Diversas organizaciones indígenas y campesinas realizaron un plantón en la ciudad de Guatemala para exigir perfiles honorables en la designación del próximo jefe del Ministerio Público. La protesta se llevó a cabo frente a la Corte Suprema de Justicia durante el último día de revisión de expedientes por parte de la Comisión de Postulación.
De acuerdo a información divulgada por EFE y por medios locales, la manifestación fue una muestra de rechazo a la posible reelección de Consuelo Porras, actual fiscal general, cuyo mandato culmina en mayo.
Los manifestantes que llegaron con pancartas y mensajes alusivos a sus peticiones, solicitaron al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León que elija a personas desvinculadas de intereses de impunidad y comprometidas con la sociedad. El proceso de selección ocurre en medio de tensiones políticas y sociales.
La protesta tuvo como objetivo visibilizar la exigencia de transparencia y de perfiles ajenos a cuestionamientos éticos en la Fiscalía.
Exigencias de transparencia y rechazo a la reelección
Andrés López, representante de las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew, uno de los que lideró la protesta, expresó la preocupación de los pueblos originarios por la posibilidad de continuidad de Porras al frente del Ministerio Público.
López sostuvo que la gestión de Consuelo Porras ha favorecido a “mafias” y criminalizado tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos.
El representante indigena puntualizó: “Venimos a patentizar nuestra preocupación, ya que hemos escuchado que aún sigue con buen punteo la señora Consuelo Porras”. La reacción refleja el malestar de las comunidades ante la valoración positiva que tiene la actual fiscal en el proceso de selección.
El proceso de selección y los cuestionamientos internacionales
La Comisión de Postulación debe enviar una lista de seis aspirantes, de la cual el presidente Arévalo seleccionará al nuevo fiscal antes del 17 de mayo.
Consuelo Porras busca un tercer mandato y ha defendido públicamente su honorabilidad. No obstante, enfrenta sanciones de más de 40 países y ha sido señalada por la Unión Europea y Estados Unidos por presuntamente socavar la democracia y promover acciones judiciales contra opositores y periodistas.
La situación de Porras ha alimentado las demandas de organizaciones sociales que cuestionan la legitimidad y transparencia institucional.
Además, la actual fiscal ha sido señalada en investigaciones tanto de Guatemala como de otros países del istmo por participar en adopciones ilegales de niños durante la década de los ochenta.
Reclamos de las comunidades campesinas e indígenas
Durante la concentración, el líder campesino Alex Petzey manifestó que la Fiscalía, en los últimos ocho años, “se ha dedicado a perseguir a quienes defienden los bosques y territorios en lugar de garantizar una justicia digna”.
Petzey enfatizó el seguimiento que han dado las comunidades al proceso de selección, tanto desde las áreas urbanas como rurales.
Feliciana Herrera, delegada del pueblo Ixil, llamó a la ciudadanía a permanecer alerta para impulsar una transformación que permita alcanzar una democracia real en Guatemala. Las organizaciones exhortaron al presidente Arévalo a optar por perfiles con integridad y no vinculados a estructuras de impunidad.
La presión social continuará hasta la concreción del relevo institucional previsto para el próximo mes.