El PP, Vox y Junts frenan en el Congreso la ley del PSOE para medir el impacto que tiene cada norma en la juventud

La diputada Pilar Calvo, representante de Junts, manifestó que los jóvenes no solicitan informes, sino casa, trabajo y un futuro, en el marco del debate parlamentario que concluyó con el rechazo de la proposición de ley del PSOE dirigida a evaluar el impacto de las políticas públicas en las personas jóvenes. Esta postura, cuestionando la utilidad de incrementar diagnósticos frente a la necesidad de soluciones concretas, se impuso en la sesión plenaria, donde los votos de PP, Vox y Junts impidieron que avanzara la tramitación de la iniciativa socialista, según consignó el medio El País.

La propuesta del PSOE proponía una reforma a la Ley 27/2022, relativa a la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Según explicó El País, el objetivo principal residía en incorporar el análisis específico del impacto de las normativas sobre las personas jóvenes, además de la implantación en España del llamado Youth Test. Este mecanismo, promovido en el Foro Europeo de la Juventud y ya en marcha en Alemania, Austria e Italia, busca examinar de forma sistemática cómo afectan las diferentes normativas a la juventud y garantizar su participación en el proceso de elaboración y evaluación de políticas.

Durante la defensa parlamentaria del texto, el diputado socialista Víctor Camino argumentó que la creación de instrumentos como el Youth Test supondría una mejora en la calidad democrática, permitiendo que la juventud participara de forma efectiva en el diseño y valoración de las políticas públicas. Según detalló El País, Camino destacó que la implantación de este test permitiría, por ejemplo, verificar cómo la subida del salario mínimo a 1.221 euros o la reforma laboral repercuten en la realidad de los jóvenes. Añadió que la evaluación serviría para abrir procesos de consulta, identificar consecuencias en los colectivos más vulnerables, y hacer públicos los resultados mediante un lenguaje claro y accesible, con la finalidad de combatir la desafección política y la desinformación entre la juventud.

Por el lado de Vox, el rechazo al texto se expresó a través de las palabras de su portavoz, Manuel Mariscal, quien calificó la propuesta socialista como un fraude a los jóvenes. Mariscal sostuvo que la reforma laboral del Ejecutivo había incrementado la precariedad entre la juventud y criticó la regularización extraordinaria de migrantes por considerarla un factor que dificulta el acceso laboral de los jóvenes españoles. Durante su intervención, según publicó El País, Mariscal señaló: “O paro o precariedad. Y si eligen paro no pasa nada, porque los van a reemplazar por jóvenes extranjeros que sí que son capaces de admitir esa precariedad.” Argumentó también que lo necesario es contribuir a las oportunidades de empleo, el acceso a la propiedad y la seguridad para la juventud.

Desde el Partido Popular, la portavoz Beatriz Álvarez también manifestó su oposición a la propuesta del PSOE. Según El País, Álvarez insistió en que España no adolece de falta de diagnósticos, sino de resultados tangibles. Explicó que los salarios reales se han mantenido estancados durante más de una década, mientras que el país registra tasas elevadas de desempleo juvenil y la edad media de emancipación supera los 30 años. Añadió que el precio de la vivienda ha subido más de un 50% desde 2019, hechos que calificó como datos objetivos y no meras percepciones. Para Álvarez, la juventud no aspira a ser convertida en estadísticas, sino a lograr la independencia y estabilidad mediante contratos laborales sólidos y perspectivas de futuro concretas. Advirtió que la iniciativa socialista carecía de capacidad para resolver cuestiones estructurales como el estancamiento salarial o la dificultad para emanciparse que enfrenta su generación. Cuestionó asimismo la inspiración europea de la propuesta, señalando diferencias significativas con la realidad española, en especial en materia de emancipación juvenil y accesibilidad de la vivienda.

El rechazo a la proposición fue igualmente fundamentado por Junts, que puso el foco en la demanda de acciones más directas y menos burocráticas para atender las necesidades de los jóvenes, según recogió El País. La oradora de Junts enfatizó que la juventud espera acciones que influyan directamente en la vida cotidiana, y no el desarrollo de nuevos informes o mecanismos de evaluación sobre su situación.

En contraste, Sumar expresó su respaldo a la iniciativa socialista. El diputado Nahuel González defendió, según informó El País, que la evaluación del impacto en la juventud podría contribuir a un diseño de políticas más informado y específico, evitando legislar sin datos claros sobre sus consecuencias. Sin embargo, reclamó que tales evaluaciones vayan acompañadas de medidas de carácter estructural, especialmente en el acceso a la vivienda, identificada como uno de los mayores problemas que enfrentan hoy los jóvenes españoles. González reprochó al PSOE una falta de valor para adoptar decisiones concretas en este sentido, subrayando la importancia de transformar los diagnósticos en acciones.

Por su parte, el PNV también manifestó su voto favorable, aunque criticó la demora del Gobierno en presentar la reforma, recordando que en mayo de 2024 el Congreso ya había aprobado una proposición no de ley en la Comisión de Juventud e Infancia para evaluar el impacto de las normativas en la juventud. De acuerdo con El País, la diputada vasca Nerea Rentería precisó que Euskadi dispone desde 2022 de una ley de juventud que incluye mecanismos propios de evaluación, mostrando así la experiencia previa de algunas comunidades en este tipo de políticas.

El BNG también consideró útil la evaluación del impacto juvenil, aunque su portavoz, Néstor Rego, subrayó que la efectividad de este análisis depende de la existencia de políticas públicas eficaces en áreas críticas como el empleo, la vivienda o el transporte.

En definitiva, según reportó El País, la principal objeción de los partidos que votaron en contra radica en la preferencia por poner en marcha soluciones directas frente a la juventud, en lugar de crear nuevos sistemas de evaluación que, a su entender, no resuelven los problemas materiales y estructurales que afectan a esta población. Muchos de estos partidos subrayaron las cifras relativas a desempleo, salarios y acceso a la vivienda como evidencia de que el desafío principal es la falta de políticas efectivas antes que la ausencia de diagnósticos.

El debate parlamentario reflejó, como recogió El País, una amplia división sobre los métodos más adecuados para enfrentar las dificultades de los jóvenes españoles. Si bien la propuesta socialista aspiraba a introducir mecanismos europeos de participación y evaluación, la mayoría parlamentaria se decantó por rechazar la medida y apoyar estrategias centradas en la aplicación de soluciones concretas de acceso a empleo, vivienda y mejora de la estabilidad laboral, dejando en suspenso la posibilidad de establecer evaluaciones específicas del impacto normativo en la juventud a través de nuevas leyes.