El presidente de la República de Guatemala ha iniciado las entrevistas con los seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, un paso que se desarrolla mientras avanza el periodo legal de impugnaciones establecido por la Ley de Comisiones de Postulación. Según explicó el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, este procedimiento cumple con el marco constitucional y preserva la legitimidad del proceso al permitir la presentación y resolución de objeciones antes de la designación oficial, de acuerdo con información difundida en video.
Guerrero Garnica detalló que el plazo para presentar impugnaciones es de 72 horas a partir de la publicación oficial de la nómina en el Diario de Centro América. Si se presentan objeciones, la Comisión de Postulación cuenta con otro periodo de 72 horas para resolverlas, tal como lo estipula el artículo 28 de la Ley de Comisiones de Postulación. De no existir impugnaciones formales, la vía administrativa se considera agotada y el presidente queda habilitado para emitir el acuerdo gubernativo que nombre al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público.
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El procedimiento para elegir al fiscal general responde a etapas legales inalterables
“La legislación no permite ninguna alteración del procedimiento: No podemos omitir este proceso. El artículo 251 de la Constitución es claro al establecer que el presidente debe elegir al próximo fiscal general de una nómina de seis candidatos presentada por la Comisión de Postulación", afirmó Guerrero Garnica. Añadió que cualquier omisión representaría una vulneración al marco constitucional y comprometería la legitimidad del nombramiento.
Las entrevistas personales entre el presidente y los seis aspirantes, confirmadas por Guerrero Garnica, se inscriben dentro del marco de discrecionalidad administrativa del Ejecutivo, ya que ni la Constitución ni la ley regulan este tipo de reuniones. “La intención es conocer cuál es el plan de trabajo que tienen los candidatos y cuál es su postura sobre los desafíos que enfrenta el Ministerio Público”, puntualizó Guerrero Garnica.
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El secretario precisó que el formato de las entrevistas no ha sido reglamentado por la normativa vigente ni existe obligación legal de que sean públicas. Por tanto, la dinámica responde a decisiones estrictamente administrativas tomadas por el Ejecutivo guatemalteco.
El plazo legal asegura transparencia y legitimidad en la designación
El actual periodo de impugnaciones constituye, según Guerrero Garnica, una “garantía institucional” destinada a fortalecer la credibilidad del proceso, ya que garantiza la resolución de cualquier objeción conforme a derecho. Cada etapa —recepción de la nómina, periodo de impugnaciones y resolución de las mismas— se encuentra detalladamente regulada, lo que impide al Ejecutivo acelerar o modificar los plazos sin incurrir en una falta constitucional.
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La administración reiteró el compromiso con “el respeto irrestricto al Estado de derecho y a los procedimientos establecidos”, subrayó el secretario general.
De acuerdo con el cronograma divulgado por Guerrero Garnica, el presidente prevé designar al próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el 17 de mayo de este año, siempre que se agoten los periodos legales y administrativos que marca la ley.
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Cronograma de entrevistas
Este miércoles 29 de abril, acudirán Carlos Alberto García Alvarado a las 15:00 y César Augusto Ávila Aparicio a las 17:00. Por último, el jueves 30 de abril asistirán Julio César Rivera Clavería a las 15:30 y Néstor Guilebaldo de León Ramírez a las 17:30. Este orden fue confirmado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tras publicar la agenda oficial.
Previo a la difusión de la agenda, Arévalo señaló que las entrevistas se programaron siguiendo la cantidad de votos recibidos por cada aspirante en la Comisión de Postulación, destacando que este mecanismo garantiza un proceso transparente y basado en méritos, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social.
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Durante las entrevistas, se preguntará a cada candidato por su propuesta para recuperar la autonomía del Ministerio Público. El mandatario explicó: “Necesitamos una Fiscalía General que cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de manera independiente, autónoma y apegada a la legislación, que verdaderamente prevenga que se pliegue a intereses políticos o criminales, o de otro tipo, para ser utilizada como herramienta para generar impunidad o criminalización”, según consta en las declaraciones oficiales difundidas por la Secretaría