Sindicatos de Policía rechazan la regularización de migrantes: "Es por cálculo político y pone en riesgo la seguridad"

Jupol, sindicato policial, ha alertado del posible colapso de las unidades de Extranjería y de los riesgos para el funcionamiento operativo derivados de la tramitación masiva de solicitudes de autorización de residencia. Según informó el medio Europa Press, en un comunicado este colectivo expuso su inquietud porque la gestión de los expedientes, la revisión de situaciones administrativas, las verificaciones de identidad y el cumplimiento de los requisitos legales recae sobre oficinas que, según indicaron, ya presentan signos de saturación en la mayor parte del territorio nacional. En este contexto, la medida de regularización extraordinaria de migrantes en España, acordada entre el PSOE y Podemos, ha generado rechazo con argumentos centrados en una sobrecarga de trabajo para las fuerzas policiales y en riesgos para la seguridad.

De acuerdo con Europa Press, sindicatos como el SUP han señalado que la regularización planteada representa una carga adicional para la Policía Nacional, intensificando la presión en fronteras y servicios administrativos que enfrentan ya situaciones de saturación. “Es una regularización masiva sin medios, responde a un cálculo político y pone en riesgo la seguridad”, comunicó el Sindicato Unificado de Policía, según la información difundida. El SUP criticó que toda la responsabilidad se traslade a la Policía sin facilitar recursos adicionales ni refuerzos.

El posible beneficio para las mafias de tráfico y trata de personas ha sido otro de los ejes destacados en la reacción sindical. Según publicó Europa Press, tanto el SUP como Jupol han insistido en que medidas de regularización masiva sin refuerzo policial actúan en la práctica como “un balón de oxígeno” para las redes dedicadas a actividades ilegales, que podrían aprovechar el contexto para intensificar sus operaciones. El SUP remarcó esta preocupación en los comunicados hechos públicos tras el anuncio, y extendió su denuncia al “abandono institucional” que, a su criterio, sufre la Policía cuando se enfrenta a cambios normativos de gran envergadura sin recursos adicionales.

El asunto de los antecedentes penales y el control de identidades motivó advertencias adicionales. Jupol, citado por Europa Press, expuso que la exigencia de no poseer antecedentes penales firmes puede no garantizar el filtro eficaz de personas con trayectorias delictivas, ya que quienes hayan sido detenidos por delitos graves recientemente pueden no figurar en los registros por los plazos judiciales, que en ocasiones se prolongan durante meses o años. Este colectivo manifestó su temor a que la regularización extraordinaria pueda tener efectos inmediatos en el flujo de entradas de migrantes indocumentados, por actuar como un incentivo directo.

El SUP también hizo referencia al “efecto llamada” generado por este tipo de anuncios, advirtiendo sobre un posible incremento inmediato en las llegadas irregulares y cuestionando el carácter “absolutamente irresponsable” del acuerdo para regularizar, según Europa Press, a hasta medio millón de personas residentes en España, cifra adelantada el lunes por la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

La reacción sindical también incluyó reproches a las acusaciones de “racismo institucional” dirigidas desde Podemos. El SUP, citado por Europa Press, reclamó a la formación política responsabilidad en sus declaraciones, y reiteró que la medida, en su perspectiva, beneficia principalmente a las mafias que operan en la frontera y en el territorio nacional.

Otro sindicato policial, la Confederación Española de Policía (CEP), declaró que la regularización masiva rompe con dos décadas de consenso sobre la política migratoria en el país. Según detalló Europa Press, la CEP sostuvo que la decisión del Gobierno implica una modificación que impactará negativamente en los esfuerzos contra las mafias de tráfico y trata de seres humanos, además de situar a España en una posición disonante respecto a la estrategia encabezada por la Unión Europea en esta materia.

El CEP vinculó la medida a necesidades políticas del Ejecutivo, en referencia a lo que definieron como el intento de restaurar apoyos parlamentarios por parte del gabinete de Pedro Sánchez. Según Europa Press, en la valoración de este sindicato se advierte que la medida distancia a España del enfoque europeo tradicional, que privilegia el orden, la previsibilidad y la solidez en el control de los flujos migratorios, así como la resistencia ante cualquier mensaje que pueda interpretarse como una invitación a nuevas llegadas de migrantes “por efecto llamada”.

Por último, CEP remarcó que las oportunidades que ofrecen los países de acogida influyen directamente en la elección de rutas de llegada a Europa, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Advirtió que flexibilizar los criterios puede incentivar el volumen de personas que buscan permanecer de manera permanente en suelo europeo y concluyó que la reforma proyectada perjudica gravemente la lucha policial contra las organizaciones dedicadas a la inmigración irregular y la explotación a través de la trata.