La Comisión de Inclusión Financiera de Guatemala realizó el evento “Avanzando hacia una mayor inclusión financiera: del acceso financiero al crédito responsable” con una meta explícita para una segunda etapa de su estrategia nacional: convertir el acceso al sistema financiero en más crédito para hogares y empresas, en un contexto en el que, según las autoridades, cerca del 69% de los adultos ya tiene una cuenta bancaria y el siguiente desafío es que ese vínculo se traduzca en oportunidades productivas.
La discusión incorporó uno de los datos más concretos presentados durante la jornada: el Ministerio de Economía expuso que, en el período analizado, se registraron más de 225,398 constituciones de garantías mobiliarias frente a apenas 9,000 ejecuciones.
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Para el Gobierno, esa diferencia muestra que la mayor parte de las operaciones respaldadas por este mecanismo termina sin necesidad de ejecutar la garantía.
El encuentro reunió a autoridades, especialistas y organismos internacionales para compartir experiencias sobre acceso a servicios financieros, crédito responsable, tecnología y educación financiera. La COMIF está integrada por el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Economía, y articula acciones junto con más de 225 instituciones adheridas.
El foco oficial pasó del acceso a las cuentas al crédito para MIPYMES y familias
En el cierre de la jornada, González Ricci planteó que la primera etapa de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera estuvo orientada a incorporar a más guatemaltecos al sistema financiero, ya fuera a través de la banca, cooperativas o empresas fintech. El nuevo objetivo, dijo, es que ese acceso se transforme en crédito útil para emprender, expandir negocios, generar empleo o sostener a las familias.
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El funcionario resumió esa transición con una imagen: “La cuenta bancaria es la llave, es la llave que abre la puerta al sistema financiero, pero esta llave por sí sola no cambia la vida de las personas”. Añadió que “el crédito abre la puerta a un emprendimiento, a hacer crecer un negocio, a generar empleo o a que una familia pueda salir adelante”.
El intendente de Administración Estratégica de la Superintendencia de Bancos, Julio Gálvez, pidió reforzar la coordinación entre las instituciones que integran la comisión para ampliar el acceso de la población a productos y servicios financieros de calidad. La viceministra de Asuntos Registrales del Ministerio de Economía, Sara Larios, señaló que un mayor acceso al financiamiento implica más oportunidades para emprender, crecer y generar empleo, y subrayó la necesidad de trabajo conjunto entre el sector público y el sistema financiero para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ese universo empresarial ocupa un lugar central en la estrategia. El asesor de la Unidad de Fortalecimiento de Emprendimiento del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, Saúl Morales, afirmó que más del 90% del tejido empresarial guatemalteco está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas, y que dentro de ese grupo alrededor del 75% corresponde a microempresas. También indicó que el sector genera cerca del 40% del producto interno bruto del país.
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Garantías mobiliarias, tecnología e inteligencia artificial en la hoja de ruta
La respuesta institucional presentada por el Ministerio de Economía incluyó el fortalecimiento de garantías no tradicionales, entre ellas las garantías mobiliarias, el leasing y el factoraje. Morales explicó que estos esquemas permiten respaldar operaciones de crédito a empresas que quedan fuera del sistema formal por no contar con garantías tradicionales.
La jornada también abordó el papel de la innovación. La experta en riesgo de crédito para América Latina y el Caribe Leila Viana presentó la conferencia “Camino al crédito, camino hacia la prosperidad” y definió la inclusión financiera como el resultado de “un ecosistema donde cada actor cumple un papel fundamental”. Su exposición vinculó la colaboración entre autoridades, entidades financieras, fintechs, comercios y ciudadanos con un mayor acceso al crédito responsable.
La especialista senior del sector financiero en CGAP, Camila Quevedo-Vega, afirmó que la tecnología puede ampliar la inclusión financiera, aunque su impacto dependerá de cómo se utilicen herramientas como la inteligencia artificial para responder a las necesidades de las personas. Su hoja de ruta incluyó infraestructura, datos, innovación y políticas públicas para construir ecosistemas financieros más inclusivos.
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La experiencia internacional llegó desde Colombia. Yeimy Lorena García Simbaqueva, de Banca de las Oportunidades, expuso aprendizajes de dos décadas de trabajo con un enfoque articulado entre sector público y privado. Al retomar ese caso, González Ricci sostuvo que los resultados no provinieron de una sola medida, sino de años de coordinación institucional y visión de largo plazo.
González Ricci afirmó que la inclusión financiera tiene, a su juicio, dos ventajas: no depende de un trámite en el Congreso y puede convertirse en una herramienta para que Guatemala alcance un crecimiento sostenido del 5%. También remarcó que ese avance exige educación financiera para que las personas sepan cuándo un crédito tiene sentido, qué producto se ajusta a sus necesidades y cuál es su capacidad de pago.
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