La entrada en vigor del Decreto 15-2026 llevó a AmCham Guatemala y la Cámara del Agro a reunir a autoridades, especialistas en cumplimiento y empresarios para examinar cómo la nueva ley antilavado reordena las obligaciones del sector privado antes de la evaluación mutua que GAFILAT realizará en 2027, un proceso que medirá la eficacia del sistema guatemalteco de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
La nueva norma sustituye y unifica los Decretos 67-2001 y 58-2005 en un solo marco legal. Ese rediseño incorpora nuevas obligaciones de cumplimiento, amplía las categorías de sujetos obligados, refuerza la responsabilidad de las personas jurídicas y endurece el régimen de sanciones.
Según la información difundida por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, el foro “El nuevo Decreto 15-2026” abrió con un análisis del contexto nacional frente a la revisión prevista para 2027. En ese tramo, expertos de la Intendencia de Verificación Especial explicaron por qué fue aprobada la legislación, qué aspectos serán evaluados y qué efectos puede tener ese examen para el país y para las empresas.
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La ley amplía los sujetos obligados y endurece las sanciones
El cambio central de la norma es que incorpora nuevas categorías de personas obligadas, entre ellas proveedores de activos virtuales, profesionales e inmobiliarias. También introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, amplía las sanciones y suma nuevas penas, además de reformas al Código de Comercio, al Código Penal y al Código de Notariado.
Ese paquete legal fue presentado como una adecuación a estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La discusión técnica se concentró en la forma en que esas exigencias alcanzarán a distintos sectores productivos y a sus cadenas de valor.
La directora ejecutiva de AmCham Guatemala, Waleska Sterkel de Ortiz, planteó el alcance del cambio con una definición que vinculó el ajuste normativo con la posición del país frente al exterior: “La actualización del marco regulatorio representa un reto, pero también una oportunidad para mejorar nuestros estándares internacionales, fortalecer la cultura de cumplimiento, la transparencia y la competitividad del país. Desde AmCham Guatemala promovemos espacios que permitan a las empresas comprender estos cambios y prepararse de manera oportuna”.
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Las empresas recibieron una hoja de ruta para adaptarse
Después del diagnóstico inicial, especialistas en cumplimiento expusieron una hoja de ruta para que las empresas comiencen a prepararse para la aplicación del decreto y de su futuro reglamento. La sesión abordó las nuevas obligaciones operativas, los plazos de implementación, el enfoque basado en riesgos, la figura del oficial de cumplimiento y la identificación del beneficiario final.
Ese tramo del encuentro respondió de manera directa a la principal inquietud empresarial: qué cambia con la ley y cómo impacta en la operación cotidiana. La respuesta fue que la norma no solo redefine quiénes deberán cumplir controles, sino también qué mecanismos internos deberán adoptar para responder al nuevo esquema de supervisión.
En el panel de análisis participaron representantes de la Superintendencia de Bancos, AXIS Compliance, el Congreso de la República de Guatemala, la Cámara de Finanzas y la Cámara del Agro. De acuerdo con la información del foro, los participantes coincidieron en la necesidad de una implementación efectiva basada en coordinación entre el sector público y el privado.
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La publicación también señaló que la iniciativa forma parte de una estrategia de actualización para las empresas asociadas, con el objetivo de ofrecer espacios de discusión sobre normas que inciden en los negocios y la inversión. En ese marco, AmCham Guatemala recordó que integra la Cámara de Comercio de Estados Unidos desde hace 56 años.
La entidad añadió que AmCham forma parte de la Asociación de Cámaras de Comercio en América Latina, una red empresarial con más de 20 mil empresas que mantienen relaciones comerciales en Estados Unidos y con más de 3 millones de socios en Latinoamérica.