El gobernador de Texas firmó una ley que criminaliza y castiga duramente la inmigración ilegal

El gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, firmó la ley SB4, que constituye una de las legislaciones estatales de inmigración más severas en la historia reciente de Estados Unidos. Dicha ley otorga facultades a las autoridades texanas para detener y buscar la deportación de migrantes que se sospecha cruzaron ilegalmente la frontera con México.

El acto de promulgación tuvo lugar el lunes 18 de diciembre de 2023 en Brownsville, una ciudad fronteriza de Texas. La SB4 está programada para entrar en vigor en marzo de 2024, aunque esta fecha podría variar debido a los desafíos legales ya presentados, según confirmó The New York Times.

La ley SB4 concede a las fuerzas de seguridad del estado de Texas la autoridad de detener, arrestar y encarcelar a migrantes bajo nuevos cargos de entrada ilegal a nivel estatal, confirmó The Wall Street Journal. Además, permite que jueces estatales emitan órdenes de deportación de facto contra aquellos que se sospeche han infringido la ley, aunque se desconoce cómo se podría implementar esta disposición.

La nueva legislación representa un esfuerzo sin precedentes por parte del estado de Texas para asumir competencias en materia de inmigración y control fronterizo, ámbitos tradicionalmente manejados a nivel federal por lo que se prevé que la ley provoque un choque legal y político de gran envergadura con grupos de derechos civiles e incluso con la administración del presidente Joe Biden.

El proyecto de ley transformaría la estructura actual, donde la mayoría de las violaciones de migrantes son tratadas como casos civiles, y permitiría a las autoridades estatales sancionar con hasta 180 días de cárcel y multas de hasta 2.000 dólares por ingreso ilegal y hasta 20 años por reingreso ilegal, dependiendo de antecedentes de deportación o condenas previas, según confirmó CBS News.

Además, establece una cláusula que prohíbe la detención de migrantes en determinados lugares, como escuelas, centros de culto y estructuras de salud. Una disposición notable del proyecto contempla que los jueces texanos podrían ordenar a los migrantes sospechosos de estos delitos de ingreso o reingreso ilegal, su retorno a México en lugar de proseguir con su enjuiciamiento.

Incumplir estas órdenes podría resultar en un cargo de delito grave de segundo grado. Sin embargo, queda la incertidumbre sobre cómo Texas ejecutaría estas órdenes de deportación, teniendo en cuenta que solo el gobierno federal cuenta con la infraestructura y acuerdos internacionales para llevar a cabo deportaciones.

Antes de su aprobación, la SB4 ya había generado críticas significativas por parte de legisladores demócratas, el gobierno de México y organizaciones de defensa de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a grupos de derechos civiles en una demanda desafiando la ley.

Esta demanda, presentada en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, acusa al estado de “apoderarse del control sobre la inmigración, que corresponde al gobierno federal, y de privar a las personas sujetas a ese sistema de todos los derechos federales y el debido proceso que el Congreso les proporcionó”. Al ser consultado sobre la SB4, el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, declaró que la ley es “extrema” y “hará que las comunidades en Texas sean menos seguras”, publicó CBS News.

La SB4 también representa el último esfuerzo de Texas para desafiar al presidente Joe Biden y su administración en asuntos de inmigración. Bajo la dirección de Abbott, Texas ha trasladado en autobús a decenas de miles de migrantes hacia ciudades lideradas por demócratas como Chicago y Nueva York.

Además, el republicano ha dado instrucciones a unidades de la Guardia Nacional y a patrullas estatales para repeler migrantes mediante alambres de púas, barreras flotantes y arrestos por invasión de propiedad.