La creciente presión migratoria en Estados Unidos ha disparado el miedo y la vulnerabilidad de millones de inmigrantes indocumentados, quienes ahora se ven expuestos a un escenario donde las estafas proliferan y las posibilidades de deportación se acentúan. Abogados especialistas advierten que el endurecimiento de la política migratoria ha colocado a muchas personas al borde del abismo, enfrentando riesgos económicos y legales que antes parecían menos inminentes. El ambiente de incertidumbre y temor ha creado un terreno fértil para la aparición de fraudes, aprovechando la desesperación de quienes buscan permanecer en el país.
A este clima de inseguridad contribuyó la finalización de las salvaguardias del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños el 8 de septiembre del año pasado. Miles de inmigrantes de Honduras, algunos con más de tres décadas en territorio estadounidense y con hijos nacidos en el país, quedaron atrapados en la incertidumbre tras el término de este amparo humanitario. El TPS, que fue otorgado inicialmente por razones humanitarias tras el paso del huracán Mitch en 1998, benefició a 72,000 hondureños y 6,000 nicaragüenses, brindándoles protección contra la deportación y permisos temporales de empleo. Sin embargo, tras su conclusión, muchos se enfrentan a la amenaza real de ser expulsados de Estados Unidos y perder todo lo que han construido durante años.
La experiencia de quienes buscan regularizar su situación migratoria refleja el impacto devastador de las estafas. Joel, nombre ficticio de un hondureño con TPS, narra cómo la desesperación lo llevó a considerar una oferta dudosa que circulaba en redes sociales: “Vi una abogada en Los Ángeles que cobraba 2.500 USD por la residencia, pero era falso”. Este tipo de campañas, que se propagan especialmente en WhatsApp, ofrecen servicios migratorios a precios irrealmente bajos para atraer a víctimas. Joel relata también que, a pesar de buscar asesoría legítima, se encuentra a diario con ofertas fraudulentas que prometen quedarse en el país, pero terminan por vaciar los bolsillos de los inmigrantes: “La gente paga 8.000 USD, 10.000 USD o hasta 18.000 USD y pierde todo, incluso la esperanza de permanecer legalmente”.
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El retorno voluntario tampoco es sencillo. Muchos inmigrantes, como Joel, desean regresar a sus países llevándose sus pertenencias, pero las restricciones administrativas y la suspensión de licencias para conducir camiones hacen prácticamente imposible la salida ordenada. El documento conocido como CDL (Commercial Driver License) es solo temporal para quienes tienen TPS, y cualquier control policial puede derivar en detención y deportación inmediata por parte de los agentes de inmigración.
Un fenómeno reciente agrava la situación: el uso de inteligencia artificial para suplantar la identidad de abogados y crear anuncios falsos en internet. El caso del abogado Ángel Leal en Florida es ilustrativo; su imagen y voz fueron replicadas mediante inteligencia artificial para generar campañas fraudulentas que pedían pagos y documentos confidenciales a cambio de servicios inexistentes. Esta modalidad sofisticada dificulta aún más la detección del fraude y deja a las víctimas indefensas, sin recursos para recuperar su dinero o defender sus derechos migratorios.
Para María Bilbao, vocera del American Friends Service Committee en Miami, la gravedad del problema radica en la combinación de abuso, engaño y falta de herramientas efectivas para proteger a los migrantes. Menciona que los recursos jurídicos como el ‘habeas corpus’ son ofrecidos a precios elevados —entre 6.000 USD y 10.000 USD— a personas desesperadas, aunque no siempre son útiles para detener deportaciones. Expertos como el abogado Ezequiel Hernández aclaran que el ‘habeas corpus’ solo sirve para reclamar la libertad ante detenciones indebidas, pero no impide necesariamente la deportación cuando existe una orden judicial previa.
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Ante la magnitud del fraude migratorio, las recomendaciones de los abogados son claras: siempre que exista duda, buscar asesoría en persona y evitar iniciar trámites a través de canales poco confiables como WhatsApp. El abogado Jaime Barrón sugiere verificar siempre la legitimidad de los profesionales y desconfiar de pagos inmediatos o métodos poco convencionales. La utilización de organizaciones reconocidas, como Catholic Charities, aunque limitadas por recortes de fondos, puede ofrecer orientación veraz y evitar engaños costosos.
No solo los migrantes son víctimas, sino que algunos también incurren en fraude al mentir en sus trámites o exagerar los hechos para obtener beneficios. La abogada Lilia Velásquez advierte que la ley es clara: quien miente o presenta información falsa queda inhabilitado para cualquier beneficio migratorio. Además, la saturación de expedientes tanto en cortes migratorias como en el Servicio de Inmigración ha propiciado maniobras fraudulentas, como la presentación de solicitudes falsas de asilo para ganar tiempo, lo que puede derivar en órdenes de deportación sin que los solicitantes sean plenamente conscientes.
Las autoridades y organizaciones oficiales insisten en la importancia de estar informados y actuar con cautela. La USCIS recomienda consultar únicamente a abogados o representantes autorizados y denunciar cualquier intento de fraude a la Comisión Federal de Comercio (FTC) o a las autoridades locales. El acceso a información verificada y la denuncia de mensajes sospechosos pueden marcar la diferencia entre conservar los derechos adquiridos o perderlos por una estafa.
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