Una acción de amparo busca obligar al Directorio de la Superintendencia de Competencia de Guatemala a elegir a un nuevo superintendente mediante un proceso abierto y ajustado a la ley, porque la vacante mantiene sin capacidad operativa a la autoridad que debe investigar prácticas anticompetitivas, autorizar fusiones y preparar la aplicación plena de la Ley de Competencia en diciembre de este año.
La salida del anterior titular se produjo el 10 de marzo de 2026. Desde entonces, según el texto del amparo, el Directorio no activó el procedimiento que correspondía tras la renuncia.
El caso se abrió después de la dimisión irrevocable de Jorge Miguel Castillo Castro, quien había sido nombrado primer superintendente para el período 2025-2031, según la resolución 6-2025 publicada en el Diario oficial. Su renuncia llegó seis meses después de haber asumido el cargo y, de acuerdo con el texto fuente, en medio de cuestionamientos públicos y legales por una propuesta salarial de Q75 mil mensuales.
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Sin un superintendente, la SICOM no puede ejercer sus funciones centrales cuando la ley entre en vigor plenamente. El amparo sostiene que esa parálisis afecta a consumidores, inversionistas y al funcionamiento competitivo de la economía guatemalteca.
El amparo cuestiona usar candidatos de un proceso anterior
La acción judicial fue presentada contra el Directorio de la SICOM para forzar la convocatoria de un nuevo proceso de selección y bloquear la posibilidad de nombrar al sustituto con base en candidatos de una convocatoria anterior. Según el amparo, esa alternativa ya fue discutida en actas oficiales, pero carece de sustento legal.
El planteamiento también impugna el uso de un artículo transitorio de la Ley de Competencia que, según el escrito, solo era aplicable a la primera elección. El documento afirma que ese mecanismo fue de uso único y ya quedó agotado.
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La objeción central del recurso es constitucional. El amparo argumenta que intentar cubrir la vacante con reglas excepcionales ya utilizadas vulnera la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho de todos los guatemaltecos a optar a cargos públicos en igualdad de condiciones.
Ignacio Andrade Aycinena, abogado interponente, resumió ese argumento con una defensa del concurso abierto: “Si alguno de los candidatos del proceso anterior tiene interés genuino en el cargo, está en todo su derecho de postularse. Pero debe hacerlo en igualdad de condiciones, dentro de un proceso abierto y transparente. Lo que no puede ocurrir es que se reserve el puesto utilizando un reglamento que la ley ya no autoriza”.
La renuncia llegó tras la polémica por los salarios en la entidad
Antes de dejar el cargo, Jorge Miguel Castillo Castro había quedado en el centro de una controversia por la remuneración de las autoridades de la institución. En una sesión del 30 de enero propuso una escala salarial sustentada en dictámenes de Recursos Humanos y del área financiera.
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De acuerdo con Edgar Guzmán, director de la entidad, la propuesta aprobada fijó salarios de Q57 mil mensuales para los directores titulares y Q52 mil para los suplentes. Para el superintendente, se aprobaron Q52 mil más Q3 mil en gastos de representación, según dijo Guzmán.
El mismo esquema contemplaba pagos retroactivos. Los directores titulares recibirían Q342 mil al considerar los seis meses anteriores.
La vacante no solo impide abrir expedientes por prácticas anticompetitivas o imponer sanciones. Según el amparo, también frena el desarrollo institucional, limita la ejecución del presupuesto y retrasa la implementación de herramientas necesarias para que la autoridad pueda operar.
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En ese marco, la acción judicial plantea una respuesta directa al problema: Guatemala necesita una autoridad de competencia en funciones y con legitimidad de origen, y eso exige que el reemplazo sea designado mediante un procedimiento nuevo, público y conforme a la Ley de Competencia.