El TJUE ve desproporcionado exigir a profesores de escuelas privadas certificado de su dominio de la lengua del país

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado que la obligatoriedad de presentar un certificado oficial de idioma emitido por la Agencia Nacional de Educación de Lituania puede ir más allá de lo necesario para cumplir los fines legítimos de promoción y defensa del idioma oficial. Según la agencia Europa Press, la corte europea, con sede en Luxemburgo, analizó este requisito después de recibir una consulta de la justicia lituana sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario, en particular en lo que atañe a la libertad de establecimiento de la Unión Europea.

De acuerdo con Europa Press, las autoridades lituanas exigen a los docentes de escuelas privadas que acrediten oficialmente, a través de pruebas lingüísticas organizadas únicamente en territorio nacional, su dominio del lituano. Además, los propios centros educativos deben corroborar que su personal cumple estas condiciones antes de permitirles desempeñar funciones. El TJUE concluyó que la aplicación del requisito, sin permitir ninguna excepción ni flexibilidad, representa una restricción a la libertad de establecimiento que garantiza la normativa comunitaria.

El medio Europa Press detalló que la sentencia surge luego de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal lituano respecto de la adecuación de las regulaciones nacionales según los estándares europeos. El TJUE enfatizó que, aunque el objetivo de reforzar la posición del idioma oficial de Lituania se ajusta a los principios y valores reconocidos por la Unión Europea, el mecanismo diseñado por la legislación nacional puede resultar excesivo para alcanzar ese fin legítimo, afectando la posibilidad de crear y gestionar centros educativos que propongan programas en idiomas distintos al lituano.

Según reportó Europa Press, la sentencia advierte que los nacionales de otros Estados miembro enfrentarían mayores trabas si desean establecer centros educativos en Lituania, debido a la exigencia del certificado expedido por la Agencia Nacional de Educación, lo que podría desincentivar su establecimiento o explotación en el país báltico. Por otro lado, la resolución judicial reconoce que resulta razonable fomentar el uso del lituano en las interacciones entre profesores, alumnos y familiares, pero cuestiona la ausencia total de medidas de adaptación, sobre todo dado que la norma impone el certificado desde el inicio de las funciones del docente, sin importar la duración de su contrato.

Europa Press consignó que el TJUE considera que esta generalización del requisito, y el modo en que se prueba el dominio del idioma, parecen desproporcionados ante los objetivos planteados, aunque la decisión final corresponde al tribunal nacional lituano al revisar las circunstancias específicas del caso.

El pronunciamiento del TJUE implica que Lituania deberá revisar si sus condiciones para la acreditación lingüística de profesores en centros educativos privados resultan equilibradas y compatibles con la libertad de establecimiento dentro de la Unión Europea. El ordenamiento europeo protege que ciudadanos y entidades de otros Estados miembros puedan establecerse y desarrollar actividades en cualquiera de los países que lo integran sin cargas indebidas. El dictamen de la corte se convierte en orientación crucial para el país báltico y posibles situaciones similares en otros Estados miembros.

El alto tribunal europeo, según publicó Europa Press, remarcó que la exigencia de certificado como condición sine qua non para ejercer, y sin posibilidad de flexibilizar el acceso, no se ajusta de manera exacta a los objetivos regulatorios que la propia legislación proclama defender y promover. El tribunal nacional en Lituania deberá ahora sopesar estos argumentos y garantizar que la normativa nacional no represente un obstáculo injustificado al principio de libertad de establecimiento consagrado en la legislación de la Unión Europea.