El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 13 de marzo de 2026 una reducción del 80% en la tarifa para renunciar a la ciudadanía estadounidense, estableciéndola en USD 450 a partir del 13 de abril de 2026. La medida afecta a todos los ciudadanos estadounidenses que realicen el trámite ante autoridades consulares fuera del país y permitirá el acceso a este procedimiento que, durante una década, mantuvo uno de los costos más elevados a nivel global. La decisión responde a revisiones de política pública y demandas legales sobre la proporcionalidad del cobro, según el documento oficial publicado en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos.
La nueva tarifa fue publicada por el Departamento de Estado en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos, y representa una modificación de la normativa vigente desde 2015, cuando el costo para renunciar a la ciudadanía se incrementó de USD 450 a USD 2.350. El texto de la nueva regla detalla que la reducción busca “disminuir la carga económica” para los solicitantes del Certificado de Pérdida de Nacionalidad, el documento que oficializa la renuncia. De acuerdo con la información oficial, la tarifa previa cubría los costos administrativos incrementados por el mayor volumen de solicitudes desde la década de 2010.
El contexto de este cambio incluye el crecimiento de solicitudes de renuncia en los últimos años, motivado en parte por la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, legislación federal estadounidense), que exige que ciudadanos estadounidenses informen sobre sus activos en el extranjero. El Departamento de Estado reportó que entre 2010 y 2014 las solicitudes se triplicaron, pasando de menos de mil a más de 3.000 cada año. El aumento de la tarifa en 2015 generó cuestionamientos y acciones legales, lo que finalmente derivó en la revisión anunciada este año.
Entrada en vigor de la nueva tarifa y requisitos para quienes inicien el trámite
El Departamento de Estado estableció que la reducción de la tarifa será efectiva desde el 13 de abril de 2026. El anuncio, realizado en el Federal Register el 13 de marzo de 2026, comunica que el nuevo monto se aplicará a todos los trámites iniciados a partir de esa fecha en embajadas y consulados de Estados Unidos en el exterior. Según la norma publicada, quienes hayan solicitado su cita consular antes del 13 de abril de 2026 deberán abonar la tarifa anterior de USD 2.350. Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses interesados en renunciar a la nacionalidad consultar la página oficial de la institución y contactar a la embajada o consulado más cercano para programar una cita. A partir del 13 de abril de 2026, la tarifa aplicable será de USD 450, mientras que los trámites previos a esa fecha seguirán sujetos al monto anterior.
De acuerdo con la publicación oficial, “el Departamento de Estado ha determinado que la tarifa de USD 2.350 excedía la carga razonable para los solicitantes y que un monto de USD 450 es suficiente para cubrir los costos esenciales del servicio”. Esta modificación regresa la tarifa al valor vigente hasta 2015, cuando el gobierno federal decidió incrementarla ante el alza de trámites y la complejidad administrativa.
Impacto de la reducción, alcance de la medida y cifras de renuncias
La reducción afecta a todos los ciudadanos estadounidenses que, residiendo en el exterior o por decisión personal, decidan finalizar formalmente su vínculo de nacionalidad. El proceso debe realizarse ante un funcionario consular de Estados Unidos fuera del territorio del país. La medida busca eliminar un obstáculo económico que, según el Departamento de Estado, ha sido motivo de reclamos de ciudadanos y organizaciones.
Según cifras oficiales, entre 2010 y 2014 el número de personas que solicitaron el Certificado de Pérdida de Nacionalidad pasó de 956 a 3.436. El Departamento de Estado calcula que en la última década un promedio de 4.661 personas al año inicia el trámite, cifra que se ha mantenido estable incluso tras el incremento inicial de la tarifa. El reporte señala que “la reducción del monto permitirá mayor accesibilidad al procedimiento y responde a peticiones recibidas en procesos administrativos y judiciales”.
