El juez de la AN deja en libertad con cautelares a Leire Díez, al expresidente de la SEPI y al socio de Cerdán

En la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos públicos, fuentes del caso citadas por Europa Press estiman que la cifra de investigados supera la docena, entre los que se encuentra el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Dentro de este contexto, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña determinó este sábado la libertad provisional para Leire Díez, exmilitante del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y Antxon Alonso, empresario y socio de Santos Cerdán, imponiéndoles varias restricciones tras su paso por la Audiencia Nacional como parte del proceso dirigido por la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con la información obtenida por Europa Press, el magistrado Piña adoptó como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecencias quincenales en sede judicial para los tres acusados. Estas restricciones responden a la solicitud de la fiscal de Anticorrupción, Elisa Lamelas, y al no existir, en este momento, ninguna otra parte en la causa, la opción de prisión preventiva quedó descartada. Los tres abandonaron las instalaciones de la Audiencia Nacional a las 13:42, después de haber llegado en un furgón policial a las 8:30 y prestar declaración a partir de las 10:00.

Según detalló Europa Press, sus detenciones se llevaron a cabo el miércoles anterior, por parte de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras órdenes directas del juez instructor. Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario mientras avanzan las pesquisas por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Intervenciones autorizadas por el juzgado incluyeron registros y solicitudes de documentación en diversas ciudades —Madrid, Sevilla y Zaragoza— en sedes relacionadas con empresas vinculadas a Servinabar, la sociedad que, según la UCO, tendría conexión con Cerdán.

Durante los procedimientos, los agentes acudieron a las oficinas de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como a entidades como SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para recabar información. También solicitan documentación de Correos y de dos ministerios: Hacienda y Transición Ecológica. Desde este último organismo confirmaron la entrega de dos expedientes administrativos requeridos, asegurando que la gestión de estos se llevó a cabo conforme a los protocolos habituales y en completa colaboración.

Europa Press informó que en el marco de la causa, además de los tres principales investigados que comparecieron ante la Audiencia Nacional, existe otra investigación específica sobre Leire Díez. Esta se desarrolla en el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, donde se la vincula a posibles delitos de tráfico de influencias y cohecho. El titular del juzgado, Arturo Zamarriego, argumenta que la exconcejal habría liderado una actuación continuada y coordinada dirigida a conseguir datos sensibles o irregulares con el objetivo de afectar o entorpecer investigaciones relevantes en torno a políticos y empresarios. Se señala que Díez pudo haber ofrecido favores a cambio de información sobre integrantes de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.

Díez aportó en noviembre información en sede judicial describiendo su trayectoria profesional. Informó que ingresó en Enusa en 2018 y en 2021 solicitó excedencia para asumir el cargo de jefa de Relaciones Institucionales en Correos, ambas pertenecientes a la SEPI. Sobre su relación con Santos Cerdán, declaró que sus dos encuentros con él tuvieron carácter profesional periodístico y negó vínculo orgánico o favores ofrecidos.

En lo relativo al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, el medio destaca que ocupó ese puesto desde junio de 2018 hasta su dimisión en octubre de 2019, motivada por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', del que resultó absuelto este año. Documentación fiscal aportada en el 'caso Koldo', remitida al Tribunal Supremo por la Hacienda Foral de Navarra sobre los movimientos de Servinabar, recoge que Fernández percibió 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023 de dicha empresa, con una retención adicional de 40.800 euros en 2022.

El empresario Antxon Alonso, administrador único de Servinabar e investigado también en el Tribunal Supremo por su posible implicación en amaños de obra pública dentro del 'caso Koldo', declaró ante el juez Leopoldo Puente el pasado 8 de julio. Allí, negó haber pagado comisiones ilegales a cambio de contratos y desvinculó a Cerdán de la empresa. Sí admitió pagos previos a Koldo García, relacionados con servicios de intermediación en proyectos privados anteriores a 2017. El empresario remarcó ante la autoridad judicial que siempre fue el único socio de Servinabar, atribuyendo el contrato privado hallado por la Guardia Civil, que documenta la venta a Cerdán de 1.350 participaciones (un 45% de la sociedad) por 6.000 euros, a una falta de validez legal. Servinabar gestionó adjudicaciones del Gobierno navarro por más de 75 millones de euros.

Las acciones realizadas en la investigación incluyen registros en empresas y entidades públicas, así como el requerimiento de documentación en administraciones y compañías estatales, para reunir pruebas sobre la operativa presuntamente delictiva en contratos públicos. La investigación liderada por la Fiscalía Anticorrupción permanece en curso, con actuaciones bajo secreto para determinar posibles responsabilidades en torno a las personas físicas y empresas implicadas en los hechos, describió Europa Press.