El nuevo fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, anunció este domingo la creación de una comisión especial para revisar la situación de periodistas, fiscales, jueces y activistas exiliados o perseguidos judicialmente durante la gestión anterior de la Fiscalía. El anuncio, realizado en su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo, marca un cambio en la dirección del Ministerio Público (MP) y responde a denuncias de persecución ocurridas en los últimos ocho años, periodo en que la institución estuvo a cargo de Consuelo Porras Argueta.
García Luna explicó que el objetivo de la nueva comisión será verificar los procesos judiciales abiertos contra personas que han denunciado persecución y permitir que quienes se sientan afectados soliciten la revisión de sus casos dentro del mismo MP, informó la agencia EFE.
“La idea principal es formar una comisión para que se pueda analizar cada uno de los casos, que dentro del sistema, las personas que se puedan sentir afectadas o están siendo afectadas puedan abocarse dentro del mismo Ministerio Público para una revisión de esos casos”, afirmó el funcionario.
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Consuelo Porras Argueta, quien ocupó la jefatura del MP hasta la medianoche del sábado, fue sancionada en varias ocasiones por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de corrupción y uso político de la justicia. De acuerdo con información de EFE, durante su gestión al menos cincuenta personas, entre periodistas, exfiscales anticorrupción, jueces y activistas, denunciaron haber sido objeto de procesos judiciales considerados como represalia por su labor o postura crítica, y una parte significativa de ellos abandonó el país para resguardar su seguridad.
No todos los señalados por la Fiscalía lograron salir de Guatemala. El periodista José Rubén Zamora Marroquín y los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, permanecen detenidos desde hace más de un año, sin que hasta ahora existan pruebas concluyentes en su contra. Diversas organizaciones nacionales e internacionales han calificado su situación como la de “presos políticos”. El funcionario detalló que la nueva administración revisará también estos expedientes.
Gabriel García Luna fue designado este mes por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, para encabezar el Ministerio Público durante los próximos cuatro años. El nuevo fiscal asumió formalmente el cargo en el primer minuto del domingo, en cumplimiento de lo establecido por la ley guatemalteca. En su primer comunicado oficial subrayó: “Hoy no inicia una administración más. Hoy inicia una oportunidad para devolverle dignidad a la justicia penal guatemalteca”.
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El nuevo fiscal general asumió este domingo con la promesa de “sanar una institución marcada por heridas profundas” y restablecer la confianza en la justicia penal del país. El relevo, realizado en la madrugada y sin actos protocolarios, se produce después de ocho años de gestión de Consuelo Porras Argueta, quien recibió sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea debido a señalamientos de corrupción y persecución judicial.
Auditará gestión de Consuelo Porras
En la misma comparecencia, García Luna anunció una auditoría interna orientada a detectar posibles irregularidades u omisiones durante el mandato de Porras Argueta, procedimiento que, según precisó, corresponde realizar cada vez que se produce un relevo en la jefatura del MP. Esta medida ha sido interpretada por observadores como un paso para restaurar la confianza en la independencia judicial del país.
En un mensaje difundido a través de los canales oficiales del MP, García Luna afirmó: “Recibo una institución que carga con heridas profundas. Las reconozco. No las voy a ignorar ni disfrazar. El primer paso para sanar una institución es tener la honestidad de ver exactamente en qué estado se encuentra”. Según reportó EFE, el fiscal general advirtió que la nueva administración no se doblegará ante presiones externas ni utilizará la Fiscalía “como un arma al servicio de grupos específicos”.
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De acuerdo con reportes de EFE, la comunidad internacional ha seguido de cerca el relevo en la Fiscalía guatemalteca. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han expresado preocupación por el deterioro del Estado de derecho y han insistido en la necesidad de garantizar procesos judiciales imparciales. La conformación de la comisión revisora representa un primer gesto de la nueva gestión para atender esas demandas y responder a los reclamos de víctimas y organizaciones de derechos humanos.
La transición en la dirección del Ministerio Público ocurre tras años de denuncias y sanciones que colocaron a Guatemala en el foco regional por presuntos abusos judiciales. La revisión de los casos y la auditoría interna, anunciadas por el fiscal general, serán clave para determinar el rumbo del sistema de justicia en el país centroamericano durante los próximos años.