Procedimiento para renunciar a la ciudadanía estadounidense
El proceso administrativo para renunciar a la ciudadanía permanece sin cambios sustantivos tras la reducción de la tarifa. Según la información oficial publicada por el Departamento de Estado, los pasos son los siguientes:
- Solicitar cita en una embajada o consulado de Estados Unidos fuera del país.
- Presentarse en persona ante un funcionario consular, llevar la documentación requerida y manifestar la voluntad de renunciar a la ciudadanía.
- Firmar los formularios previstos y declarar, de manera escrita y verbal, que se comprenden las consecuencias legales y fiscales del acto.
- Esperar la revisión y validación del trámite por parte de la autoridad consular.
- Recibir el Certificado de Pérdida de Nacionalidad, documento que certifica la renuncia formal.
El Departamento de Estado señaló en la normativa oficial que “la tarifa reducida de USD 450 cubre únicamente los costos administrativos directos del trámite y no representa el costo total del proceso para el gobierno federal”.
Justificación del incremento en 2015 y motivos de la reducción actual
En 2015, el Departamento de Estado aumentó la tarifa de USD 450 a USD 2.350 para cubrir los costos administrativos derivados del aumento en las solicitudes y la complejidad asociada a la revisión de cada caso. El crecimiento de trámites se atribuye, en parte, a la entrada en vigor de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, legislación federal estadounidense), que exige a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero informar sobre cuentas y activos fuera del país.
El documento oficial publicado en el Federal Register, el boletín oficial del gobierno federal de Estados Unidos, señala que la decisión de reducir la tarifa responde a la revisión de los costos reales del proceso y a la necesidad de garantizar el acceso equitativo al derecho de renuncia. El texto indica: “El Departamento de Estado concluyó que mantener la tarifa previa representaba una barrera desproporcionada y no necesaria”. La norma también expone que el cambio fue resultado de consultas públicas y análisis de impacto presupuestario.
Impacto fiscal de la reducción de la tarifa y financiamiento del trámite
El Departamento de Estado estima que la reducción de la tarifa disminuirá la recaudación anual en aproximadamente USD 8,9 millones, monto que representa una fracción mínima del presupuesto federal. El dinero recaudado por este concepto se deposita en el Tesoro de Estados Unidos y no se asigna directamente a las operaciones consulares.
El análisis de impacto fiscal incluido en la publicación oficial señala que “la diferencia entre el costo real y la tarifa cobrada será cubierta por asignaciones presupuestarias generales”. El Departamento explicó que la medida busca equilibrar la necesidad de recuperar costos con el principio de acceso efectivo a los derechos ciudadanos.
Proceso y obligaciones posteriores a la renuncia
El procedimiento de renuncia, los requisitos de comparecencia personal y la documentación necesaria se mantienen sin modificaciones. El solicitante debe acudir en persona a una representación diplomática o consular, firmar los formularios previstos y declarar haber entendido las consecuencias legales y fiscales del acto.
El Departamento de Estado recuerda en su publicación oficial que la renuncia a la ciudadanía puede implicar consecuencias fiscales, entre ellas el posible pago de un exit tax para ciertos contribuyentes clasificados como expatriados cubiertos bajo la legislación vigente. Estas obligaciones subsisten más allá del pago de la tarifa administrativa y requieren consulta adicional con autoridades tributarias.
Comparación internacional de la tarifa
Según datos del propio Departamento de Estado incluidos en la normativa publicada, la tarifa de USD 2.350 era la más alta entre países desarrollados para trámites de renuncia de ciudadanía. El nuevo monto de USD 450 la sitúa en niveles comparables a los de Canadá, Reino Unido y otros estados miembros de la OCDE, donde el costo oscila entre USD 100 y USD 500.
La publicación en el Federal Register destaca que la revisión de la tarifa se basó en un análisis comparativo internacional y en la necesidad de armonizar el acceso a los derechos ciudadanos con los estándares globales de equidad y proporcionalidad.