El asesinato de 20 agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala en lo que va de 2026 evidencia un repunte de la violencia en el país centroamericano y ha llevado al gobierno a anunciar una revisión de sus estrategias de seguridad. La cifra, confirmada este lunes por fuentes oficiales y difundida por la agencia de noticias EFE, duplica la de 2025, según el recuento de medios locales, y ha generado preocupación en las autoridades y la ciudadanía.
Según el Ministerio de Gobernación, encabezado por Marco Antonio Villeda, la mitad de los policías fallecidos perdieron la vida en ataques perpetrados por pandillas. Durante una rueda de prensa, Villeda lamentó que la labor de los agentes “haya sido pagada con sangre” y subrayó la gravedad de la situación. EFE informó que el funcionario pidió un respaldo institucional y social para el trabajo policial en el contexto actual.
El caso más reciente corresponde a Byron Mejía Montenegro, un agente de 27 años que fue asesinado por disparos la noche del domingo en una aldea del municipio de Amatitlán, ubicado a unos 20 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala. Según portavoces de la Policía Nacional Civil, Mejía Montenegro fue atacado cuando acudía, junto a un compañero, a verificar un incidente reportado en la zona. El operativo dejó además a otro agente herido, según informó la PNC a través de sus canales oficiales.
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La PNC realizó este lunes las honras fúnebres en la sede central para despedir al agente Mejía Montenegro. De acuerdo con la información proporcionada por la institución, el policía era originario de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. Ingresó a la fuerza el 1 de febrero de 2023 y formaba parte de la 54 promoción, con una trayectoria de tres años, cinco meses y 26 días de servicio en la institución. Durante su carrera, prestó servicios en la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) y, más recientemente, en la comisaría 15. Fuentes de la PNC detallaron que el agente deja a una niña de 2 años.
En la ceremonia estuvieron presentes familiares directos del agente, la viceministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Karen Ortiz Solares, el director general de la PNC, David Estuardo Custodio, el director general adjunto, Héctor González Prera, así como subdirectores generales. La Policía Nacional Civil de Guatemala reiteró su reconocimiento al servicio prestado por Mejía Montenegro y expresó su solidaridad con los allegados del agente caído.
El presidente Bernardo Arévalo ordena una revisión urgente de seguridad
La reacción del gobierno ante los ataques no se hizo esperar. El presidente Bernardo Arévalo de León ordenó una revisión urgente de las políticas de seguridad tras el fin de semana que dejó un saldo de 24 homicidios solo el sábado, según cifras oficiales recogidas por EFE. El Ejecutivo reconoció que los niveles de violencia superaron los registros y que las fuerzas de seguridad se encuentran por la escalada de ataques.
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Entre enero y febrero, Guatemala permaneció bajo estado de sitio debido a una serie de atentados simultáneos atribuidos al grupo criminal Barrio 18. Estos hechos, según las autoridades, dejaron un saldo de once policías muertos en la capital y motivaron una respuesta por parte del gobierno de Arévalo de León. EFE detalló que la medida buscó contener la ola de violencia y recuperar el control en sectores de la ciudad.
La hipótesis sobre las represalias
Investigaciones policiales atribuyeron los ataques más recientes a la decisión del Ejecutivo de retomar el control de tres prisiones donde se habían registrado motines en los meses previos. Según portavoces oficiales citados por EFE, la intervención en los centros penitenciarios habría provocado represalias por parte de las pandillas, especialmente de Barrio 18 y Salvatrucha.
El contexto de violencia en el país
La dinámica de violencia no se limita a los ataques contra la policía. Expertos citados por EFE señalaron que la mayoría de los homicidios registrados en el país se relacionan con la actividad de pandillas y con disputas por el narcotráfico. El incremento de los asesinatos de agentes de seguridad pública representa un desafío para el Estado y ha puesto en debate la eficacia de los mecanismos de protección para el personal policial.
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Según el recuento de medios locales recogido por EFE, los agentes asesinados este año representan el doble de los reportados el año anterior, en ausencia de estadísticas oficiales actualizadas.