Miles de cubanos deportados por Estados Unidos a México atraviesan condiciones de precariedad, abandono y riesgo, según informes recientes de Human Rights Watch, Miami Herald, CNN y Los Angeles Times.
Estas personas, en su mayoría con décadas de residencia en Estados Unidos, han quedado atrapadas en ciudades del sur mexicano tras ser expulsadas bajo acuerdos informales entre ambos gobiernos, sin acceso a servicios básicos ni vías legales claras para regularizar su situación.
Quiénes son los deportados y por qué están en México
La mayoría de los cubanos deportados tenían residencia legal en Estados Unidos y vivieron allí durante años o décadas. Según Human Rights Watch, “la ausencia de acuerdos de deportación con Cuba implicaba que estas personas no podían ser deportadas a su país de origen. En cambio, se les permitió continuar con sus vidas en Estados Unidos, y muchos llegaron a creer que nunca serían deportados”.
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El endurecimiento de la política migratoria bajo la segunda administración de Donald Trump cambió esa dinámica, con consecuentes detenciones masivas y expulsiones. La Organización de Derechos Humanos se encargó de recopilar 15 testimonios de las personas afectadas.
“Nos están abandonando aquí a morir. No hay ayuda; no podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada... ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar la renta?”, declaró Harold, de 58 años, deportado en febrero de 2026, en entrevista con Human Rights Watch.
Asimismo, los datos revelaron que solo el 16 % de los cubanos deportados tenía condenas por delitos violentos. El resto perdió la residencia por delitos menores.
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Condiciones durante la detención y el traslado
Previo a la deportación, los migrantes pasaron meses en centros de detención en Estados Unidos, donde describieron escenarios de hacinamiento, alimentación insuficiente y acceso limitado a atención médica. Human Rights Watch documentó “condiciones inhumanas de detención en centros de detención migratoria en Estados Unidos que forman parte de un patrón más amplio”.
Fermín, de 52 años, relató: “El agua [está] contaminada, la comida cruda… Vi a mucha gente enfermarse. [Yo] tenía que estar acostado todo el tiempo en mi cama, no podía estar de pie porque tenía náuseas”.
Alejo, de 50 años, afirmó: “Estuve 15 días detenido en el hoyo, una celda de castigo, donde no ves la luz del sol”. Algunos entrevistados reportaron violencia física, verbal y haber presenciado muertes por falta de atención médica.
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Llegada a México: limbo legal y violencia
Ya en México, los deportados llegan a ciudades como Tapachula y Villahermosa, donde el acceso a refugio, salud o trabajo resulta casi inexistente.
“Al no ofrecer a las personas cubanas y a otros nacionales de terceros países un acceso efectivo al refugio o a vías alternativas para obtener la residencia permanente, y al continuar aceptando deportaciones, México los está condenando, de hecho, a un limbo legal indefinido”, advierte el informe de Human Rights Watch.
Emiliano, de 47 años, contó: “Nos dejaron en un autobús a las 11 de la noche… [los cárteles] podrían haberme matado”. Javier, de 62 años, describió: “Estoy durmiendo en la calle. Como un perro”.
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Obstáculos legales y para el acceso a la salud
La única alternativa para regularizar su estancia suele ser iniciar un proceso de refugio, que implica múltiples trabas burocráticas y tecnológicas. Una colaboradora de una ONG explicó a Human Rights Watch: “Un gran número de personas abandona sus solicitudes... Los solicitantes deben presentarse cada 15 días en una oficina de migración después de iniciar el proceso. A veces no pueden hacerlo y las autoridades cierran el caso”.
La atención médica representa un desafío mayúsculo. Ernesto, de 83 años, perdió acceso a su pensión privada tras la deportación. Miguel Ángel, de 67 años, detalló: “Me quedé sin insulina… porque es muy cara, demasiado cara… No tuve nada para tratar mi diabetes durante dos días y, al tercer día, empezó a fallarme la vista”.
Separación familiar y consecuencias emocionales
La deportación ha provocado rupturas familiares profundas. Mario, de 59 años, separado de su esposa, hijos y nietos estadounidenses, confesó: “A veces yo lloro por las noches. No quiero ni hablar de eso [de su familia] porque me hace llorar. Hablar duele”.
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Las afectaciones emocionales son generalizadas. Matías, de 68 años, dijo: “Quiero comer y no puedo… Quiero dormir y no puedo dormir”. Muchos entrevistados describieron ansiedad, insomnio y depresión tras ser expulsados.
Las personas fueron detenidas en sus citas de rutina con ICE, en sus trabajos o viviendas, y trasladadas abruptamente a México. Casi ninguno pudo impugnar su deportación ante un juez o exponer su temor a ser enviado a un país desconocido.
Según los informes, las autoridades mexicanas no estarían ofreciendo ningún apoyo institucional a estas personas. Mientras, organizaciones y jueces federales estadounidenses reclaman cumplir con leyes nacionales e internacionales sobre migración y asilo, y garantizar transparencia y protección humanitaria en los procedimientos de deportación.
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