma, pero no cierra el pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo.
El Congreso alteró el cronograma de juicios políticos previsto para los próximos meses
Las solicitudes contra García y Barnoya estaban programadas para iniciar este jueves 27 de agosto. El presidente del Congreso, Luis Contreras, informó este lunes que ambas fueron desestimadas.
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La decisión deja sin efecto el arranque de esos cuestionamientos esta misma semana. En el caso de Economía, la solicitud había sido presentada por el diputado Carlos Roberto Calderón; en el de Salud, por el congresista Pablo Cifuentes.
Las acciones promovidas contra los ministros han presionado fuertemente al Ejecutivo, ya que cada martes los funcionarios deben de asistir sin falta al Congreso para esperar el inicio de su juicio político, hecho que ha sido criticado por el presidente guatemalteco.
El mecanismo sigue abierto contra otros ministros y mantiene la tensión con el Ejecutivo
No obstante, la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), específicamente la diputada Teresita de León, hija de la excandidata a la presidencia Sandra Torres, es la que concentra la mayoría de la interpelaciones contra los ministros, seguida por el jefe de bancada José Inés Castillo solicitó específicamente la comparecencia de la ministra de Ambiente, Patricia Orantes.
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Uno de los procesos que sigue en curso es el del ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto. Esa interpelación comenzó el 13 de noviembre de 2025, se encuentra en la fase de preguntas adicionales y todavía hay diputados pendientes de participar.
La mayoría de las veces, los procesos se suspenden por falta de quórum. Incluso, el presidente del Congreso afirmó que lo mejor era retirar las peticiones de antejuicio.
La extensión de estos procedimientos alimentó críticas dentro y fuera del Congreso. Sonia Gutiérrez, diputada de Winaq, cuestionó durante la instancia de jefes de bloque que no se hayan alcanzado consensos y señaló que este mecanismo de fiscalización ha sido tergiversado.
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El presidente Bernardo Arévalo defendió el derecho del Congreso a fiscalizar, pero cuestionó que el recurso termine afectando la gestión gubernamental. Citado por el medio, también calificó su uso como un “abuso” y puso en duda si las solicitudes buscan frenar el trabajo del Gobierno o se utilizan como herramienta de “presión”.
La salida de tres interpelaciones no desactiva ese enfrentamiento. Lo que deja es una nueva incertidumbre en el Congreso: si otros diputados seguirán el mismo camino y retirarán sus procesos o si mantendrán los cuestionamientos pendientes contra los ministros.
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