Dos técnicos de Protección Civil reiteran a la jueza de la dana que no conocieron la desmovilización de bomberos en Poyo

Durante su intervención ante la jueza encargada de investigar los hechos ocurridos durante la gota fría del 29 de octubre de 2024, uno de los técnicos de Protección Civil recordó que a las 23:00 horas la jefa de Servicio le informó sobre la inminente activación del protocolo para incidentes con múltiples víctimas. Según precisó, en la segunda solicitud para movilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya figuraba la casilla de fallecidos señalada. Esta declaración se produjo en la segunda comparecencia judicial en Catarroja de dos técnicos de Protección Civil, quienes subrayaron que no tuvieron conocimiento de la retirada de los bomberos forestales en el barranco del Poyo el día que la riada provocó la muerte de 230 personas en la provincia de Valencia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, estos dos técnicos acudieron nuevamente al juzgado de Catarroja, donde se instruye la investigación por la gestión de la emergencia. En el proceso figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su anterior número dos, Emilio Argüeso. El foco de la audiencia se centró en esclarecer qué conocimiento tenían los responsables de Protección Civil respecto a la presencia o ausencia de bomberos forestales en una de las zonas más afectadas por la riada.

Según relató el primer técnico durante su testimonio, al incorporarse a su turno por la tarde, alrededor de las 14:30, ya observaba una situación que describió como muy complicada. El relevo con su compañera incluyó la transmisión de información sobre alertas hidrológicas activas y la declaración de la “situación 1” en la comarca de Utiel-Requena. Poco después, según detalló, se avanzó a la “situación 2”. El testigo añadió que durante los primeros compases de su turno, el alcalde de Utiel lo contactó para advertirle de una situación especialmente crítica, indicando carencia de recursos y la necesidad de movilizar a la UME. Trasladó esta información a Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, y, a partir de ese momento, comenzó el proceso de despliegue de la unidad militar.

Al ser preguntado por el movimiento de bomberos forestales en el barranco del Poyo, el técnico manifestó que no tenía constancia de esas acciones y matizó que en la Sala durante esa tarde reinó una tensión considerable debido al volumen de emergencias concurrentes. Según recogió el medio, indicó que cada operador se ocupaba de responder según sus posibilidades y que las instrucciones las emitía Suárez. Recalcó que no tenía recuerdo de que ninguna persona hubiese anunciado en la Sala un desbordamiento en la zona de Poyo, factor que complicaba el flujo de información.

Según lo reconstruido por el medio, otro punto relevante de la comparecencia fue la gestión de los mensajes Es Alert dirigidos a la población. El técnico explicó que la alerta a la ciudadanía, emitida a las 20:11, respondió inicialmente a la preocupación por la situación en Forata. Sin embargo, más adelante se concluyó que la gravedad era menor de lo previsto, y por ello se emitió el mensaje finalmente enviado.

La segunda técnica de Protección Civil presente en la comparecencia cubría el turno de mañana y corroboró no haber tenido conocimiento de la desmovilización de los bomberos forestales en el barranco del Poyo. Indicó que ella realizó la solicitud de movilización al Consorcio aproximadamente a las 13:15 y además procuró confirmación de dicha movilización. Según sus palabras, “la dirección del plan sabían que los bomberos estaban movilizados”, en referencia a los responsables de gestión de la emergencia, tal como consignó el medio citado.

Además, la técnica expuso que desde su punto de vista, el procedimiento correcto hubiese requerido que cualquier decisión de retirar a los bomberos forestales tras una petición originada por el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) se consultara previamente con esa instancia. Subrayó que aunque el Consorcio poseía formalmente la competencia administrativa para movilizar o retirar a los efectivos, al haber recaído la petición inicial en el CCE correspondía al Consorcio notificar o consultar antes de proceder. En sus palabras, “está claro que tiene la competencia para movilizar o desmovilizar, pero como la petición se hizo desde el CCE, tendrían que haberlo consultado”.

Durante sus declaraciones recogidas por el medio, ambos técnicos hicieron hincapié en el colapso operativo que sufrieron la tarde de la catástrofe, describiendo una carga de trabajo imposible de abarcar y una situación desbordada durante las comunicaciones y las tareas de coordinación. El testimonio de ambos refuerza la importancia de la coordinación interinstitucional en situaciones de emergencia extrema, aspecto que figura como eje central en la investigación que instruye la jueza a cargo de este caso por una de las peores tragedias originadas por fenómenos meteorológicos recientes en la Comunidad Valenciana.