La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala pusieron en marcha la segunda fase del Plan Centinela en el departamento de Escuintla, según se formalizó este viernes en un acto protocolario celebrado en la sede de la Gobernación Departamental, que contó con la participación de la gobernadora Vivian Mayorga, el subdirector general de Prevención del Delito Pablo Rodríguez y altos mandos policiales.
El despliegue de la Operación “Centinela Escuintla II” incrementará la presencia de uniformados en las rutas, municipios y colonias del departamento, incorporando patrullajes de seguridad 24/7 y operativos permanentes para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir delitos. De manera simultánea, los equipos de investigación continuarán con sus labores en terreno.
Según el Ministerio de la Defensa Nacional, esta acción tiene el objetivo de“ garantizar la paz, el orden público y la seguridad ciudadana” mediante el trabajo coordinado entre las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad civil. Para reportar alertas o denuncias relacionadas, se habilitaron los números 110 y 1561 para atención inmediata.
La Operación “Centinela Escuintla II” fue presentada como un esfuerzo clave para fortalecer la seguridad en el departamento, y el General de Brigada Israel Barrera Rosales destacó la relevancia de ese objetivo al asegurar: “Para nosotros como ejército de Guatemala, es un verdadero honor colaborar con la seguridad que este pueblo necesita”. Remarcó, además, el sentido de pertenencia de los soldados al afirmar que “todos nosotros venimos de áreas muy similares a esta. Nacimos, crecimos y nos desarrollamos dentro de la sociedad guatemalteca”.
Al referirse al Plan Centinela original, el Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional señaló el impacto concreto de la estrategia: “Durante los primeros cuarenta días que tuvo vigencia, fue muy productivo. Se vio cómo la presencia policial y militar en las diferentes calles y avenidas, pero principalmente en los barrios de mayor incidencia criminal, hizo que estos índices bajaran considerablemente”. A raíz de estos resultados, justificó la continuidad del programa: “Eso fue lo que nos impulsó a solicitarla ampliación de ese Plan Centinela inaugural”. Barrera Rosales instó a que “la población escuintleca se acerque al personal militar y policial. Nosotros estamos ahí para apoyarles a cada uno de ustedes”.
En su intervención, el oficial detalló los objetivos de la operación sobre tres ejes: “Este plan se fundamenta en tres pilares, y el primero es la prevención. Pero esa prevención no va a llegar si nosotros no contamos con el apoyo de cada uno, del, de las personas que viven en los diferentes sectores de este, de este pujoso departamento. El segundo es la reacción inmediata, y esa es la razón por la cual estamos nosotros acá, mostrándoles a ustedes que tenemos la capacidad de reaccionar en beneficio de la población escuintleca. Y tercero, que es el más importante, la participación ciudadana, que son los que están viviendo diariamente el flagelo de la delincuencia**”.
Sobre la meta del plan, apuntó que se busca crear “un ambiente de paz y tranquilidad, que permita el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo social en el departamento de Escuintla”, y se despidió enfatizando el llamado a la colaboración: “Trabajemos juntos, trabajemos juntos en beneficio de cada una de las personas que viven en este hermoso departamento”.
La convergencia entre la expansión del crimen organizado y el alza de la violencia posiciona a Escuintla como el segundo departamento más peligroso de Guatemala para el periodo 2025-2026, condicionando el escenario de seguridad nacional. Hoy, los municipios de Siquinalá y la cabecera departamental encabezan la lista de localidades con las tasas más elevadas de homicidios y extorsiones, situación que ha motivado la intervención de las fuerzas de seguridad mediante el Plan Centinela, una respuesta oficial articulada por la Policía Nacional Civil y el Ejército orientada a frenar la influencia de las pandillas y los grupos vinculados al narcotráfico. El contexto demográfico y la fortaleza económica del departamento amplifican el impacto de esta crisis, ya que Escuintla no solo es un enclave productivo sino también uno de los principales focos de denuncias por delitos violentos en el país, según los datos difundidos recientemente.