Una jueza federal de Washington, Beryl Howell, bloqueó de forma temporal la medida de la administración de Donald Trump que, a partir del 1 de julio, establecería topes más bajos para los préstamos estudiantiles federales dirigidos a quienes quedan excluidos en la definición modificada de “título profesional”, limitada a ciertos posgrados en 11 campos, entre ellos derecho, medicina, odontología y teología.
La decisión frena la aplicación de los nuevos límites: los préstamos para estudiantes matriculados en programas de grado profesional, como las facultades de Derecho y de Medicina, quedarían restringidos a USD 50.000 al año y a USD 200.000 en total, mientras que para otros estudios de posgrado el tope sería de USD 20.500 anuales y un máximo de USD 100.000 acumulado.
Según CNBC, hasta ahora, los estudiantes de posgrado podían pedir prestado hasta cubrir el costo total de asistencia. La ley aprobada por el Congreso en julio de 2025 eliminó uno de los préstamos que permitía ese financiamiento sin tope y estableció nuevos límites para otra línea crediticia federal.
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La jueza sostuvo que el Departamento de Educación no podía reducir la definición vigente desde 2007
La jueza del distrito de Estados Unidos en Washington falló a favor de ocho asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Estadounidense de Enfermeras Especializadas (AANP) y la Asociación de Educación de Asistentes Médicos (PAEA), que habían pedido impedir la entrada en vigor de la regla.
La demanda había sido presentada después de que el departamento publicara la regla el 1 de mayo para aplicar los nuevos topes aprobados por el Congreso de mayoría republicana.
Los demandantes sostuvieron, citados por CNBC, que la norma definía de manera “arbitraria y caprichosa” qué debía entenderse por grado profesional y que esa decisión tenía “consecuencias profundas” para los campos excluidos, por ejemplo, enfermería y educación.
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En consecuencia, la magistrada escribió que, cuando el Congreso sancionó en 2025 la ley fiscal y de gasto conocida como One Big Beautiful Bill, adoptó de forma expresa una definición regulatoria de larga data sobre los títulos profesionales que el propio departamento utilizaba desde 2007.
De acuerdo con Reuters, Howell explicó: “Al adoptar la definición preexistente tal como estaba vigente en una fecha específica, el Congreso eliminó cualquier autoridad discrecional que el Departamento pudiera haber tenido para restringir la definición con el fin de determinar los límites de los préstamos federales”.
Con ese criterio, la jueza concluyó que la regla contravenía con la Ley de Procedimiento Administrativo y debía ser anulada antes de que entrara en vigor. Así, la orden judicial suspendió la definición de “grado profesional” elaborada por la administración Trump.
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Sin embargo, Howell no accedió al pedido más amplio de bloquear la aplicación general de los nuevos límites a los préstamos de posgrado. La jueza señaló que no podía resolver la “frustración principal” de los demandantes por la decisión del Congreso de poner fin al endeudamiento sin tope.
El fallo beneficia a estudiantes de enfermería, salud pública, educación y terapia familiar
Skye Perryman, presidenta ejecutiva de Democracy Forward, el grupo legal que representó a los demandantes, dijo en un comunicado que la decisión beneficiará a quienes buscan carreras en enfermería, salud pública, educación y terapia matrimonial y familiar: “Estos son servicios clave que el gobierno federal debería apoyar dando la bienvenida a quienes deseen acceder a ellos, en lugar de crear barreras para un apoyo vital”.
La presidenta de la AANP, Valerie Fuller, declaró en un comunicado citado por Bloomberg: “Este es un paso importante para los estudiantes de enfermería especializada, así como para la futura fuerza laboral del sector salud y los pacientes que dependen de ellos para acceder a la atención médica”.
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Por su parte, el Departamento de Educación aseveró a través de su portavoz que está “revisando la orden y tomará las medidas oportunas”. Previamente, había defendido los topes al crédito como una herramienta necesaria para alentar a las universidades a contener sus costos, precisó Reuters.