La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos exigiera prueba de ciudadanía o estatus legal para abrir cuentas bancarias generó inquietud en millones de familias y transformó el acceso financiero para la comunidad inmigrante. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la administración del presidente Trump finalizó una orden ejecutiva que impuso esta condición en todo el sistema financiero nacional, según el canal de noticias N+ Univisión.
Hasta la emisión de la orden, los bancos no requerían que los clientes demostraran ciudadanía o estatus legal para acceder a servicios, lo que permitía a millones operar dentro del sistema financiero. El cambio provocó que millones de inmigrantes, especialmente indocumentados, perdieran la posibilidad de abrir o mantener cuentas bancarias.
Gobierno federal endureció el acceso bancario
El anuncio del secretario del Tesoro, transmitido por N+ Univisión, indicó que la orden ejecutiva llegó a la última etapa antes de su emisión formal. La iniciativa instruyó a los bancos a verificar la ciudadanía estadounidense o el estatus migratorio legal —como residencia permanente o visa de trabajo— para cada cliente, tanto en la apertura como en el mantenimiento de cuentas.
Scott Bessent afirmó: “El texto de la orden está listo para su promulgación”. Aunque inicialmente se consideró aceptar pruebas de residencia legal, la versión final se centró exclusivamente en la ciudadanía, lo que generó preocupación entre residentes legales y titulares de visas, quienes quedaron fuera si la orden no contempló excepciones.
Esta medida “afectó tanto a personas sin documentos como a quienes poseían residencia legal”, advirtió una organización civil consultada por la cadena de televisión en español, ya que el requisito se limitó únicamente a la ciudadanía.
La administración Trump afirmó que la medida buscó fortalecer la seguridad y combatir delitos financieros, aunque no presentó datos concretos sobre los efectos de la exclusión bancaria en la economía o en la integración social de los inmigrantes.
Impacto en inmigrantes y vida cotidiana
La medida eliminó el acceso al sistema bancario para los inmigrantes indocumentados, quienes ya enfrentaban dificultades para abrir cuentas con la normativa previa. Comunidades latinas y asiáticas expresaron temor e incertidumbre tras el anuncio.
Hasta el cambio, las entidades financieras solicitaban información básica: nombre, dirección, fecha de nacimiento y un número de identificación fiscal. No se exigía comprobar el estatus migratorio, por lo que muchas personas utilizaban pasaportes extranjeros o ITINs (número de identificación personal del contribuyente del IRS) para acceder a servicios bancarios.
La exigencia de prueba de ciudadanía dejó fuera del sistema a quienes no presentaron documentos estadounidenses, como pasaporte o certificado de naturalización. Por ejemplo, residentes con green card o titulares de visas buscaron alternativas fuera del sistema bancario formal.
Expertos señalaron que millones de personas operaron únicamente en efectivo, con mayores riesgos de pérdida, robo y estafas. Además, quedaron excluidos de servicios financieros básicos como cuentas de ahorro, tarjetas de débito o acceso a créditos.
Reacción social y dudas sobre la puesta en marcha
La medida provocó preocupación no solo entre migrantes, sino también en sectores financieros y defensores de derechos civiles. Voceros de organizaciones comunitarias advirtieron que la disposición causó efectos negativos en la estabilidad económica de familias y en la seguridad pública, al incentivar prácticas informales.
La falta de aclaración oficial sobre posibles excepciones para residencia legal incrementó la inquietud en la comunidad migrante, que exigió mayor claridad y garantías para quienes poseían documentos legales pero no eran ciudadanos.
El proceso de implementación generó varias incógnitas. Para permitir a los bancos verificar la ciudadanía, fue necesario adaptar sistemas y capacitar al personal, lo que produjo demoras y mayores costos operativos. La mitad de la población estadounidense no poseía pasaporte, complicando el cumplimiento del requisito incluso para ciudadanos.
Consultores legales recomendaron que cualquier persona a la que se le negara la apertura de una cuenta por falta de ciudadanía solicitara al banco una justificación formal y en caso de duda, buscara asesoría jurídica especializada.
Contexto normativo y antecedentes
Hasta la orden, la ley estadounidense permitía abrir una cuenta bancaria con la documentación requerida por el programa de identificación del cliente (CIP), sin necesidad de probar ciudadanía. Este marco facilitó la inclusión financiera mediante el uso de pasaportes extranjeros, visas o ITINs.
La nueva disposición alineó la política bancaria con las prioridades migratorias del gobierno federal. Intentos previos de endurecer los requisitos bancarios en Estados Unidos no prosperaron por la resistencia de la industria financiera, que temía perder millones de clientes y sobrecargar sus sistemas internos.