La firma de una abogada de Washington que prometía “milagros” migratorios cerró el 10 de junio tras acumularse demandas de miles de inmigrantes que aseguran haber sido estafados con visas humanitarias falsas. Alexandra Lozano entregó su licencia de forma permanente antes de enfrentar un proceso disciplinario, y negó haber cometido irregularidades.
Las demandas y una investigación de ética legal sostienen que Lozano fabricó historias falsas de abuso doméstico y trata de personas para tramitar visas sin el conocimiento de sus clientes. El Colegio de Abogados del estado de Washington registró su firma en más de 53.000 casos pendientes.
El USCIS la investiga a través de su unidad de fraude, según correos obtenidos por The Associated Press.
Cómo funcionaba el esquema
La firma no ofrecía asesoría legal real, según las demandas. Lozano habría contratado cientos de empleados en Colombia, México y Argentina para atender clientes y gestionar solicitudes, sin que ningún abogado con licencia estadounidense interviniera.
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El proceso seguía un patrón: indagaban en los problemas personales o laborales del cliente, los reencuadraban como abuso y presentaban solicitudes que los clientes jamás revisaron. En algunos casos, copiaron firmas en documentos que los clientes nunca vieron.
Rafael Alvarez, quien trabajó para la firma entre 2022 y 2024 en Colombia, lo describió así a AP: “Alexandra nos decía que por favor inventáramos más información sobre el abuso porque no era abuso real. Había muchos casos que no eran verdad”.
Las visas que explotó el esquema
La firma se especializó en dos programas federales con estándares de prueba más flexibles, lo que los hace más accesibles para víctimas reales, pero también más vulnerables al abuso:
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- Ley de Protección a Víctimas de Trata y Violencia de 2000 (visas T)
- Ley de Violencia contra la Mujer de 1994 (VAWA), que también cubre a hombres
Los clientes obtenían permisos de trabajo con rapidez, pero años después sus casos no resistían el escrutinio al solicitar la residencia permanente.
Lo que vivieron las víctimas
Gabriel Martinez Garcia, 30 años: pagó USD 30.000. Su madre terminó en proceso de deportación pese a estar casada con un ciudadano naturalizado. “Creímos en ella y luego simplemente nos falló”, dijo a AP.
Erika Sánchez y su esposo pagaron USD 32.000 y firmaron hojas en blanco. La solicitud de su esposo contenía afirmaciones falsas de que su hija adolescente lo había abusado. Él está en proceso de deportación. “Realmente creímos que estaba haciendo lo correcto”, declaró al mismo medio.
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Nora Murillo Moreno se enteró de las falsedades el día anterior a su entrevista para la tarjeta de residencia: “¿Digo lo que realmente pasó o lo que está escrito? Sabía que las cosas no coincidían”.
La posición de la defensa
El abogado Angelo Calfo, quien representa a Lozano, sostuvo que los clientes tenían la responsabilidad de revisar sus solicitudes antes de firmar y los responsabilizó por cualquier declaración falsa. En un comunicado citado por AP afirmó: “La práctica de Alexandra siempre ha sido luchar por sus clientes, perseguir con determinación cada opción legal disponible para ellos”.
El impacto en cifras
Entre los años fiscales 2020 y 2025, las solicitudes de visa por abuso doméstico pasaron de casi 15.000 a más de 53.000 por año. Las de trata de personas saltaron de alrededor de 1.000 a más de 37.000 en el mismo período, según datos del USCIS.
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La administración Trump reformó los programas humanitarios en diciembre en los que alegó “fraude generalizado”, sin presentar más pruebas. Los cambios incluyen definiciones más estrechas de abuso y mayor peso a la evidencia aportada por los propios agresores.
Cecelia Levin, abogada de la Alliance for Immigrant Survivors, advirtió a AP que endurecer el acceso perjudica a las víctimas reales y que la respuesta correcta es aplicar la ley contra los abogados que cometen fraude.
El estado judicial del caso
Demanda por negligencia legal que busca compensación económica
- Demanda colectiva para recuperar honorarios pagados.
- Investigación federal activa del USCIS.
- Demandas contra al menos dos firmas en Texas y Ohio acusadas de replicar las tácticas de Lozano, lo que ambas niegan.
Cientos de exempleados acudieron a consultas con abogados voluntarios en Washington y Oregón. El abogado Vicente Omar Barraza advirtió a AP que muchos aún desconocen qué escribió la firma en sus solicitudes y que perdieron vías viables para regularizar su situación.
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Señales de alerta para inmigrantes
- El abogado promete resultados garantizados o usa términos como “milagros”.
- Te piden firmar hojas en blanco o documentos sin leer.
- La asesoría la brindan personas sin licencia en Estados Unidos.
- No te muestran la solicitud antes de presentarla.
- Te enterás de los detalles de tu caso en vísperas de entrevistas o audiencias.
- Los honorarios son muy elevados y el proceso parece demasiado sencillo para tu situación.