Inmigrantes en los Estados Unidos optaron en los últimos meses por desistir de sus procesos migratorios y solicitar la salida voluntaria del país.
Entre enero de 2025 y marzo de 2026, los jueces de inmigración emitieron más de 80.000 órdenes de salida voluntaria, un incremento atribuido a los cambios en la aplicación de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump, según The Washington Post citado por CitizenPath.
De quienes aceptaron la salida voluntaria, más del 70 % permanecía bajo detención al tomar esa decisión, según The Washington Post. Esta vía legal permite a los solicitantes evitar las consecuencias más drásticas de una deportación formal.
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Organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que la mayoría no abandona el país por decisión propia, sino motivada por el temor a una detención prolongada, la falta de asistencia legal o la percepción de que no recibirán un juicio imparcial.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó recientemente la postura del gobierno sobre el alcance limitado de los tribunales para revisar la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS), concedido a nacionales de Haití y Siria.
Este fallo podría impactar a cientos de miles de titulares actuales y establecer precedentes para futuras decisiones migratorias.
Las políticas y tácticas que impulsan la salida voluntaria
Durante la presidencia de Donald Trump, la administración promovió políticas de autodeportación y salida voluntaria como parte de su estrategia migratoria, según CitizenPath.
Entre los elementos que explican este aumento figuran mensajes difundidos en centros de detención, la prolongación de los periodos de privación de libertad, restricciones para solicitar fianza y una mayor presión sobre los tribunales migratorios.
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Una decisión de salida voluntaria puede generar la separación de familias, interrumpir de manera definitiva trámites de protección y restringir el reingreso futuro a Estados Unidos.
CitizenPath destaca la importancia de que los inmigrantes comprendan plazos, sanciones y consecuencias migratorias de largo plazo antes de optar por esta alternativa.
Cambios administrativos recientes y regulación migratoria
El Departamento de Estado inició la revisión de más de 50 consulados mexicanos en territorio estadounidense, lo que podría derivar en cierres o modificaciones en los servicios, aunque hasta el momento no hay anuncios concretos.
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Paralelamente, el gobierno puso fin a la suspensión temporal de trámites migratorios para médicos extranjeros, lo que puede favorecer su incorporación en zonas con déficit sanitario. No obstante, solicitantes de otros países continúan enfrentando retrasos, según CitizenPath.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estableció una regla provisional con nuevas tarifas aprobadas por el Congreso (HR 1), que afecta solicitudes de asilo, consecuencias económicas anuales y restricciones al permiso de trabajo bajo TPS, entre otros procesos.
A partir del 29 de mayo de 2026, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) rechaza solicitudes de reemplazo del Formulario I-102 si no incluyen la tarifa correcta.
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Desde el 27 de abril de 2026, exige comprobaciones ampliadas del FBI en varios trámites, lo que puede causar demoras en el acceso a beneficios migratorios mientras se completan las verificaciones.
Fallos judiciales y nuevas tendencias en la aplicación de la ley
El fallo reciente del Tribunal Supremo limita la facultad de los tribunales federales para revisar la cancelación del TPS para haitianos y sirios, lo que puede dejar a cerca de 350.000 personas en riesgo de perder protección, según Reuters.
La Cámara de Representantes aprobó una extensión del TPS para haitianos por tres años, con 224 votos a favor y 204 en contra, aunque la decisión final corresponde al Senado.
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En el terreno judicial, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) resolvió en el caso Matter of Santiago-Santiago que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) no es suficiente para cerrar un proceso de remoción. Los jueces deberán considerar la postura del DHS y otros elementos antes de resolver estos expedientes.
La administración Trump intensificó los procesos de denaturalización, con investigaciones sobre 384 ciudadanos naturalizados sospechosos de fraude, según CitizenPath.
El programa “gold card” exige una inversión de USD 1.000.000 y estrictos controles de antecedentes; hasta la fecha, solo un solicitante fue aprobado, indica el secretario de Comercio Howard Lutnick.
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Casos judiciales, supervisión y operativos federales
El Tribunal Supremo examina el caso Blanche v. Lau, que determinará si agentes migratorios pueden tratar a residentes permanentes legales como aspirantes a ingreso tras la imputación de delitos. El veredicto está previsto para junio.
En Minnesota, fiscales acusaron al agente de ICE Gregory Morgan Jr. de presunta agresión armada fuera de servicio, renovando el escrutinio sobre la actuación de las agencias federales.
La agencia ICE, por su parte, desarrolla operativos enfocados en redes de “turismo de nacimiento”, centrados en la facilitación fraudulenta de viajes con el fin de dar a luz en suelo estadounidense, pese a que el nacimiento en sí no constituye delito.
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El director de USCIS, Joseph Edlow, notificó la revisión de autorizaciones de beneficio migratorio emitidas en años previos ante sospechas de fraude, con colaboración de ICE y CBP para reforzar los controles.
El boletín de visas de mayo de 2026 introduce ajustes en los plazos de acción final y fechas de presentación para procesos familiares y laborales, según CitizenPath.
El próximo dictamen sobre el TPS para haitianos será determinante para miles de familias en Estados Unidos en los meses venideros.