Más de 140 operativos simultáneos contra clicas de la Mara Salvatrucha y otras pandillas en seis departamentos de Guatemala han marcado el inicio del día este jueves con el despliegue más amplio de la Policía Nacional Civil y fiscales desde la entrada en vigor del sexto estado de prevención del 6 de mayo, decretado por el presidente Bernardo Arévalo tras una escalada de homicidios vinculados al crimen organizado.
Las investigaciones se enfocan en frenar los delitos contra la vida y ejecutar órdenes de captura, en el marco de estrategias coordinadas por el Ministerio Público tras el aumento de la violencia letal en zonas urbanas clave.
El decreto 7-2026, vigente desde el 6 de mayo, representa la sexta prórroga consecutiva del régimen de excepción iniciado el 18 de enero, tras el asesinato de 11 policías en ataques atribuidos a pandillas, según indicó el subdirector general de Investigación Criminal, José Macario Cornel Santos.
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Cornel Santos especificó que la colonia Los Ángeles y el barrio San Antonio, en la zona 6, concentran 115 de las diligencias de allanamiento destinadas a esclarecer 17 homicidios ocurridos en las últimas semanas, incluyendo un ataque en una cevichería.
El estado de prevención autoriza a las fuerzas de seguridad a emprender intervenciones masivas, restringir reuniones al aire libre y regular la circulación vehicular en horarios y zonas precisas de departamentos como Guatemala, Escuintla e Izabal, según lo dispuesto por el Ejecutivo.
Aunque esta medida excepcional no suspende garantías constitucionales, amplía el margen operativo de la Policía Nacional Civil y del Ejército.
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Las autoridades guatemaltecas señalaron a las clicas Bichos Locos Salvatrucha, Parking Locos y Carmen Locos Salvatrucha como responsables del repunte de violencia homicida en sectores urbanos a través de la diversificación de sus actividades delictivas.
Tanto el gobierno de Guatemala como Estados Unidos consideran a la Mara Salvatrucha y estructuras similares organizaciones terroristas, lo que fundamenta el empleo de facultades extraordinarias para combatirlas.
Durante los allanamientos, los equipos especializados priorizaron la desinstalación de cámaras de videovigilancia instaladas por los grupos criminales, con el propósito de preservar pruebas materiales que permitan expandir las líneas de investigación, según apuntó Cornel Santos.
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El aseguramiento de evidencia y la ejecución de capturas siguen en curso, confirmaron fuentes policiales al medio.
El estado de prevención permitió el mayor despliegue policial desde enero tras el asesinato de 11 agentes
La extensión del régimen especial ha transformado la respuesta del Estado frente al crimen organizado, permitiendo a las fuerzas de seguridad realizar más de 140 diligencias de allanamiento simultáneas en una sola jornada, la cifra más alta en lo que va del año, de acuerdo con datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil.
El operativo se centra en departamentos donde las pandillas mantienen actividades que han incrementado de forma sostenida las tasas de homicidio y los ataques a autoridades y civiles.
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El marco legal vigente autoriza intervenciones coordinadas de gran escala, como la incautación inmediata de pruebas, detenciones en flagrancia y el decomiso de dispositivos usados para eludir la vigilancia estatal.
Equipos conjuntos de la Policía Nacional Civil y fiscales operan tanto en áreas urbanas como rurales, donde proliferan estructuras de la Mara Salvatrucha y sus ramificaciones, a través de filtros de seguridad y procedimientos de búsqueda selectiva.
El operativo simultáneo de este jueves, en desarrollo, responde de manera directa al aumento de hechos graves contra la vida, involucrando a unidades especiales de la policía y fiscales en la recolección de pruebas, la interrupción de actividades ilícitas y la neutralización de recursos operativos de las pandillas, confirmaron funcionarios al medio. *Noticia en desarrollo
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