El Congreso de la República mantiene en discusión la aprobación definitiva de la Ley General del Sistema Portuario Nacional, identificada como Iniciativa 6541/6527, que plantea una transformación estructural para los puertos de Guatemala.
El objetivo central es la modernización integral del sector, mediante la creación de la Autoridad Portuaria Nacional y la promoción de mecanismos que faciliten nuevas inversiones privadas, incremento en la competencia y una adaptación a estándares internacionales, con el fin de fortalecer la seguridad y eficiencia en el comercio exterior.
Durante 2024, los datos de Agexport señalan que los puertos guatemaltecos movilizaron 9.2 millones de toneladas métricas y más de 504 mil contenedores, cifras que representan un flujo de USD 7.837 millones. Este volumen supera la capacidad de la infraestructura y el marco legal vigentes, lo que, según el sector exportador, evidencia la urgencia de una reforma en el sistema portuario.
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La iniciativa 6541 ingresó al Congreso en junio de 2025 y, tras recibir dictamen favorable de la Comisión de Comunicaciones en febrero de 2026, espera el tercer debate parlamentario. Las principales cámaras productivas han resaltado que la emisión del dictamen por la Comisión de Economía y Comercio Exterior, y la de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, representa un paso decisivo hacia la viabilidad de la reforma en la infraestructura portuaria.
Fundamentos de la ley y su posible impacto en el comercio exterior
La Ley General del Sistema Portuario Nacional prevé la creación de la Autoridad Portuaria Nacional, entidad que regulará, planificará y supervisará los puertos, así como la imposición de sanciones orientadas a garantizar la competitividad y la seguridad en las terminales. El proyecto contempla concesiones de hasta 50 años para terminales públicas y privadas, con el objetivo de atraer inversión a gran escala.
La propuesta establece la posibilidad de establecer alianzas público-privadas y la apertura de puertos privados. Exportadores consultados por Agexport apuntan que este esquema permitirá aumentar la capacidad operativa, gestionar un mayor volumen de cargas, crear empleos y favorecer el crecimiento económico de Guatemala.
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Desde el punto de vista legal, la iniciativa busca entregar certeza jurídica a los actores del sector portuario al definir normas precisas tanto para la gestión estatal como privada, un aspecto que consideran determinante para captar inversiones locales e internacionales y asegurar confianza en las concesiones a largo plazo.
En materia de seguridad, el proyecto incluye la adopción de los estándares del Código PBIP, normativa internacional enfocada en la protección de instalaciones portuarias. La aplicación de estos estándares responde a requerimientos de comercio global y tiene como propósito disminuir los sobrecostos de la mercadería importada y atender las debilidades en seguridad, condiciones que han colocado a Guatemala bajo la observación internacional por riesgo regional, de acuerdo con legisladores.
Implicaciones sociales y productivas de la modernización portuaria
Entre los sectores más vinculados con la infraestructura portuaria, sobresalen los productores de productos perecederos como vegetales, frutas, flores, pescado y camarón, que requieren instalaciones capaces de manejar más de 186 mil contenedores refrigerados anuales. Por su parte, la industria de manufactura y vestuario supera los 320 mil contenedores movilizados cada año y genera 341 mil empleos directos.
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De acuerdo con estadísticas de Agexport, el país cuenta con 2.144 empresas exportadoras activas, de las cuales el 72% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas. La continuidad de la cadena logística portuaria resulta clave para que estas compañías puedan acceder a mercados internacionales.
Los distintos actores del proceso sostienen que la aprobación de una legislación portuaria moderna permitiría a Guatemala duplicar el volumen de sus exportaciones y consolidar su integración en mercados internacionales siguiendo criterios de eficiencia y seguridad equivalentes a los de los países desarrollados.
Estado del marco legal y avances en el proceso legislativo
En paralelo a la discusión de la nueva ley, durante 2024 se promulgó el Decreto 26-2024: Ley de la Autoridad Designada del Sistema Portuario Nacional, que regula aspectos de seguridad y cumplimiento de normas internacionales. Actualmente, la Ley General del Sistema Portuario Nacional se encuentra a la espera del tercer debate en el Congreso, con la expectativa de articular un marco integral para todos los componentes operativos y normativos del sistema portuario.
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Los principales sectores productivos y exportadores aguardan la aprobación definitiva de la Ley General del Sistema Portuario Nacional para, según señalan, sentar las bases de una modernización capaz de multiplicar la capacidad exportadora del país.