El tiroteo que el sábado obligó a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al vicepresidente JD Vance y a varios altos funcionarios de su Gobierno durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) reabrió el debate sobre los protocolos de seguridad presidencial y la protección de la línea de sucesión en actos públicos de alta exposición.
El episodio, ocurrido en el hotel Hilton de Washington, puso bajo escrutinio el operativo desplegado para uno de los eventos políticos y mediáticos más relevantes del calendario de la capital estadounidense. A la cena asistieron, además de Trump y la primera dama, Melania Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.
También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard; y el director del FBI, Kash Patel, entre otros funcionarios que integran la línea de sucesión presidencial.
Las críticas no tardaron en aparecer. El congresista demócrata por Nueva York Ritchie Torres fue una de las voces más duras contra el dispositivo de seguridad del evento y apuntó directamente a la falta de controles.
“No se requirió ningún control de seguridad para acceder a un evento en el que participaron el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, miembros del Gabinete y otros funcionarios en la línea de sucesión”, escribió Torres en redes sociales.
Sus declaraciones no solo apuntaron a la seguridad dentro del recinto, sino también a una cuestión institucional de mayor alcance: la concentración simultánea de buena parte del poder ejecutivo y legislativo en un mismo lugar.
El debate remitió al sistema del “superviviente designado”, un protocolo que Estados Unidos aplica tradicionalmente durante el discurso sobre el Estado de la Unión. En ese caso, un miembro del Gabinete permanece en un lugar seguro y no revelado para garantizar la continuidad del Gobierno ante un eventual atentado masivo en el Capitolio.
La presencia casi completa del Gabinete en la cena anual de corresponsales despertó cuestionamientos similares. Desde el Partido Republicano también surgieron reparos. El congresista por Texas Michael McCaul planteó la necesidad de revisar la conveniencia de que el presidente y el vicepresidente compartan este tipo de eventos.
“Creo que el Servicio Secreto debería reconsiderar la idea de reunir al presidente y al vicepresidente en un evento de ese tipo”, afirmó McCaul en una entrevista con CNN.
En contraste, el fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la respuesta oficial y destacó la rapidez con la que actuó el Servicio Secreto frente al incidente. En declaraciones a CBS, Blanche sostuvo que la administración Trump no modificará su participación en actos públicos como la cena de corresponsales.
El funcionario subrayó además la detención de Cole Allen, identificado como el hombre que intentó ingresar armado al salón de baile donde se desarrollaba la cena.
El episodio también abrió un nuevo frente de discusión sobre los controles de acceso al hotel. Diversas figuras políticas y analistas cuestionaron que el operativo contara con un único control centralizado en el vestíbulo, y reclamaron la implementación de varios anillos de seguridad para un acto que reúne a la máxima dirigencia política del país.
La discusión cobró mayor relevancia luego de que el propio Trump expresara su intención de volver a celebrar la cena dentro de un mes, lo que incrementó la presión sobre el Servicio Secreto y el Departamento de Seguridad Nacional para revisar el esquema vigente.
En el Congreso, el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, informó este domingo que solicitó una sesión informativa con el Servicio Secreto para recibir detalles sobre el incidente.
Comer vinculó además el episodio con la situación presupuestaria del Departamento de Seguridad Nacional, que permanece en cierre parcial desde febrero por la falta de acuerdo en el Congreso. Según explicó, la parálisis responde al bloqueo impulsado por los demócratas en rechazo a las políticas migratorias del Gobierno de Trump, una disputa que ahora suma la presión derivada del incidente de seguridad ocurrido en Washington.
(Con información de EFE)