EEUU condenó las nuevas órdenes de arresto de Hong Kong contra 19 activistas opositores en el extranjero

El gobierno de Estados Unidos condenó este sábado una nueva ronda de órdenes de arresto emitidas por las autoridades de Hong Kong contra 19 activistas de oposición, varios de ellos residentes en suelo estadounidense y británico. Las recientes acusaciones se centran en la organización de una votación paralela a las instituciones hongkonesas, con el objetivo de promover una nueva constitución para la región.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la medida como una expresión de “represión transnacional” y enfatizó la protección de la “libertad de expresión” en territorio estadounidense. “Esta Administración siempre defenderá las libertades fundamentales y no tolerará la represión transnacional en suelo estadounidense”, señaló en un comunicado difundido en su perfil en la red social X.

Las autoridades de Hong Kong anunciaron recompensas por información que facilite la detención de 19 activistas con base en el extranjero, acusando al grupo de violar la ley de seguridad nacional impuesta por Beijing. De acuerdo con un comunicado difundido por la policía, los activistas formarían parte de la organización denominada “Hong Kong Parliament”, la cual buscaría la autodeterminación de la región y la creación de una nueva constitución a través de medios calificados como subversivos por las autoridades.

Las órdenes de arresto, solicitadas por la policía y emitidas por un tribunal de la ciudad, van dirigidas a figuras como Elmer Yuen, Johnny Fok, Tony Choi, Victor Ho, Keung Ka-wai y otros 14 activistas. Se les imputa haber organizado o participado en una elección en el extranjero para el llamado Parlamento de Hong Kong, así como crear o integrarse en la citada organización.

Según había comunicado el grupo en una publicación de Facebook el 30 de junio, alrededor de 15.700 personas emitieron votos válidos en la elección, utilizando una aplicación móvil y sistemas de votación en línea. Los candidatos y miembros electos proceden de varias regiones, entre las que figuran Taiwán, Tailandia, Australia, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

La policía comunicó que para cuatro de los activistas, que ya tenían órdenes de arresto previas —Yuen, Ho, Fok y Choi—, se ofrece una recompensa de 1 millón de dólares hongkoneses (unos 127.400 dólares estadounidenses) por información conducente a su captura. En el caso de los otros 15 individuos, la recompensa asciende a 200.000 dólares hongkoneses (25.480 dólares estadounidenses). Las fuerzas de seguridad instaron a la población a aportar información sobre el caso o sobre el paradero de los activistas.

El cuerpo policial ha señalado que la investigación sigue abierta y que podría ofrecer nuevas recompensas para la localización de más sospechosos. Además, instó a los acusados a que “aprovechen la oportunidad para regresar a Hong Kong y entregarse, en vez de incurrir en más errores”.

En una transmisión en directo en Facebook, Yuen reconoció que la elección no logró una participación activa significativa, pero opinó que la acción policial favorecería a la organización en la obtención de apoyo internacional para el movimiento de resistencia. Por su parte, Sasha Gong, otra de las personas objeto de recompensa, calificó a Hong Kong como “un Estado policial”, reiteró que posee la ciudadanía estadounidense y aseveró que informaría de su caso a las autoridades norteamericanas y al poder legislativo.

El Gobierno británico, a través del secretario de Asuntos Exteriores David Lammy y la ministra del Interior Yvette Cooper, declaró que estas órdenes y recompensas representan “otro ejemplo de represión transnacional”, y advirtió sobre el fomento de comportamientos imprudentes en el Reino Unido.

En los últimos dos años, las autoridades de Hong Kong han emitido órdenes de arresto contra varios activistas opositores residentes en el extranjero, incluidos antiguos legisladores prodemocracia como Nathan Law y Ted Hui. Además, han anulado los pasaportes de algunos bajo una ley de seguridad implementada el año pasado.

Las reacciones de gobiernos extranjeros han sido de preocupación ante lo que consideran un deterioro de las libertades civiles y la autonomía descritas en el acuerdo de 1997, cuando Hong Kong regresó al control de China desde el Reino Unido. En respuesta a episodios anteriores, en marzo Estados Unidos sancionó a seis funcionarios chinos y hongkoneses por presunta “represión transnacional” y amenazas contra la autonomía de la ciudad.

Tanto el Gobierno chino como las autoridades de Hong Kong defendieron las leyes de seguridad nacional como medidas necesarias para la estabilidad de la región. Insisten en que la normativa alcanza a residentes permanentes que vulneren la ley desde el extranjero. Beijing comunicó en abril la imposición de sanciones a funcionarios y organizaciones estadounidenses que, según sus declaraciones, han tenido “mal rendimiento” en asuntos relacionados con Hong Kong.

Las decisiones tomadas sobre la legislación y las acciones policiales marcan un nuevo episodio en la disputa internacional sobre las garantías civiles y políticas en la antigua colonia británica, con implicaciones para las relaciones diplomáticas entre China, los países occidentales y la comunidad de activistas global.

(Con información de AP y EP)