El debate sobre la prohibición del burka aterriza hoy en el Congreso tras recorrer varias regiones con suerte dispar

Las posiciones del grupo Junts respecto al uso de prendas integrales como el burka o el niqab en espacios públicos continúan sin estar claras en la previa a la votación en el Congreso, pese a que, según recordó Europa Press, esta formación expresó previamente su rechazo a estas prendas, pero también se opuso a apoyar mociones que consideraban generaban hostilidad o discriminación. Esto refleja la complejidad del debate que llega al Pleno del Congreso, donde este martes se someterá a votación la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica propuesta por Vox para prohibir el uso del velo integral en ámbitos públicos en España. Esta iniciativa ha reavivado la discusión sobre los límites entre la libertad religiosa, la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana.

De acuerdo con Europa Press, la iniciativa de Vox establece en un artículo único la prohibición de utilizar "los velos denominados nicab y burka" en todo espacio público o en lugares privados con proyección pública. El proyecto, además, introduce sanciones tanto para quienes usen estas prendas como para quienes las impongan a otras personas. El Partido Popular, por medio de su portavoz Ester Muñoz, anunció su respaldo a la propuesta para promover el debate en la Cámara Baja, alineándose con los argumentos esgrimidos previamente por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien ya en agosto de 2025 se manifestó a favor de vetar el uso de niqab y burka en espacios públicos, mientras que se pronunció en contra de extender esa restricción al hiyab o pañuelo islámico.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, defendió que "no queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España", explicitando además la voluntad del grupo de extender las limitaciones al hiyab en contextos educativos. En su encuentro con la prensa, Fúster preguntó: "Es sentido común. No podemos admitir eso en una aula, por ejemplo. Una niña. ¿Qué espanto es este?", para ilustrar su posición sobre el veto en centros escolares. Las declaraciones de Fúster también incluyeron su preocupación porque, en sus palabras, "no queremos que el islamismo se abra paso por las calles de España".

Por parte del Partido Popular, la vicesecretaria de Política Social, Carmen Fúnez, se refirió a la cuestión de las diferencias de enfoque dentro del feminismo en torno al uso del burka y el niqab. Fúnez manifestó que desde su perspectiva defienden "ese feminismo que respeta la dignidad de la mujer, que lucha contra la violencia machista", en respuesta a postulados que, a su juicio, asocian símbolos como el burka a una defensa del feminismo que no comparten.

Según detalló Europa Press, el debate llega al Parlamento nacional tras diversas iniciativas en parlamentos autonómicos y ayuntamientos en los últimos meses, con resultados disímiles. En febrero, el Parlamento balear aprobó una proposición no de ley impulsada por el PP, con el apoyo de Vox, para instar al Gobierno nacional a prohibir las prendas integrales en espacios públicos. La iniciativa fue defendida por la diputada popular Cristina Gil, que subrayó la importancia de evitar que existan mujeres "obligadas a cubrirse de los pies a la cabeza". El PP también registró propuestas similares en el Consell de Menorca y en otros ayuntamientos de Baleares, sumando presión para un pronunciamiento a nivel estatal.

La moción balear explicita que "el velo islámico integral constituye una forma de opresión y de sometimiento que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres". En contraste, el intento de Vox en el Ayuntamiento de Gijón la semana anterior, que buscaba regular la entrada a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, no prosperó. Experiencias similares se documentaron en Murcia y Madrid. Virginia Martínez, diputada de Vox, se presentó en la Asamblea Regional vistiendo un niqab negro como acto simbólico durante la defensa de su propuesta en Murcia, aunque tampoco consiguió respaldo suficiente para avanzar.

En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en palabras recogidas por Europa Press, se distanció de la idea de prohibir el velo islámico en todos los espacios públicos y colegios, diferenciando entre prendas de cobertura integral como el burka y accesorios como el hiyab. Ayuso argumentó que en una sociedad donde cada persona decide cómo vestirse, no corresponde prohibir el acceso a clase de una estudiante por llevar velo, aunque señaló que la ocultación total del rostro puede suponer problemas de seguridad.

El proyecto de Vox y la discusión que suscita se enmarca en un contexto de interpretaciones diversas sobre los efectos de estas prendas en derechos individuales y seguridad, así como en la visión del feminismo que respaldan distintos sectores. Europa Press consignó que algunos sectores rechazan frontalmente toda manifestación de velo por asociarla a opresión, mientras otros advierten del riesgo de restringir libertades fundamentales.

En el caso de Cataluña, en mayo del año pasado el Parlamento regional descartó instar al Govern a establecer una prohibición sobre el uso de cualquier velo islámico, englobando desde el burka hasta el hiyab, el niqab, el burkini, la xaila, el khimar y el chador en espacios públicos y centros educativos. Una moción similar, en este caso presentada por Aliança Catalana (AC), no recibió apoyo ni de Junts ni de otros partidos, quienes, según informó Europa Press, argumentaron que el texto promovía "catalanofobia" y una perspectiva de odio. Pese a la oposición a los velos integrales y al uso de cualquier prenda de este tipo por menores de 16 años en entornos escolares o actividades extraescolares, Junts se abstuvo de respaldar una redacción que consideraban excluyente.

Mientras tanto, la proximidad del Día Internacional de la Mujer potencia la atención sobre esta discusión legislativa. El Movimiento Feminista de Madrid anunció su manifestación destacando el lema “Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas”, lo que introduce una dimensión adicional sobre la percepción de la vestimenta como expresión —o imposición— en el marco de los derechos de las mujeres, tal como relató Europa Press.

En el ámbito de referencia islámica, de acuerdo con la misma agencia, existen diferencias importantes entre las prendas: el hiyab cubre solo el cabello, el niqab cubre el pelo y el rostro dejando los ojos al descubierto, y el burka cubre todo el cuerpo incluido el rostro, que permanece tras una malla de tela. Esta distinción se convierte en un elemento central tanto en el debate social como en los argumentos políticos sobre los límites de una futura regulación estatal o autonómica.

José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, manifestó su satisfacción porque el PP “vaya a votar que sí” a la proposición de ley, pero criticó las contradicciones de ese partido por rechazar o abstenerse ante iniciativas similares en algunas autonomías como Madrid, Murcia, La Rioja y Cataluña, según detalló Europa Press. El avance o retroceso de esta propuesta de ley dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso, en un contexto donde la formación popular ha dejado clara su preferencia por centrar la prohibición en prendas que impidan la identificación completa y supongan, a su entender, una forma de opresión.

El foco sobre Junts se mantiene debido a que, pese a su tradicional oposición a los velos integrales, el grupo se ha mostrado reticente a aprobar textos que, según argumenta, puedan fomentar discursos discriminatorios o de odio. La posición definitiva de la formación se mostrará en el momento de la votación, lo que puede influir en el desarrollo de la iniciativa planteada por Vox y apoyada por el PP.

Europe Press resaltó que el contexto legislativo sobre el uso del burka y niqab ya ha sido objeto de análisis en otras regiones españolas y en el ámbito municipal, con el PP activando pronunciamientos en distintas instancias para ampliar la discusión. Las críticas al modelo propuesto por Vox también incluyen la preocupación por su posible impacto en colectivos religiosos y el respeto al derecho a la propia identidad cultural y de fe dentro de los espacios públicos y educativos.

El desenlace de esta proposición de ley ocurre a pocos días de una cita clave en la agenda de los movimientos feministas y bajo la atenta mirada de organizaciones sociales, partidos y comunidades religiosas, que observan en este debate un dilema entre la protección de las libertades individuales, la igualdad y la convivencia plural en el país, según destaca Europa Press.