El Supremo escucha este jueves las alegaciones de Ábalos, Koldo y Aldama antes del juicio de las mascarillas

El máximo tribunal español dará inicio a la fase previa del juicio sobre contratos durante la crisis sanitaria, donde los implicados, trasladados expresamente desde prisión, presentarán sus defensas ante el juez tras rechazar seguir la sesión por videoconferencia

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El cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal marcará la jornada de este jueves en el Tribunal Supremo, donde tanto los acusados privados de libertad como sus defensas comparecerán presencialmente a pesar de haber solicitado participar por videoconferencia alegando motivos de salud. Según informó el medio original, la Secretaría del tribunal comunicó su negativa a esta petición mediante una providencia, confirmando así la obligación de trasladar desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García. Ambos están internos bajo prisión provisional desde el 27 de noviembre.

Tal como publicó el medio original, el Tribunal Supremo convocó esta audiencia preliminar, que antecede al juicio principal sobre la compra de mascarillas en pandemia, para escuchar las alegaciones tanto de Ábalos y Koldo como del tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama. De acuerdo con lo estipulado en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la asistencia de los acusados y sus abogados en esta fase previa resulta imprescindible. Los abogados de los implicados han defendido repetidamente la inocencia de sus representados y, a lo largo del proceso, han exigido la puesta en libertad de los mismos.

Según consignó el medio fuente, esta vista previa permite a las partes exponer distintos argumentos ante el tribunal antes de la celebración del juicio. Entre los aspectos que podrán alegar figuran la competencia del órgano judicial, posibles vulneraciones de derechos fundamentales, la petición de nulidad de actuaciones, la suspensión del juicio oral o la presentación de pruebas cuya existencia no se conocía en el momento de la acusación o defensa. Además, las partes tienen la oportunidad de solicitar la incorporación de informes, documentos o nuevas certificaciones que consideren esenciales para la causa.

El procedimiento establece que tras la celebración de la audiencia, el juez o tribunal examinará las pruebas propuestas por cada parte. La resolución podrá ser comunicada oralmente en la propia sesión, aunque, si la complejidad de los temas así lo requiere, la respuesta se ofrecerá posteriormente y por escrito. Todo este proceso constituye una etapa fundamental anterior al juicio oral, cuya finalidad es aclarar cuestiones procesales y delimitar los objetos de prueba válidos para la vista principal.

Respecto a las peticiones de pena, la Fiscalía solicitó 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete años para el empresario Víctor de Aldama. Según detalló el medio fuente, este último encara una petición menor de condena por parte del Ministerio Público debido a que reconoció los delitos que se le atribuyen. No obstante, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, incrementaron su petición hasta 30 años de prisión para ambos funcionarios, la misma cifra que reclaman para el empresario en concordancia con la Fiscalía.

El medio original explicó que esta etapa procesal, recogida en la normativa penal española, busca garantizar que todos los implicados dispongan de las máximas garantías de defensa antes de que comience el juicio propiamente dicho. La convocatoria de esta audiencia preliminar resulta de carácter obligatorio, especialmente cuando los acusados se encuentran internados preventivamente; en estos supuestos, el traslado desde el centro penitenciario resulta imprescindible si no existen razones suficientemente fundadas para justificar la ausencia física.

Durante la sesión, serán los abogados los encargados de desarrollar la defensa de sus representados, aunque los acusados estarán presentes en la sala como estipula la norma. De acuerdo con la fuente, no se contemplan intervenciones directas de los acusados salvo requerimiento expreso por el juez o el tribunal. La defensa considera que la situación de prisión provisional debería ser revisada debido a la evolución de la causa y las circunstancias personales de los implicados, aunque hasta la fecha tales peticiones continúan siendo desestimadas.

El proceso judicial examina la gestión de contratos públicos para la adquisición de mascarillas durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, un contexto que, según reportó el medio, ha elevado la atención sobre las prácticas de contratación bajo condiciones excepcionales. Las alegaciones presentadas en la audiencia se referirán tanto a la legitimidad de las actuaciones previas como a la pertinencia de las pruebas que cada parte pretende presentar en el futuro juicio oral.

De acuerdo con la información publicada, otro de los asuntos a tratar se refiere a la posible suspensión del juicio por motivos de procedimiento o por la existencia de alguna circunstancia extraordinaria que impida su desarrollo normal. La audiencia preliminar permite ventilar, además, cualquier cuestionamiento sobre la competencia del tribunal, la validez de algunas pruebas propuestas anteriormente o la petición de nulidad de actuaciones específicas que hayan podido afectar el derecho de defensa de los acusados.

Tras la exposición de las partes, el tribunal evaluará cada petición y decidirá qué pruebas serán admitidas en el juicio, descartando aquellas que no resulten pertinentes para los hechos investigados. El resultado de esta audiencia influirá de manera directa en la estructura y el contenido del juicio principal, que abordará las presuntas irregularidades en torno a la compra de material sanitario durante la crisis.

Las expectativas en torno a la comparecencia de los implicados ante el Tribunal Supremo concentran la atención de los diferentes actores políticos y jurídicos, debido al peso institucional de los acusados y la implicación de altas sumas de dinero público. De esta manera, la fase previa del juicio representa una oportunidad clave para que cada defensa argumente la posición de sus representados y anticipe las líneas maestras que desarrollará durante el juicio oral, según concluye el medio fuente.