Las asociaciones de veteranos anuncian bloqueos indefinidos en carreteras de Guatemala

Los integrantes de organizaciones de exmilitares y expatrulleros iniciarán movilizaciones a partir del 28 de abril, en diversos puntos estratégicos del país, como respuesta a la falta de avance en propuestas legislativas que consideran prioritarias

Las agrupaciones indicaron que sus movilizaciones iniciarán a partir de la madrugada del martes e involucrarán rutas de al menos doce departamentos, reclamando atención inmediata de legisladores a iniciativas presentadas. (Imagen de referencia IA).

Las asociaciones de veteranos militares, expatrulleros de Autodefensa Civil y sus viudas llevarán a cabo manifestaciones y bloqueos en puntos estratégicos de Guatemala desde las 6:00 horas del martes 28 de abril de 2026. La protesta responde a la falta de aprobación de las iniciativas de ley 6416, 6570 y 6630, presentadas anteriormente al Congreso por estos sectores.

Un comunicado dirigido al Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil (PNC) indica que la protesta será de carácter indefinido y busca ejercer presión hasta obtener una respuesta legislativa. Las organizaciones confirmaron la movilización en varios departamentos, entre ellos Petén, Izabal, Zacapa, El Progreso, Alta Verapaz, Chiquimula, Jutiapa, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango.

El documento, sellado el 24 de abril por la Gobernación Departamental de Alta Verapaz, detalla los puntos de concentración: el área del aeropuerto y Machaquilá en Petén, La Ruidosa en Izabal, La Fragua y Río Hondo en Zacapa, y El Rancho y Sanarate en El Progreso. Señala otros lugares como el cruce de San Julián en Cobán, el cruce San Esteban o Ipala en Chiquimula, y el kilómetro 100 Aldea El Caulote en Jutiapa. En Suchitepéquez, se prevén bloqueos en Cocales, cruce de Tiquizate, circunvalación de San Antonio Suchitepéquez, triángulo de Mazatenango y Cuyotenango.

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Las rutas afectadas además incluyen el puente El Sarco o Castillo Armas en Retalhuleu, el cruce Las Victorias en Quetzaltenango, La Virgen y el monumento a San Antonio en San Marcos y El Boquerón en Huehuetenango.

Diversos puntos de acceso serán intervenidos por exintegrantes de fuerzas especiales. Piden garantías para los manifestantes y la ciudadanía durante la jornada que podría prolongarse varios días (Foto cortesía sector de veteranos de guerra).

Las asociaciones fundamentan su derecho a manifestarse en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que reconoce la reunión pacífica y la manifestación pública sin armas. El comunicado solicita a las autoridades “las consideraciones necesarias” para garantizar la seguridad de los participantes y la población general durante las movilizaciones.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han emitido una postura oficial sobre las manifestaciones. Las organizaciones reiteraron que la medida de presión permanecerá vigente de manera indefinida hasta recibir una respuesta a sus demandas legislativas.

Peticiones sociales y económicas

El personal de tropa que participó en el conflicto armado en Guatemala ha quedado excluido de cualquier tipo de reconocimiento formal y compensación por sus servicios, según detalla una solicitud presentada al Congreso. El documento resalta que, pese a su participación y sacrificios, muchos soldados y sus familias han sido olvidados desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Varias agrupaciones preparan movilizaciones coordinadas en zonas estratégicas del país. El Ministerio de Gobernación y la PNC aún no han comunicado una respuesta oficial ante la tensa convocatoria (Imagen de referencia IA).

La petición subraya que el Estado de Guatemala tiene la obligación de asumir una responsabilidad histórica para reconocer la labor de quienes formaron parte del Ejército durante el conflicto. Entre las propuestas presentadas se incluye la adopción de medidas concretas: desde beneficios sociales y económicos hasta servicios de salud para los veteranos.

De acuerdo con el texto dirigido al Congreso, “es un acto de justicia que debe ir acompañado de medidas concretas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes sirvieron en las filas del Ejército durante el triste e irrepetible conflicto interno armado. Estas medidas deben incluir beneficios sociales, económicos y de salud, que permitan a estos ahora veteranos vivir con dignidad y respeto”.

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