En su vigésimo quinto aniversario, CONAPREVI, la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres en Guatemala, consolida su papel como eje en la articulación de políticas públicas destinadas a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este organismo, creado para ejecutar medidas estructurales que prevengan y erradiquen la violencia de género, respalda la recuperación de los proyectos de vida de las sobrevivientes y amplía la cobertura institucional con estrategias integrales y especializadas.
En la actualidad, los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS) tienen presencia en 23 departamentos del país, brindando asistencia legal, psicológica y social. Según el titular de la cartera del Interior de Guatemala, Marco Antonio Villeda, la expansión de estos centros busca incrementar la protección y atención especializada gratuita en distintos puntos del territorio. El funcionario subrayó el papel de CONAPREVI como herramienta estatal esencial: “La paz también se construye dentro de los hogares, y la seguridad empieza en la vida cotidiana. En ese sentido, la dignidad no se negocia y la CONAPREVI, es una herramienta del Estado para sostener esa verdad”. Estas palabras, recogidas durante el acto de aniversario, confirman la dimensión institucional del esfuerzo.
La lucha estatal se traduce en justicia especializada para mujeres
Uno de los hitos en materia de avance legislativo ocurrió en 2008 con la aprobación del Decreto 22-2008, Ley contra el Femicidio y la Violencia contra las Mujeres, donde se reconoció que estas agresiones: “son producto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y sus parejas”. Bajo este marco jurídico se consolidó el modelo de atención integral y se instauraron los protocolos de actuación, como explicó la viceministra de Prevención de la Violencia y del Delito, Mayda De León. La funcionaria remarcó la importancia de la coordinación interinstitucional y la sensibilización social como condiciones para “minimizar los impactos y asegurar que las mujeres y sus hijos tengan una vida libre de violencia”.
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El diseño e implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PLANOVI) y el desarrollo de campañas para transformar patrones socioculturales que perpetúan el maltrato son parte central de las estrategias aportadas por CONAPREVI. La representante de Organizaciones de Mujeres, Giovanna Lemus, subrayó que la entidad “ha sido un espacio para la gobernabilidad democrática que coordina y asesora el diseño de estrategias para prevenir, atender, sancionar, resarcir y erradicar el grave problema de la violencia contra las mujeres que es el delito más denunciado en el país”.
El acompañamiento integral sostiene la reconstrucción de proyectos de vida
De acuerdo con la coordinadora senior del área Mujer, Paz y Seguridad de ONU Mujeres, Ana Grace Cabrera, el compromiso estatal es un factor decisivo en la sostenibilidad de los avances. En sus palabras: “El apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia ha sido fundamental para sostener los avances en la construcción de la paz”.
El modelo de los Caimus se distingue por ofrecer acompañamiento multidisciplinario en un entorno seguro, priorizando el acceso de las mujeres a la justicia reparadora y transformadora. La viceministra De León especificó que “la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres ha privilegiado la investigación, el acompañamiento especializado y la búsqueda de la justicia reparadora y transformadora. En ese modelo surgen los Caimus, una herramienta clave para lograr la justicia”.
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Un cambio estructural iniciado en 2000
CONAPREVI fue creada formalmente en el año 2000 mediante el Acuerdo Gubernativo 831-2000, identificándola como mecanismo encargado de ejecutar políticas públicas orientadas a frenar la desintegración familiar y responder a las causas estructurales de la violencia. Desde su constitución, el trabajo de la Coordinadora permitió posicionar el ensañamiento contra las mujeres como una problemática estatal, situando la dignidad, autonomía y el conocimiento de los derechos como pilares centrales de toda intervención institucional.