Una controversia surgió en Guatemala después de que una publicación de The New York Times, diario estadounidense reportó que el país habría aceptado realizar ataques aéreos conjuntos. Legisladores de varias bancadas legislativas recalcaron la necesidad de que cualquier acuerdo de seguridad firmado entre ambos países pase por el Congreso, aludiendo a los límites constitucionales del organismo Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, negó la existencia de un pacto de ese tipo y precisó que el gobierno únicamente solicitó incrementar la cooperación tradicional en equipos, capacitación e inteligencia, según declaraciones recogidas por The New York Times.
La revelación del diario estadounidense provocó una reacción inmediata en el Congreso de Guatemala. Cristian Álvarez, diputado de oposición, planteó la inquietud sobre la legalidad de un posible acuerdo de este alcance sin la intervención del poder legislativo. “El tema es ver si el presidente por sí solo puede armar esto o se necesita de algún convenio en el Congreso. En el caso de que se necesite venir al Congreso, creo que es importante conocerlo a la brevedad posible”, afirmó Álvarez en declaraciones reproducidas por The New York Times.
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Julio César López, quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso, coincidió en que la propuesta debe ser presentada formalmente. “Estamos preparados para recibir cualquier acción que se tenga de parte del Ejecutivo, poder analizarla y pasarla al pleno (...), quien es el que tiene la última decisión para tomar este tipo de acción”, enfatizó López, según detalló The New York Times.
En el seno del Congreso, el debate giró en torno a la necesidad de respetar los controles institucionales y garantizar que cualquier esquema de cooperación con Estados Unidos se ciña a la legislación vigente. Ronald Portillo, diputado del bloque parlamentario Vamos, respaldó la postura de control parlamentario.
“Yo creo que siempre es bienvenida cualquier tipo de acción nacional o internacional en contra del crimen organizado”, expresó Portillo. Aclaró que la Junta Directiva sigue a la espera de recibir la documentación oficial que el gobierno pueda trasladar sobre el tema.
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El contexto regional y la estrategia de Trump
La polémica se produce en un contexto regional marcado por las tensiones en torno a la estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Según The New York Times, en marzo pasado Trump promovió la creación del Escudo de las Américas, una coalición de gobiernos de la región para combatir el crimen transnacional.
Este bloque reúne principalmente a gobiernos como Argentina, El Salvador y Ecuador. En contraste, ejecutivos de orientación progresista en países como Guatemala, México, Colombia y Brasil decidieron no incorporarse a la iniciativa.
Dentro de este esquema, Washington mantiene con Ecuador un modelo de cooperación militar que incluye asesoría en redadas terrestres y ataques aéreos, una práctica que ha generado alertas internacionales. The New York Times reportó que un bombardeo en la frontera norte de Ecuador afectó por error a una granja lechera, lo que elevó la preocupación por posibles daños colaterales en operaciones conjuntas.
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La postura de México
La administración de Trump también ha presionado a México, país vecino de Guatemala, para que acepte operaciones similares a las implementadas en Ecuador. “Eso vulneraría la soberanía de nuestro país”, declaró Sheinbaum, según recogió The New York Times.
De acuerdo con lo señalado por legisladores guatemaltecos, cualquier nuevo acuerdo en materia de seguridad con Estados Unidos deberá someterse a la revisión y aprobación del Congreso, en cumplimiento de los controles constitucionales. Mientras tanto, la Junta Directiva permanece a la espera de recibir información oficial del Ejecutivo para analizarla en el pleno.