Estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala expresaron su respaldo al cambio de fiscal general y jefe del Ministerio Público, al considerar que esta transición representa un giro relevante tras ocho años de lo que describen como una gestión marcada por la impunidad y la persecución política. El movimiento estudiantil universitario planteó exigencias específicas a la próxima administración en el contexto de un periodo dominado, según el comunicado leído en conferencia de prensa frente al Museo Universitario e informado por el colectivo estudiantil, por una élite ligada a actos antidemocráticos y a la corrupción institucional.
La convocatoria de los estudiantes incluye la organización de una caminata pacífica programada para el sábado 16 de este año a las 9:30 de la mañana, con salida en la 18 calle y sexta avenida de la zona uno y destino final en la sede central del Ministerio Público. Esta jornada busca “apoyar la transición” a una nueva autoridad y reafirma la continuidad de la protesta estudiantil tras lo que denominan “ocho largos años” de resistencia. La fecha y hora distinguen el llamado universitario respecto de otras expresiones sociales en la coyuntura actual.
El movimiento estudiantil exige el cese de la criminalización y la independencia del Ministerio Público
En el posicionamiento leído por los representantes del movimiento, refieren que los últimos ocho años estuvieron definidos por la figura de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, con una política de “persecución selectiva contra opositores políticos, exfuncionarios de la CICIG, jueces independientes, periodistas, líderes y militantes de las luchas sociales, autoridades campesinas e indígenas y defensores de derechos humanos”. Los estudiantes afirmaron que, bajo su liderazgo, se produjeron bloqueos sistemáticos a investigaciones sobre corrupción relevantes para Guatemala, entre ellas los casos vinculados a Miguel Martínez y el proceso sobre la adquisición de vacunas Sputnik V durante la presidencia de Alejandro Giammattei, aliado político de Porras, según la conferencia difundida por el movimiento.
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Denuncian el entorpecimiento de procesos judiciales emblemáticos, como el juicio por genocidio contra Benedicto Lucas García y el caso de las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; así como el uso del aparato penal para la criminalización de la protesta social y la persecución de estudiantes, campesinos, autoridades indígenas y voces disidentes. Los estudiantes atribuyen a la gestión saliente la creación de redes de acoso digital que, aseguran, nacieron desde el propio Ministerio Público con el objetivo de “violentar” a críticos del sistema y proteger intereses de sectores corruptos y de la oligarquía.
Entre los fragmentos destacados del pronunciamiento, afirman: “Esta gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público ha sido un obstáculo para la justicia y se convirtió en el símbolo de la impunidad en Guatemala”. De acuerdo con el movimiento, la salida de Porras resulta de años de resistencia ciudadana, y su finalización representa un avance para la lucha social y jurídica del país, no un mérito de la clase política ni un favor institucional.
La postura estudiantil incluye demandas concretas a la próxima fiscalía: “total cese a los procesos de criminalización contra nuestros compañeros y compañeras, docentes y trabajadores”; cese de procesos penales contra líderes campesinos, trabajadores, periodistas y dirigentes indígenas y sociales; aplicación estricta de la ley sin discriminación para beneficiar a los poderosos; y respeto pleno a los derechos humanos y la independencia del Ministerio Público. Insisten en que los recursos y el personal se deben emplear para perseguir el delito, no para procesar a la sociedad civil.
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Ocho años de resistencia estudiantil y una marcha en apoyo a la transición
De acuerdo con el comunicado estudiantil, pese a la represión y las múltiples amenazas, la organización universitaria mantuvo su presencia activa durante todo el periodo de Consuelo Porras, enfocada en la defensa de una educación pública digna y de un Estado de derecho auténtico. “No pudieron callarnos, nunca lo van a poder hacer”, afirmaron los voceros al cierre de la conferencia, reafirmando su decisión de continuar la lucha por los derechos civiles y universitarios.
La marcha convocada para el sábado 16 simboliza, para los estudiantes, una muestra de respaldo a la transición en el Ministerio Público y el compromiso renovado con una Guatemala inclusiva y democrática.