La noche del miércoles 1 de julio, Santiago Atitlán, Sololá, ardió en medio del retorno del alcalde Francisco Coché Pablo al municipio: una manifestación derivó en disturbios, el Ecomuseo Chuk Muk fue incendiado y varias personas resultaron heridas en un conflicto que se arrastra desde su restitución al cargo por resoluciones judiciales cuestionadas por sectores de la comunidad.
Entre los datos confirmados, al menos tres personas ingresaron con heridas de bala al Hospital Nacional de Sololá y dos agentes de la Policía Nacional Civil fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde quedaron estables, de acuerdo con información preliminar de las autoridades.
Según Sololá Informativo Digital, Coché Pablo se encontraba dentro del Ecomuseo Chuk Muk junto con su abogado y otras personas cuando se produjeron los hechos. El inmueble fue atacado y luego incendiado por un grupo de manifestantes, conforme a los reportes recabados en el lugar.
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El alcalde fue evacuado de Santiago Atitlán en una lancha hacia Panajachel. Allí lo recibieron socorristas y después fue trasladado a un centro asistencial, al que ingresó en estado delicado por las lesiones sufridas durante los incidentes.
También se reportó que unas seis personas que acompañaban al jefe edil habrían sufrido lesiones por agresiones físicas. De forma preliminar, uno de los accesos al municipio permanecía bloqueado desde las 17:00 horas, mientras agentes antimotines de la Policía Nacional Civil seguían desplegados en la zona.
Tres vecinos de Santiago Atitlán fueron hospitalizados por heridas de bala
Los heridos fueron identificados como Martín Xicay Sologui, de 39 años; Edu Samuel Gonzales Ajchomajay, de 24, con una herida en el brazo izquierdo; y Pedro Ixbalam Reanda, de 44, con una herida en la pierna derecha. Los tres son originarios de Santiago Atitlán.
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El traslado fue coordinado bajo el mando del mayor Juan Muñoz. Primero recibieron atención de los Bomberos Municipales Departamentales de San Lucas Tolimán y luego fueron transferidos a la 74 Compañía de los Bomberos Voluntarios de San Andrés Semetabaj para completar su ingreso al hospital.
La información preliminar sitúa esas heridas en el marco del conflicto desatado tras una reunión del Concejo Municipal, cuando pobladores exigían la renuncia del alcalde. La publicación local también consignó de forma extraoficial que Coché Pablo y su abogado resultaron heridos y fueron llevados a un centro asistencial privado.
El rechazo al alcalde venía de meses atrás por su restitución judicial y decisiones de gobierno local
El regreso de Coché Pablo ya había provocado protestas desde febrero, cuando su restitución al cargo fue impulsada por un amparo provisional otorgado por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. La decisión activó bloqueos, suspensión de actividades comerciales y educativas y el cierre de accesos por parte de autoridades ancestrales y residentes del municipio.
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Miles de habitantes paralizaron la vida local, mientras comerciantes del mercado municipal, lancheros, bancos y compradores de café suspendieron labores por decisión propia. El Ministerio de Educación suspendió las clases por razones de seguridad, y el Instituto Guatemalteco de Turismo recomendó posponer viajes a la localidad ante el riesgo de disturbios.
Las autoridades ancestrales sostuvieron que “la reinstalación de Coché es desconocer la voluntad y la dignidad de la comunidad”. También pidieron a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Gobernación no reprimir las manifestaciones y advirtieron que el retorno del alcalde suponía una amenaza para la paz social del municipio.
Uno de los focos de inconformidad fue la autorización de nuevas líneas de mototaxis durante la administración de Coché, una medida rechazada por sectores de la población y sumada a otras demandas comunitarias, según Prensa Comunitaria.
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El trasfondo del conflicto, de acuerdo con los antecedentes difundidos por actores locales, se remonta a una asamblea celebrada el 15 de septiembre de 2025 por la Autoridad Ancestral del pueblo Maya Tz’utujil y la población, en la que se resolvió que el alcalde carecía de legitimidad. En esa instancia se le señaló por presuntos hechos de corrupción y por no atender reclamos ciudadanos.