El Supremo de EEUU avaló que una niña trans siga compitiendo en el equipo femenino de atletismo de su escuela

El estado de Virginia Occidental ha vetado el acceso de personas trans a estos equipos. Biden propuso una norma para evitar el veto escolar categórico

Becky Pepper-Jackson

El Tribunal Supremo de EEUU avaló este jueves que una niña trans de 12 años siga compitiendo en el equipo femenino de atletismo de su instituto, en Virginia Occidental, estado que ha vetado el acceso de personas trans a estos equipos.

La mayoría de los jueces del alto tribunal rechazaron la solicitud presentada por el fiscal general de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, para aplicar a la joven Becky Pepper-Jackson la ley aprobada en 2021 que prohíbe la participación de niñas trans en los equipos deportivos femeninos de colegios e institutos.

Solo dos de los nueve jueces, Clarene Thomas y Samuel Alito, quien redactó el fallo que derogó el derecho federal al aborto, disintieron de la opinión mayoritaria y abogaron por vetar la participación de la menor en el equipo.

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Pepper-Jackson, de 12 años, demandó al estado de Virginia Occidental por esta ley poco después que fuera aprobada en 2021 por el Congreso local, de mayoría republicana.

La legislación, criticada por defensores de derechos humanos, establece que la participación de los estudiantes en los equipos deportivos debe respetar “la biología reproductiva y genética al nacer”.

Virginia Occidental forma parte de una veintena de estados de Estados Unidos gobernados por republicanos que han vetado a las estudiantes trans de los equipos femeninos y han restringido el acceso a tratamientos de transición de género para menores de edad.

La federación internacional de atletismo, World Athletics, acordó en marzo que las atletas trans no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales.

El Gobierno de Joe Biden propuso este jueves un reglamento que impediría a escuelas y universidades de Estados Unidos imponer vetos a atletas transgénero, aunque los equipos sí podrían imponer límites en algunos casos.

Virginia Occidental forma parte de una veintena de estados de Estados Unidos gobernados por republicanos que han vetado a las estudiantes trans de los equipos femeninos (REUTERS/Leah Millis)

El Departamento de Educación subrayó que la participación en deportes escolares “es un componente importante de la educación y brinda valiosos beneficios físicos, sociales, académicos y de salud mental” y apuntó que la normativa ofrece un marco para desarrollar criterios de elegibilidad para proteger a los estudiantes de que se les niegue igualdad de oportunidades”.

Bajo la regulación propuesta, no se permitiría que los centros educativos apliquen una política única que prohíba “categóricamente” a los estudiantes transgénero participar en equipos coherentes con su identidad de género”.

La propuesta de Educación facilitaría flexibilidad para desarrollar los criterios que garanticen equidad en la competición o prevenir lesiones relacionadas con los deportes.

Esos requisitos, según su comunicado, deberán tener en cuenta para cada deporte el nivel educativo y de la competición al que se aplican y no pueden basarse en la negativa a alumnos transgénero o en el “deseo de perjudicar” a un estudiante en particular.

Esos criterios, se añadió, también tendrían que minimizar los daños a aquellos cuya oportunidad de participar en un equipo masculino o femenino acorde con su identidad de género se vea limitado o negado.

Una política única para todos, añadió el Ejecutivo, no tiene en cuenta las diferencias entre deportes, niveles educativos y de competición.

Con la normativa propuesta, el Departamento de Educación espera que no haya problemas para que los estudiantes de primaria puedan participar en equipos escolares acorde con su identidad de género, mientras que en los niveles más elevados prevé que criterios relacionados con el sexo permitan lograr equidad en la competición.

La Administración de Biden destacó que impedir que un estudiante participe en un equipo acorde a su identidad de género puede “estigmatizarlo y aislarlo”.

La normativa impulsada queda abierta a la revisión pública durante los próximos 30 días posteriores a su fecha de publicación en el Registro Federal.

(Con información de EFE)

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