El pueblo Maya Tz’utujil de Santiago Atitlán departamento de Sololá, intensificó su rechazo a la restitución de Francisco Coché Pablo como alcalde municipal, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala que le otorgó un amparo provisional y permitió su regreso al cargo.
Miles de habitantes bloquearon puntos clave de la localidad, suspendieron actividades comerciales y educativas y llenaron el centro de carteles exigiendo respeto a la voluntad popular, mientras el Instituto Guatemalteco de Turismo recomendó posponer los viajes al municipio ante el riesgo de disturbios.
La tensión ha escalado este lunes, con la decisión de comerciantes del mercado municipal, lancheros, bancos y compradores de café de paralizar labores por decisión propia. El Ministerio de Educación suspendió clases en la localidad por seguridad para los estudiantes. El ambiente de protesta se ha hecho evidente en las calles, donde los manifestantes encendieron neumáticos y bloquearon accesos principales, impidiendo la entrada de Francisco Coché Pablo a la municipalidad.
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Las autoridades ancestrales de Santiago Atitlán declararon: “La reinstalación de Coché es desconocer la voluntad y la dignidad de la comunidad”. Llamaron a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Gobernación a no reprimir las manifestaciones y subrayaron que el retorno de Coché representa una afrenta a la paz social del municipio.
El trasfondo de la destitución y el rechazo social
El conflicto se remonta al 15 de septiembre de 2025, cuando la Autoridad Ancestral del pueblo Maya Tz’utujil y la población celebraron una asamblea convocada legítimamente para decidir sobre la continuidad de Coché Pablo como alcalde. En esa ocasión, la asamblea determinó que el funcionario carecía de legitimidad, señalándolo por presuntos hechos de corrupción y por no atender las demandas ciudadanas que afectan gravemente a la comunidad.
Según la Comisión Ciudadana por la Transparencia de Santiago Atitlán, existen fundamentos legales nacionales e internacionales que avalan el derecho del pueblo Maya Tz’utujil a decidir su propia gobernanza. Mencionan el artículo 141 de la Constitución, que proclama: “La soberanía radica en el pueblo”, y el artículo 66, que exige que el Estado reconozca y promueva las formas de organización social indígena.
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En el comunicado difundido por la Comisión, se resalta el contenido del artículo XXI de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión”, derechos ratificados y protegidos por tratados internacionales suscritos por Guatemala.
Reclamos a instituciones estatales y demandas de respeto
El rechazo del pueblo de Santiago Atitlán no solo se dirige al alcalde restituido, sino también a las instituciones estatales que, según los manifestantes, omitieron hacer valer la voluntad popular expresada en la asamblea. Denuncian que el Tribunal Supremo Electoral, el Concejo Municipal y otras entidades desviaron el criterio legal del respeto a los derechos de los pueblos indígenas y lo redujeron a un procedimiento meramente administrativo bajo el Código Municipal, negando así la validez de las normas del pueblo Tz’utujil.
“Esta omisión constituye una clara violación de los derechos del pueblo Maya Tz’utujil de Santiago Atitlán, ya que en ningún momento accionaron como instituciones para hacer valer la voluntad expresada en la Asamblea Poblacional”, enfatiza la Comisión Ciudadana, instando a mantener la protesta con acciones pacíficas y evitando que el conflicto sea etiquetado como un problema de orden público, con información del diario digital Sololá Informativo.
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