La Constitución de 1978 se prepara para superar la de Cánovas y convertirse en la más duradera de la Historia

En febrero de 2026, la Constitución española de 1978 alcanzará 17.239 días de vigencia, igualando el récord que sostenía la Constitución de 1876, promulgada bajo el liderazgo de Antonio Cánovas del Castillo. Esta cifra marca un punto de inflexión en la historia constitucional de España, al superar la duración de todas las anteriores cartas magnas y consolidarse como la ley fundamental activa más longeva del país. Según consignó el medio, el Congreso y el Senado han programado un acto solemne presidido por el rey Felipe VI para conmemorar este hito, con la asistencia de parlamentarios actuales y personas que desempeñaron funciones clave en la elaboración de la norma refrendada por la ciudadanía en 1978. El evento se llevará a cabo el próximo martes, con la intención de reconocer la estabilidad institucional que el texto vigente ha otorgado a lo largo de las últimas décadas.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el texto constitucional que entró en vigor el 29 de diciembre de 1978 ha atravesado casi medio siglo absorbiendo desafíos políticos, económicos y sociales. Entre esos desafíos se destacan un golpe de Estado, intentos de secesión y cambios profundos en la sociedad española, sin que haya sido necesario sustituirla. La Constitución de 1978 ha permitido la alternancia política y el desarrollo del Estado de Derecho, manteniendo su estructura mediante solo tres reformas puntuales: una en 1992 para autorizar el sufragio de ciudadanos europeos residentes en España, otra en 2011 para incluir el principio de estabilidad presupuestaria, y una más en 2024 para actualizar el lenguaje relativo a la discapacidad.

El análisis de la trayectoria constitucional española, según publicó el medio, revela que la historia política del país se caracteriza por la inestabilidad y la brevedad de las leyes fundamentales. Desde los inicios del siglo XIX, España ha presentado nueve constituciones, la mayoría con existencia limitada debido a factores como golpes de Estado, regímenes dictatoriales o consensos políticos efímeros. El primer texto con aspiración de carta magna, el Estatuto de Bayona de 1808, surgió en un contexto de ocupación francesa y careció de legitimidad, ya que fue impuesto por José Bonaparte y subordinaba los derechos a la voluntad del monarca. De acuerdo con el medio, su falta de aceptación y la Guerra de la Independencia provocaron que el texto apenas tuviera vigencia nominal.

Tras ese episodio, la Constitución de Cádiz de 1812 significó el nacimiento del constitucionalismo en España al introducir conceptos como la igualdad ante la ley y la división de poderes. Apodada ‘la Pepa’ por la fecha de su aprobación, el 19 de marzo, tuvo tres periodos discontinuos de vigencia que suman cerca de seis años, según detalló el medio. La oposición de Fernando VII y sectores absolutistas forzó la suspensión de su aplicación.

Durante la primera mitad del siglo XIX, la búsqueda de equilibrios entre tendencias progresistas y moderadas se reflejó en la Constitución de 1837. Este texto, surgido tras la muerte del monarca Fernando VII y bajo la regencia de María Cristina, procuró compatibilizar derechos individuales y estabilidad institucional. Sin embargo, su vigencia solo alcanzó los ocho años, terminando con la implantación de una constitución de carácter más restrictivo en 1845, la cual priorizaba el poder de la Corona y la centralización administrativa, limitando el sufragio y las atribuciones parlamentarias. A raíz de la revolución europea de 1848, el gobierno español suspendió las garantías constitucionales para detener el avance del movimiento revolucionario, tal como consignó el medio.

El escenario volvió a alterarse en los años 50 del siglo XIX, con el fallido intento de aprobar una constitución en 1852 que buscaba complacer a los sectores carlistas, pero que no logró respaldo político. Durante el bienio progresista (1854-1856), se elaboró otra propuesta constitucional que incorporaba la tolerancia religiosa y extendía los derechos políticos, aunque una contrarrevolución liderada por Leopoldo O'Donnell impidió su promulgación.

El texto de 1869, aprobado tras la revolución conocida como la Gloriosa y el inicio del llamado Sexenio Democrático, introdujo el sufragio universal masculino y una amplia protección de las libertades civiles, pero solo pudo sostenerse durante cuatro años debido a las disputas políticas y la caída de la Primera República. Otro intento de establecer una carta magna durante ese periodo apuntaba a un modelo federal, pero no llegó a materializarse por los cambios de régimen y la sucesión de monarcas.

La restauración borbónica trajo consigo la Constitución de 1876, que implantó el turno alterno de partidos liberales y conservadores y que estuvo en vigor hasta el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. El periodo dictatorial posterior contempló un proyecto de Estatuto Fundamental para la Monarquía, que tampoco se promulgó por las objeciones del propio Miguel Primo de Rivera respecto a los poderes concedidos al monarca.

Con la proclamación de la Segunda República en 1931, España adoptó una constitución que transformó radicalmente las bases del Estado, instaurando una república democrática, laica y social. Este texto constitucional impulsó la igualdad jurídica, la reforma educativa y avanzó los derechos laborales, aunque enfrentó una fuerte oposición por parte de grupos conservadores, militares y la jerarquía eclesiástica. Su vigencia llegó a ocho años, truncada por el golpe de Estado de Francisco Franco, la Guerra Civil y la implantación del régimen franquista.

El proceso de transición que culminó en la Constitución de 1978 surgió tras la muerte de Franco y estuvo impulsado por el rey Juan Carlos I y los principales partidos políticos que buscaban consensos. Según reportó el medio, este texto instituye la monarquía parlamentaria, reconoce amplios derechos fundamentales y consagra el modelo descentralizado del Estado. Aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un respaldo del 88,54% de los votos, la actual constitución ha incorporado mecanismos de reforma para facilitar ajustes sin recurrir a su derogación.

En comparación con los antecedentes históricos, el actual marco constitucional rompe una dinámica de cambios constantes y periodos prolongados sin ley fundamental. Por primera vez, una constitución refrendada popularmente ha asegurado la continuidad institucional tras superar crisis importantes dentro del país. Según detalló el medio, a lo largo de más de cuatro décadas solo se han realizado tres modificaciones de carácter puntual, prueba de su capacidad para adaptarse a los desafíos del contexto nacional e internacional.

La celebración que organiza el Congreso y el Senado marca un reconocimiento a estos casi cincuenta años de vigencia, con la presencia del rey Felipe VI y figuras destacadas que participaron en la redacción y aprobación de la Carta Magna de 1978. El acto se produce en un contexto en que la estabilidad constitucional ha sido un factor central en el desarrollo del Estado de Derecho, la convivencia democrática y la alternancia regular entre actores políticos diversos.