La audiencia de juicio contra Claudia González, exfiscal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue suspendida y postergada por más de un año debido a la incomparecencia del Ministerio Público (MP) y la persistencia de una apelación sin resolver en la Sala Segunda de Apelaciones del ramo penal. El Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala reprogramó la apertura del proceso oral para el 12 de mayo de 2027, una decisión que extiende los plazos judiciales y confirma la tendencia de dilaciones en casos de alto perfil relacionados con la antigua CICIG, según reporte de medios locales.
El juicio, que estaba fijado originalmente para el 5 de mayo de 2026, había sido notificado a todas las partes desde octubre de 2025. El Tribunal de Mayor Riesgo justificó la suspensión alegando “carga laboral”, aunque el calendario había sido establecido con mucha anticipación. La ausencia de representantes del Ministerio Público careció de justificación oficial y generó dudas sobre las intenciones tras la omisión.
La apelación pendiente mantiene paralizado el proceso desde enero de 2026
Entre los factores que agravan el caso se encuentra la apelación sin resolver sobre la solicitud de incorporar al hijo de la querellante fallecida como parte procesal. Claudia González señaló que la Sala Segunda de Apelaciones tiene el expediente retenido desde enero de 2026 y afirmó: “No es la primera vez que este tribunal sube el expediente. Lamentamos mucho que las salas también sean partícipes de esta criminalización, el retardo malicioso, que se vean por cuestiones formales la denegación de justicia”, según declaraciones recogidas por la radio Nacional TGW.
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González también reprochó la falta de presencia y explicación del Ministerio Público, a quien atribuyó el retardo judicial. Subrayó que la mora “afecta también a la ciudadanía guatemalteca que espera justicia”.
En términos específicos, la pregunta central sobre el proceso de Claudia González queda así: el juicio penal que enfrenta la exfiscal está suspendido y postergado por la ausencia del Ministerio Público y la falta de resolución de una apelación clave. Este retraso significa que González permanecerá sin respuesta judicial durante más de un año adicional, mientras el expediente sigue estancado desde enero de 2026 en la Sala Segunda de Apelaciones.
La audiencia que debía celebrarse ahora está programada para el 12 de mayo de 2027, lo que extiende el tiempo de espera para que la acusada pueda ejercer plenamente su defensa. A juicio de González, “la situación prolonga la penalización y la espera de un debate en el que espero demostrar mi inocencia”.
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Precedente de dilaciones y preocupaciones internacionales por el uso judicial contra exfuncionarios de CICIG
Según registros periodísticos la detención de Claudia González tuvo lugar el 28 de agosto de 2023. González fue arrestada en su domicilio tras una orden judicial que la organización describió como “cuestionable”. Desde la disolución de la CICIG en 2019, varios de sus exfuncionarios enfrentan procesos y persecución, con González entre las figuras principales.
Como abogada y defensora de derechos humanos, González representa además a colegas que, de acuerdo con la documentación de Amnistía Internacional, han sido criminalizados como represalia por denunciar corrupción. La organización advirtió: “Un año más de espera es demasiado. Las demoras así son características del uso indebido de la justicia para castigar a quienes lucharon contra la corrupción y contra la impunidad”, subrayó Adeline Neau, representante de Amnistía Internacional.
Desde la primera detención de González, Amnistía Internacional exigió al Ministerio Público de Guatemala una revisión inmediata e imparcial de los cargos, así como la garantía plena de los derechos humanos para la acusada en todas las etapas procesales. Para Neau, estos retrasos judiciales constituyen parte de un patrón dirigido a castigar y silenciar a quienes combaten la corrupción.
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La causa de González, actualmente privada de libertad por una orden judicial cuestionada por la comunidad internacional, continúa sin avances sustanciales ante las trabas combinadas: la inasistencia del Ministerio Público y la paralización del expediente en la Sala Segunda de Apelaciones desde enero de 2026.