La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) de Guatemala ejecutó 56 traslados de privados de libertad desde el Centro de Detención de Puerto Barrios, Izabal, a otros recintos carcelarios en las últimas 48 horas.
Según informaron las autoridades, esta acción busca reducir los índices de criminalidad en la región y desarticular estructuras delictivas que operaban tanto dentro como fuera de las cárceles.
La medida forma parte de una estrategia coordinada para reforzar el control estatal en los centros penitenciarios, indicó la DGSP a través de un comunicado.
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Requisas y despliegue de fuerzas interinstitucionales
La operación involucró a la Fuerza Élite y a los órganos de control de la DGSP, con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército de Guatemala.
Las autoridades realizaron requisas focalizadas por sectores, así como otras acciones tácticas que permitieron trasladar a 34 líderes de organizaciones criminales hacia granjas penales.
Esta primera fase del operativo provocó alteraciones del orden en el Centro de Detención de Puerto Barrios y generó conflictos internos entre grupos de reclusos. La DGSP confirmó que el orden fue restablecido tras activarse los protocolos de emergencia.
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En un segundo operativo, se trasladó a 22 privados de libertad implicados en los disturbios y se inspeccionaron los sectores involucrados, logrando la incautación de 17 teléfonos celulares, que quedaron bajo custodia para la obtención de datos útiles en las investigaciones. Según las autoridades, el decomiso de estos dispositivos constituye un golpe a las comunicaciones ilícitas dentro de los centros.
Incautaciones y destrucción de infraestructura ilegal
Durante los operativos, la DGSP reportó el decomiso de 55 teléfonos celulares, 14 televisores, licor y droga, además de otros objetos prohibidos. Las fuerzas de seguridad también procedieron a la destrucción de edificaciones no autorizadas dentro de las instalaciones penitenciarias. Según datos de la institución, estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para erradicar privilegios criminales y fortalecer la disciplina en los recintos carcelarios.
Las inspecciones se extendieron a otros centros, como el Centro de Detención Renovación 1 en Escuintla y el Centro de Detención El Boquerón en Cuilapa, Santa Rosa. En estos lugares, se realizaron revisiones sectorizadas para detectar indicios de actividades delictivas, en línea con los lineamientos de seguridad penitenciaria.
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Conflicto entre sectores y respuesta estatal
El comunicado oficial de la DGSP señala que la alteración del orden en el Centro de Detención de Puerto Barrios derivó de la reacción de un sector ante la pérdida de privilegios y la destrucción de infraestructura ilegal.
Otro grupo de internos, no involucrado en la organización criminal desarticulada, manifestó su desacuerdo con los disturbios, lo que generó roces internos.
“De inmediato se activaron los protocolos de emergencia respectivos y se ordenó el ingreso de PNC y Ejército, restableciéndose el orden prontamente”, indicó la Dirección General del Sistema Penitenciario en declaraciones difundidas por Nuestro Diario.
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Continuidad de la estrategia y advertencias
La DGSP afirmó que no dará marcha atrás en las acciones de control y orden dentro de los centros penitenciarios. “La desarticulación de las estructuras criminales y el establecimiento del orden continuará”, sostuvo la entidad.
Las autoridades advirtieron que pueden presentarse reacciones del crimen organizado ante estas medidas, pero recalcaron que el Estado está preparado para responder con contundencia.
Los operativos de las últimas 48 horas fortalecen el control institucional sobre el sistema penitenciario y constituyen un precedente en la lucha contra el crimen organizado desde el interior de las cárceles, detalló la DGSP.
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